Grave denuncia por desalojos ilegales en Tucumán

30 Abr 2025

La Junta Promotora de Derechos Humanos del Valle de Tafí emitió un comunicado alertando a la población sobre la ilegalidad de los desalojos que se están llevando a cabo en la provincia. Denuncian que estas acciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también exponen la negligencia y los errores de la administración estatal.

El comunicado destaca que los desalojos violentan la seguridad jurídica al trasladar a los ciudadanos las consecuencias de fallos administrativos. En lugar de garantizar soluciones habitacionales para las familias afectadas, el Estado recurre al uso desmedido de la fuerza policial, ignorando el derecho de defensa de los desalojados. Además, se cuestiona si se han cumplido las etapas administrativas y judiciales previas, y si se han considerado factores como la vulnerabilidad social y los derechos de menores e incapaces.

Casos emblemáticos como el del Río Blanquito y la familia Mamani de Trancas ilustran la gravedad de la situación. En el primero, la Dirección Provincial de Aguas permitió durante décadas la construcción de viviendas en terrenos peligrosos, para luego ordenar desalojos sin ofrecer alternativas habitacionales. En el segundo, se denuncia la falta de representación legal para comunidades originarias, dejando a los afectados en una situación de indefensión.

La Junta también señala que estas medidas contradicen las promesas electorales del gobierno actual, traicionando la voluntad popular. En su llamado a la acción, exigen respeto a la jerarquía de las leyes, al debido proceso y a las funciones protectoras del Estado, además de rechazar el uso indebido de la fuerza policial.

El comunicado concluye con una pregunta que resuena en toda la comunidad: ¿Quién se beneficia con estas medidas? La respuesta debería ser clara para quienes tienen la responsabilidad de gobernar con justicia y equidad.

Reproducimos el comunicado:

La Junta Promotora de Derechos Humanos del Valle de Tafí alerta a los pobladores, vecinos y vecinas, acerca de la ilegalidad manifiesta de los desalojos que se vienen llevando a cabo en nuestro territorio, por las siguientes razones:

* Violentan la seguridad jurídica, pues se hace recaer sobre los ciudadanos la negligencia, errores o delitos cometidos por la administración estatal. La seguridad que tanto se pregona, no es el uso desmedido de la fuerza policial contra los ciudadanos que han elegido legítimamente un gobierno en base a un programa y unas promesas electorales.

Seguridad es la garantía que el Estado da a sus gobernados acerca de la continuidad de los actos jurídicos realizados, así como la responsabilidad frente a los mismos. Eso significa que si un agente u organismo del Estado comete un delito o no es eficiente en su accionar, es el propio Estado quien debe resolverlo sin afectar los derechos de los ciudadanos.

Para ser claros: si una Dirección cualquiera permitió construcciones privadas en predios fiscales a su cargo, la solución no es desalojar con exceso de fuerza policial y sin permitir al ciudadano ejercer su derecho de defensa. El Estado debe hacerse cargo de los actos de sus antecesores y, sobre todo, cumplir con su función tuitiva. Por ejemplo, ofreciendo alguna solución habitacional a las familias afectadas para paliar el daño que les ocasionó con su negligencia anterior.

¿Se ha dado traslado a la Defensoría de Incapaces para asegurar que no se violen derechos de menores o incapaces?

¿Se han buscado soluciones dentro del área de Familia y Derechos Humanos?

¿Se cumplieron todas las etapas administrativas y judiciales previas al desalojo?

¿Se ha considerado la vulnerabilidad social de las poblaciones afectadas?

¿Se efectuó algún tipo de estudio socio-ambiental que determine la posibilidad de los afectados de defenderse adecuadamente?

¿Se ofreció defensoría de oficio, aunque la ley no lo establezca expresamente, para garantizar el derecho de defensa de los desalojados?

¿No existe acaso abuso del derecho, cuando el Estado tiene todas las herramientas para ejercerlo, mientras los ciudadanos carecen de todas ellas?

¿Es correcto tratar del mismo modo a quién tiene una casa de veraneo y posibilidades económicas de contratar abogados que a quién sobrevive con sus animalitos y sus cultivos? ¿Quién se beneficia con estas medidas?

Por otra parte, se despliegan grandes cantidades de efectivos policiales para amedrentar a los pobladores, haciendo un uso indebido e ineficiente de las fuerzas de seguridad provinciales, toda vez que los desalojos deben ser promovidos judicialmente y sin uso de la fuerza pública.

*No respetan el debido proceso. Como ya se ha dicho antes, existen en nuestro ordenamiento jurídico una serie de pasos para efectuar este tipo de desalojos sin vulnerar derechos garantizados por la Constitución. Es cierto que el Estado puede actuar sin miramientos, dado que las leyes recientemente aprobadas se lo permiten. Pero, ¿debe? ¿Es correcto? Sobre todo, ¿son esas leyes legítimas en su origen, dado que quienes las votaron traicionaron la representación que ostentan?

En primer lugar, tomemos el caso del Río Blanquito: la Dirección Provincial de Aguas recuerda casi cuarenta años después que existe peligrosidad en los terrenos aledaños al cauce (debido al alud de 1986). Mientras tanto, permitió la construcción de viviendas sin efectuar intimaciones o recomendaciones a los vecinos del lugar. Ahora, al “recordar” sus obligaciones repentinamente, plantea una situación que afecta la vida de varias familias de escasos recursos, intimando el desalojo de las viviendas en tiempos perentorios. En cuarenta años no ofrecieron una solución habitacional, no generaron ningún tipo de planteo para evitar riesgos de vida. En cuarenta años, cuarenta aludes podrían haberse llevado a los vecinos y no se les ocurrió la posibilidad de ofrecer traslado a otros sitios más adecuados.

Así “no se ordena la casa”, así se la desordena y de la peor manera: provocando que los más vulnerables sean cada vez más vulnerables. Nos seguimos preguntando: ¿Quién se beneficia con todo esto? Es algo que el ordenador patrimonial debiera responder. Si realmente se quiere ordenar la casa, se debería comenzar por asegurar a cada tucumano su hogar donde pasar el invierno. Mirar menos los ranchos y más las mansiones que se levantan en el Valle.

En segundo lugar, tomando el caso de la familia Mamani de Trancas, se desconoce la representación legal en nombre de una comunidad originaria, obligando de ese modo a cada ciudadano afectado por actos del Estado, a buscar representación particular, cosa que resulta casi imposible para quienes están actualmente en modo supervivencia por la inacción del mismo Estado en relación a garantizar derechos económicos y sociales. Eso, sin contar con los que pululan con papeles sospechosos por las tierras comunitarias, aprovechando que no tenemos un gobierno nacional ni popular, un gobierno que se olvida de los que lo votaron, para reclamar herencias que no son del todo claras.

*Se violan derechos políticos de la ciudadanía al incumplir promesas electorales. Toda vez que el actual gobierno ganó las elecciones sobre una plataforma electoral que para nada contemplaba la violación de derechos de sus votantes, se ha traicionado la voluntad popular y con ello, el derecho ciudadano de elegir representantes acordes a su sentir y su modo de interpretar como debe administrarse lo público. No se votó este gobierno para que perjudique a los ciudadanos pretendiendo subsanar errores de administraciones anteriores –y eso dicho sin considerar la continuidad administrativa del actual gobierno-. No se puede “ordenar la casa” tirando abajo las paredes y golpeando a sus habitantes.

Por todo lo expuesto, es que alertamos a los pobladores del Valle acerca de las acciones que se están llevando a cabo, nos solidarizamos y pedimos la solidaridad con las y los desalojados, exigimos:

*Respeto a la jerarquía de las leyes: los principios constitucionales que garantizan derechos están por encima de cualquier otra ley, que no puede nunca contradecirlos.

*Respeto del debido proceso, que exige contemplar el derecho de defensa de los más débiles.

*Cumplimiento de las funciones tuitivas (protectoras) del Estado en relación a los derechos infantiles, de los ancianos y las familias vulnerables.

*Declinar el uso indebido de la fuerza policial.

Estamos viviendo en un Estado de derecho con garantías constitucionales y bajo un gobierno que debe respetar la ley y su propia plataforma electoral.

No somos territorio de sacrificio.

No queremos que nos gobiernen quienes perdieron las elecciones.

Y sí queremos preguntar: ¿quién se beneficia con todo esto?

Valle de Tafí, abril de 2025

📷 Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita -Tucumán