“La bala salió de prefectura”

Olvidos, ambigüedades y contradicciones en las primeras semanas del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel.

Dos teorías confrontan en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo. Las querellas y abogados de la familia del joven mapuche asesinado por la espalda durante un desalojo a Lof Lafken Winkul Mapu, sostienen que los prefectos asesinaron a Nahuel en un contexto de violencia institucional – estatal y que dicho hecho estuvo cargado de odio racial. En resumen, asesinado por ser mapuche. En cambio, las defensas de los efectivos de Albatros de la Prefectura Naval Argentina que participaron en dicho hecho pretenden instalar la teoría del enfrentamiento armado y la “legítima defensa”.

Cabe destacar que las 3 pericias balísticas realizadas en la etapa de instrucción, confirmaron que la bala 9mm que terminó con la vida de Rafael Nahuel fue disparada por un arma de la Prefectura y que la misma ingresó por la parte trasera de la cadera, es decir, por su espalda.

El prefecto Sergio Guillermo Cavia -principal acusado del disparo- declara haber estado frente a un ataque armado. Sin embargo, en ninguna parte del expediente se hace mención de que los mapuche tuvieran armas de fuego y sólo consta en distintas declaraciones, que ejercieron su defensa a la balacera con piedras del lugar. 

Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, comparó la estrategia de la defensa con “prácticas de la dictadura, con las que buscan encubrir abusos de poder y garantizar impunidad”.

Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Foto Jaime Carriqueo

Foto: Jaime Carriqueo

Por su parte, Ezequiel Palavecino de A.P.D.H Bariloche y abogado de la familia Nahuel Salvo sostiene que más allá de todas las contradicciones y ambigüedades, y los “olvidos” de todos los testigos de las distintas fuerzas, a los que ya nos tienen acostumbrados en estos juicios, la bala salió de Prefectura. Los fueron a buscar, fueron a cazar.

Las audiencias

Cada semana, los martes y miércoles hasta aproximadamente mediados de octubre, se dan las audiencias en los tribunales de Gral. Roca.

En la semana que dió inicio al juicio sólo dos de los cinco prefectos acusados, Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa hicieron uso del derecho a declarar, pero sin responder preguntas. En sus dichos, a diferencia de la primera declaración indagatoria, esta vez los acusados dejaron al descubierto un discurso racista en el que incluso llegaron a afirmar que a Rafa Nahuel “lo mataron sus propios compañeros”.

Inconsistencias en las declaraciones de prefectos 

La segunda semana dieron testimonio integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron durante los días de los operativos ordenados por el Juez Villanueva en noviembre del 2017, testigos solicitados tanto por la querella como por la defensa pertenecientes a la Prefectura -albatros- y Policía Federal Argentina.

En la tercera jornada declararon Pablo Rubén Berra, (jefe a cargo del operativo del grupo albatros que ingresó al territorio y culminó con el homicidio de Rafael Nahuel) y Eric Fabian Blanco, Ayudante de Primera de Prefectura.

Berra no pudo dar precisiones acerca de los nombres de los uniformados que intervinieron en el operativo a su cargo y mostró contradicciones al relatar quiénes y qué armas portaba cada uno de los efectivos.

Blanco, por su parte, detalló que de acuerdo al protocolo de acción no se puede utilizar armamento letal en situación de persecución. Sin embargo,en el lugar de los hechos se recogieron 130 cartuchos de municiones de plomo, todas pertenecientes a la Prefectura.

Olvidos, contradicciones, y un constante “no lo sé” ante preguntas puntuales de las querellas. Aún así, las defensas sostienen la teoría de la legítima defensa que se planteó en la elevación a juicio oral y público. Un detalle de la jornada: cuando declaran los efectivos y se les pregunta por los protocolos de acción de la fuerza, en vez de decir “repeler”, les sale una y otra vez “reprimir”, señaló Ezequiel Palavecino de A.P.D.H.

En la cuarta jornada declararon el suboficial Francisco Lezcano, Daniel Alberto Colliard, chofer de Albatros, Matías Juan Solá, funcionario de la Policía Federal Argentina, Jefe GEOF en ese momento, y Diego Brest, efectivo de Prefectura Naval.

Lezcano fue uno de los albatros designado para conformar la patrulla que se encontró montaña arriba con los miembros de la comunidad, sin embargo declaró que se quedó un poco más abajo, modulando para pedir apoyo y no puede dar cuenta de qué ocurrió arriba. Sus compañeros al bajar ya habían descargado sus cartuchos contra los mapuche. Al pedir “novedades”, constatan que no hubo heridos (salvo Pintos que tenía un rasguño por unas ramas) y, agrega, le informan de “cartuchos perdidos”. La fiscalía le pregunta a Lezcano, por los comentarios recibidos de sus compañeros que bajaban, sobre lo ocurrido: no puede especificar, pero según le dijeron, Pintos y Obregón se toparon con el grupo cuando subían y ahí comenzó la agresión “con lanzas y piedras”.

Siguiendo su relato, mencionó que él ordenó entonces que todos bajaran lo más rápido posible porque escuchaban “pasos que nos seguían”. No los venían siguiendo. Bajaban con el cuerpo de Rafa, herido de muerte.

Ya abajo, Lezcano también es quien detiene a una de las personas que baja el cuerpo de Rafa (Fausto o Lautaro, no aclara). Manifiesta que no hubo resistencia ni agresión en esa situación. 

Las limitaciones de la justicia

La tercer y cuarta audiencia dieron cuenta de la validez de los reclamos de antemano por parte de abogados de la familia del joven mapuche cuando plantearon las limitaciones de acceso a la justicia ante la negativa de realizar el juicio en Bariloche, lugar de los hechos y donde reside la familia.

La familia de Rafael Nahuel por falta de recursos no pudo siquiera trasladarse los 1000km ida y vuelta hasta el Tribunal Oral Federal de General Roca, como lo habían hecho la semana anterior. Sus abogados,que tampoco pudieron asistir personalmente, mencionaron las complicaciones climatológicas y económicas para llegar a Fiske Menuco. 

En contrapartida, el Tribunal a cargo del juez Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, ante el pedido de comunicadores sociales y trabajadores de prensa, autorizó a los periodistas a observar las jornadas de debate oral y público vía zoom, siempre y cuando respeten los protocolos reservados al juicio.

Afuera del juzgado volvió a reunirse un grupo de manifestantes de comunidades mapuche tehuelche y organizaciones sociales para acompañar el pedido de justicia. Entre ellos Orlando Carriqueo, integrante de Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, mencionó que “los cinco prefectos siguen el juicio desde sus casas a 1500 kilómetros, este juicio se tendría que estar desarrollando en Bariloche, donde lo asesinaron a Rafael Nahuel y la justicia ha denegado ese pedido porque no quiere recibir esta protesta en Bariloche”

Foto: Albina Sienra

Cabe resaltar que mientras una mujer mapuche, Yessica Fernanda Bonnefoi Antimil, acusada por ocupación ilegítima y resistencia a la autoridad aguarda en Bariloche su situación procesal tras las rejas, los prefectos acusados de homicidio agravado de Rafael prestan declaración por zoom en libertad. 

En la puerta de los tribunales Carriqueo apeló a fortalecer los lazos de resistencia. “Hoy ustedes pueden ver el Comando Unificado que creó este gobierno para reprimir a los sectores populares mientras hay hambre en la Argentina, mientras los sueldos no alcanzan, mientras las comunidades resistimos el ingreso de las empresas mineras en los territorios, de las empresas petroleras, de la forestales, del negocio inmobiliarios” 

La próxima semana deberán prestar declaración como testigos Hugo Matías Duarte, Leandro Antonio Ruata, Diego Omar Sánchez,Ignacio Fabián Salinas -todos personal de prefectura-  el Prefecto Principal Julio César Mostafá, el Oficial Jefe Aníbal Julián Onetto y el Sargento Marcelo Oscar Sertic.

Escriben: Gioia Claro – Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica – Infoterritorial- Radio Zona Libre

Foto de portada: Albina Sienra

1 comments

  • Juan
    8:22 pm

    Lo irónico o lo iconico de la situación, es que el juicio se haga en General Roca…La ciudad que homenajea al General que ideó la Campaña al Desierto. Y la justicia federal ya sabemos como es…solo basta leer el fallo del Juez Lleral sobre Santiago Maldobado. O las actuaciones del Juez Villanueva…en Bariloche…Por que involucren a Patricia Bullrich Ministra de Seguridad…de ese momento. Quien dio la orden?

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