Cuatro Wichí detenidos: por juntar restos de una cosecha de maíz los acusan de un robo millonario
Exigen la liberación de cuatro hombres wichí de entre 21 y 50 años, detenidos desde el pasado 22 de septiembre tras una denuncia por presunto robo impulsada por un arrendatario sojero de Salta.
A pie, bajo el sol y una temperatura de más de 40 grados, familias Wichí marcharon a pie 45 kilómetros hacia Tartagal para exigir la liberación de cuatro integrantes de las comunidades wichí “La Esperanza” y “El Molle” de Coronel Cornejo. Los detenidos acusados del presunto robo de 30 toneladas de soja -a pesar de haber sido interceptados en motos y con solo cuatro bolsas de maíz -.
La acusación penal, radicada en la Fiscalía Penal N° 1 de Tartagal a cargo del fiscal Pablo Cabot, atribuye a los comuneros el hurto de 30 toneladas de soja -valuadas en unos 20 millones de pesos-, además de supuestos daños a candados y cadenas en la propiedad denominada “Finca Campo Verde”, explotada por el arrendatario Santiago Cístola Staiger. Sin embargo, los hechos narrados por las familias de los detenidos exponen una realidad diametralmente opuesta.
En comunicación con infoterritorial, Laurentina Nicasio, una mujer Wichí miembro de “Juntos Unidos ante la adversidad”, aseguró que “ni los cuatro hombres ni las comunidades cuentan con logística pesada ni transporte de carga para trasladar semejante cantidad de soja”. Al momento de ser interceptados por efectivos policiales a la orilla de la ruta, circulaban en motocicletas de baja cilindrada y transportaban únicamente cuatro bolsas con restos de cosecha de maíz no desgranado, una práctica habitual, común en la región y que, afirman, realizaban con la autorización previa del propio finquero.
En diálogo sobre la situación de los detenidos, la vocera de la organización sin fines de lucro que acompaña a las comunidades indígenas en Salta detalló la desproporción de la medida policial y judicial: “No estaban dentro de la finca como dice la denuncia. A ellos los interceptaron a la orilla de la ruta. Llevaban unas bolsas de maíz, que ni siquiera está desgranado, que tiene el marlo. Es el maíz que les dejan levantar, las sobras que quedan de cuando hacen la cosecha, ellos habían ido a levantar eso con el permiso del finquero”.
Laurentina agregó además que la conducta de los cuatro wichí nunca fue de fuga ni de sospecha: “Ellos conocen a este señor de la finca, que es el que hizo la denuncia, le hablaron de buena manera y encima cuando terminaron de recolectar en ningún momento se han ido corriendo, ni se han escondido, ni nada sospechoso. La policía los esperó en la orilla de la ruta y les secuestró lo que llevaban en sus motos”.
Transcurrida más de una semana de detención, los cuatro comuneros permanecen divididos en dependencias policiales de Tartagal y Coronel Cornejo. Dos de los detenidos padecen afecciones severas de salud –uno atraviesa un cuadro de tuberculosis y otro sufre de hipertensión arterial– y los cuatro tienen familia e hijos a cargo.
En este contexto, la distancia geográfica de 45 kilómetros es una traba para familias que se encuentran en extrema vulnerabilidad económica y cuyos territorios ancestrales están acorralados por el desmonte, el monocultivo, la exposición a agrotóxicos y la falta de agua. Sin recursos para costear el pasaje ni para proveer de alimento diario a los detenidos, el encarcelamiento se traduce en hambre y sed tanto dentro como fuera de las celdas. Remarcó las severas penurias que atraviesan tanto los encarcelados como quienes intentan asistirlos: “Dijeron que seguían mal, pero que no los habían golpeado, necesitamos llevarles comida, pero ni siquiera para eso tenemos”.
“Se habla de derechos de las infancias, de las mujeres, pero a la hora de actuar no veo ningún organismo y nosotros que tenemos ‘representantes indígenas’, cuando suceden estas cosas no aparece ninguno. Las mujeres y los niños ahora están pasando hambre, ¿dónde están los organismos como IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta) y los asesores de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la provincia?”, cuestionó Laurentina.
“No nos dan información, ni en la fiscalía, ni en el Juzgado”
Como si esto fuera poco, Laurentina informó que la Defensoría Pública les sugirió “esperar al menos 15 días” sin interponer recursos. En este contexto, hace ya una semana que se realizan diferentes protestas en las dos localidades, y las mujeres de las comunidades optaron por encadenarse el viernes pasado en Coronel Cornejo antes de iniciar la marcha a pie.
El denunciante, Santiago Cístola Staiger, de apenas 23 años, forma parte de una reconocida familia asociada al deporte automovilístico en Salta. Sin embargo, también fue señalada por presuntas estafas en relación a negocios agropecuarios, justamente relacionados a pagos con granos.
La celeridad para criminalizar pobres e integrantes de Pueblos Indígenas es un patrón que se repite de Norte a Sur y de Este a Oeste en todo el país. En este caso, quienes hoy se encuentran detenidos han visto cómo el monte, fuente de bienes naturales para su alimentación y medicina, fue desapareciendo con el avance de la tala para el monocultivo de soja. Sobrevivir del rejunte de las sobras de la cosecha evidencia el nivel de pobreza y vulneración que sufren las comunidades. Mientras tanto, llama la atención que no se encuentre más información de las acusaciones y denuncias a la familia empresarial.
Al cierre de esta nota nos informan la liberación de uno de los detenidos, aunque las comunidades no tienen información oficial del curso de la causa y las imputaciones.
Fotos: Noelia Nicacio
