Organizaciones sociales, activistas y referentes de derechos humanos impulsan una campaña de recolección de firmas a través de un formulario público en apoyo a la comunidad indígena Mbya Guaraní Puente Quemado II, ubicada en la provincia de Misiones. La iniciativa busca visibilizar y denunciar lo que señalan como un desalojo ilegal, así como hechos de amedrentamiento y hostigamiento en el territorio que habitan las familias.
COMUNICADO URGENTE
Desalojo ilegal, violento por parte del poder judicial contra la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II
En la mañana 28 de julio del 2026 en la provincia de Misiones, dos personas que se nombraron como juez y secretario del juzgado de Jardín América, el comisario de Garuhapé, acompañado por un operativo de alrededor de 50 policías con sus vehículos y una ambulancia, con se presentaron en la comunidad Mbya Guaraní, Puente Quemado II, Garuhapé.
En sus manos traían una orden de desalojo totalmente irregular. Bajo amenaza y acorralamiento desalojaron a las familias de la comunidad, sin embargo, desde el juzgado de Jardín América dicen que el retiro de la comunidad fue “voluntario”.
Asimismo, es importante mencionar que además de esta mentira -¿Cómo es posible que digan que se retiraron voluntariamente si rodearon a las familias con niños, ancianos un operativo de 50 policías exigiéndoles que se vayan-, ESTA SITUACIÓN TIENE MUCHÍSIMAS IRREGULARIDADES.
Aquí enumeramos algunos de los puntos IRREGULARES para que visibilicemos y denunciemos públicamente la desprolijidad y la deshumanidad que habita en las autoridades de la justicia misionera:
El caso lo está tratando un juzgado de instrucción, cuando en realidad, al tratarse de un territorio que se encuentra en demanda por titularización, el Juez Roberto Antonio Sena debería haber derivado el caso al Juzgado Civil de Posadas y no intervenir en el pedido del denunciante Alfredo Ruff.
El día 5 de mayo de este año, sin orden del Juez de Puerto Rico detienen al cacique y desalojan a más de 12 personas por presunta usurpación sin reconocer el relevamiento de territorio indígena, el cual reconoce la posesión del territorio
En esa fecha, la policía actuó bajo las órdenes telefónicas del secretario del juzgado de Puerto Rico, el señor Isidoro Duarte, ex abogado del empresario forestal Alfredo Ruff, titular de la propiedad en conflicto.
Cuando la defensa de la comunidad buscó el expediente de la causa, se encontraron con que la detención se realizó sin orden, ni resolución judicial que haya ordenado dichas acciones.
La defensa presentó estas anomalías y reiteró el pedido de que el caso sea tratado desde el Juzgado Civil de Posadas, como es competente al caso.
Ante esta situación el juez de Puerto Rico, fue inhibido y pasó el caso al Juzgado de instrucción Dos de Jardín América, el cual el día 17 de julio ejecutó orden de desalojo express la cual no es aplicable para una comunidad indígena y sin tener en cuenta la defensa que se venía presentando.
Para frenar el desalojo, la defensa presentó a la justicia una apelación: esta misma trataba de que se reconozca el derecho indígena, amparado en el Artículo 75, inc 17 de la Constitución Nacional, tanto como la carpeta técnica donde consta que dicha comunidad está dentro de un territorio indígena relevado en el marco de la ley 26.160, que reconoce la posesión de tierras y que debería protegerlo de los conflictos históricos que sufren los pueblos originarios frente a intereses inmobiliarios, agrícolas o estatales. Además existe el Convenio 169 de la OIT el cual obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte. Más allá, de estos puntos básicos, la defensa suma el cuestionamiento de que por competencia de un caso que se encontraba en juicio de titularización, el caso lo debía tomar el Juzgado de Civil que se encuentra en Posadas.
Esta orden se encuentra legalmente suspendida tras la apelación presentada el pasado 17 de julio. Por lo que el procedimiento judicial y policial procedieron de forma ilegal e irregular porque el juez que la ejecutó, ya no tenía competencia gracias al efecto suspensivo de la apelación y porque corresponde que el caso lo tome el Juzgado Civil de Posadas y luego de la apelación la cámara correspondiente.
Sin embargo, el día de 28 de julio, con el operativo mencionado, la comunidad fue desalojada por acorralamiento y amenazas, mientras que el juez Sena y las autoridades de la provincia comunican que la comunidad de Puente Quemado II se retiró de forma voluntaria para encubrir la ilegalidad con la que vienen actuando tanto el juzgado de Puerto Rico como el de Jardín América, amigos del empresario Forestal Ruff.
El 28 de julio unas topadoras destruyeron las viviendas de las 7 familias que habían sido desalojadas y retiraron sus pertenencias en un camión jaula, limpiando el terreno para que el desmonte avance.
El 30 de Julio, el fiscal de Instrucción Héctor Daniel Simón dictaminó a favor del recurso presentado por la Comunidad Puente Quemado II y solicitó que se deje sin efecto la resolución que ordenó su desalojo. También destacó que la defensa había denunciado la falta de tratamiento de distintos planteos, la omisión de medidas de prueba y la incorporación de documentación vinculada al reconocimiento de la Comunidad que deben ser analizados antes de tomar una medida de ejecución inmediata. Consideró que corresponde al juez revisar su decisión y, en caso de mantener el criterio, conceder la apelación para que el expediente sea revisado por la Cámara de Apelaciones.
El 2 de agosto de 2026, los integrantes de la comunidad indígena de Puente Quemado II regresaron a sus tierras ancestrales, y las recuperaron en forma pacífica. Mientras las familias volvían al territorio, se presentó en el lugar Alfredo Ruff con un grupo de personas con camionetas con la patente tapada y encapuchados. Amenazaron y hostigaron con discursos de odio, mientras la comunidad intentaba explicarles sobre su preexistencia y los derechos que poseen. Irónicamente la policía de la provincia -la misma que hizo el desalojo del 28 de julio- actuó el domingo como escudo protector de la comunidad y de sus rituales.
El 3 de agosto, “personas extremadamente agresivas que apoyan al empresario forestal Alfredo Ruff volvieron a invadir la comunidad, donde profirieron insultos y graves amenazas. No les importó en lo más mínimo el miedo y llanto de las niñas y niños Mbya. En un diálogo sostenido entre Roberto Bonetti, militante de la Libertad Avanza, y el empresario Alfredo Ruff, que se volvió viral, Bonetti expresó con total impunidad: ‘soy partidario que nosotros podemos defendernos, y si hace falta a los tiros, a los tiros tiene que ser’. Esto es apología del delito”. Estos hombres siguen llegando al lugar con sus camionetas anónimas para insultar y amenazar a las siete familias. Los hacemos responsables de cualquier agresión.
No es menor destacar que esta situación se da en un momento en donde el gobierno nacional y algunos senadores provinciales quieren aprobar una ley en donde pone en riesgo nuestra soberanía, pero por sobre todo, al reconocimiento por el territorio y derechos indígenas.
Desde la comunidad exigen que se reconozcan los derechos y garantías que les corresponden como Pueblos Originarios, que además cuentan con personería jurídica y el relevamiento territorial.
Las abajo firmantes personas, instituciones y organizaciones:
Visibilizamos y alertamos sobre la incitación al racismo y a la violencia por parte de Bonetti y Ruff, de forma presencial hacia las comunidades como por medio de las redes sociales. El delito está a la vista, por eso solicitamos al gobierno y a la justicia de Misiones que garanticen la seguridad de la comunidad Mbya.
Denunciamos el accionar del sistema judicial de la provincia, especialmente al juzgado de Puerto Rico por parte del secretario Isidoro Duarte y de Jardín América con el Juez Sena por actuar en favor de intereses privados, vulnerando los derechos indígenas.
Repudiamos el servilismo y falta de perspectiva en defensa de los derechos indígenas de los funcionarios provinciales, que llegan a decir que las comunidades no tienen derecho a definir donde vivir en el propio territorio el cual se encuentra relevado.
Exigimos el reconocimiento y respeto del territorio a la comunidad Puente Quemado II, reclamamos para que el caso sea llevado por las vías judiciales que corresponden.
Reclamamos por la necesidad urgente de que las autoridades judiciales y funcionarios públicos de la provincia deben recibir formación de derecho indígena.
ATENCIÓN
A quienes puedan solidarizarse, la comunidad pide apoyo a la sociedad:
Podemos acompañar de forma presencial en el territorio para sumar fuerza y sostener con cuerpo y espíritu, contra el discurso del odio de Ruff, Bonetti, el accionar de la justicia provincial y la falta de respeto por parte de la provincia.
Podemos difundir las noticias y el petitorio a todas las oganizaciones e instituciones que conozcamos. Aprovechemos para generar conciencia sobre la situación de las comunidades y los discursos de odio y racismo con que las mismas conviven ante la falta de funcionarios, leyes y muchas veces una sociedad que falta perspectiva y formacion sobre el derecho índigena.
¡BASTA DE CRIMINALIZACIÓN, RACISMO Y VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
Adhesiones en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDJqJRQ11W5IrHnTigNqFvfyA92rBtHxHcbsr8hsdTKaWscw/viewform
Foto: gentileza EMIPA
