La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificó la ampliación de la imputación contra el lonko mapuche Facundo Jones Huala y extendió su prisión preventiva por 90 días más, fijando su vigencia hasta el próximo 30 de agosto. El lonko mapuche se encuentra en huelga de hambre seca desde el 15 de junio.
Según información oficial publicada en fiscales.gob.ar, el tribunal de revisión respaldó lo dictaminado previamente por el juez federal de garantías de Bariloche, Gustavo Zapata. En el caso interviene la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, liderada de forma interina por el fiscal general Oscar Arrigo, con la colaboración de la fiscal coadyuvante Ángela Pagano Mata y el auxiliar fiscal Juan Cruz Ohet.
Los argumentos y las nuevas acusaciones
Los jueces de revisión, Richar Gallego y Mariano Lozano, sostuvieron que la extensión de la medida cautelar es plenamente proporcional. Argumentaron que persisten los riesgos procesales acreditados desde el inicio de la causa y destacaron la gravedad de la pena en expectativa. Asimismo, el tribunal advirtió que, debido a los antecedentes penales del imputado, una eventual condena sería de cumplimiento efectivo. La prisión preventiva de Jones Huala se dictó originalmente el 11 de junio de 2025 durante la formalización de la investigación, y ha sido prorrogada sucesivamente desde entonces.
Por otra parte, el pasado 22 de mayo el Ministerio Público Fiscal amplió la acusación formal contra Jones Huala, atribuyéndole liderar o integrar la organización “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM) desde enero de 2011 hasta la actualidad. Según la fiscalía, el fin de esta agrupación es “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”, una conducta tipificada en el artículo 213 bis del Código Penal que prevé penas de 3 a 8 años de prisión. Cabe destacar que, hasta la fecha, no se tiene conocimiento de que otras personas se hayan reivindicado públicamente como miembros de la RAM.
A esto se le suma la imputación por el delito de asociación ilícita agravada (artículo 210 bis del Código Penal), orientada a cometer delitos que ponen en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. De acuerdo con el expediente, la fiscalía sostiene que la organización investigada posee una estructura de tipo militar con operaciones en Río Negro, Neuquén y Chubut, además de presuntos vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en Chile.
La supuesta “estructura militar”
Sin embargo, la realidad de los hechos indica que los conflictos territoriales en estas tres provincias -que incluyen un incremento de judicializaciones, revisiones de carpetas técnicas y desalojos- no han registrado respuestas de acordes a la presencia de una estructura militar. Por el contrario, diversos procesos de recuperación territorial han culminado en desalojos y detenciones sin réplicas violentas por parte de las comunidades. Incluso ante inminentes operativos de fuerzas policiales, comunidades como Lof Pailako y Lof Quemquemtrew, entre otras, han optado por retirarse con anticipación del territorio para resguardar sus vidas, tras experiencias fatídicas como los asesinatos de Rafael Nahuel (a manos del grupo Albatros de la Prefectura Nacional) y de Elías Garay (por parte de sicarios).
Otro ejemplo, quedó demostrado la condena firme al exjefe del grupo de Infantería de la policía de Chubut, Javier Solorza, por abuso de autoridad durante la represión del 11 de enero de 2017 en la Pu Lof en Resistencia – Cushamen. En los videos aportados como prueba se observó a los agentes a su cargo disparando contra los comuneros. Entre las heridas documentadas, uno de los hermanos de Facundo Jones Huala sufrió un impacto que le causó una lesión cerebral, dejándolo inconsciente en el acto y provocándole secuelas de por vida en su audición. Además, otro integrante de la comunidad sufrió una fractura de mandíbula que demandó meses de recuperación y le dejó una cicatriz visible en el rostro. Ante semejantes agresiones, resulta contradictorio pensar en una “estructura militar” que responde únicamente con unas pocas piedras.
Denuncias de ensañamiento y huelga de hambre
Jones Huala fue detenido en junio de 2025 sin orden judicial. Se ordenó la prisión preventiva, disponiéndose su traslado al penal de máxima seguridad de Rawson, ubicado a casi 1000 kilómetros de su familia. En aquel momento, el referente mapuche no tuvo acceso a las causas por las que era investigado. Asimismo, sus abogados defensores no conocieron los motivos del arresto hasta pasadas varias horas, la audiencia de prisión preventiva se realizó a puertas cerradas y el juez interviniente convalidó tareas de inteligencia previas que la defensa califica de ilegales.
La investigación judicial lleva más de un año. Facundo Jones Huala denunció en reiteradas ocasiones denunció hostigamientos y maltratos por parte de los agentes Servicio Penitenciario Federal. Tras sucesivas audiencias donde la defensa solicitó un traslado de penal para acercarlo a su entorno comunitario, mejorar sus condiciones de detención y garantizar el respeto a sus pautas culturales, el juez federal subrogante Ezequiel Andreani ordenó a principios de junio su reubicación en la cárcel de Esquel. No obstante, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche apeló la medida, y por segunda vez su traslado a Esquel fue suspendido. Los abogados defensores han reiterado públicamente que la detención de su representado responde a una decisión política que desciende del Ministerio de Seguridad Nacional. En este marco, el lonko retomó la huelga de hambre seca el pasado 15 de junio.
Foto de archivo: Roxana Sposaro
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de este contenido únicamente cuando se cite a infoterritorial como fuente original e incluya un enlace directo al contenido.
