El juez civil, comercial, laboral y de minería de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino dispuso la suspensión del procedimiento de desalojo que pesaba sobre las Lof Melo y Lof Kinxikew en la causa iniciada por María Cristina Broers contra Pascual Felidoro Quintriqueo y otros. Tras quedar inconclusa la medida judicial en el territorio, el mismo Juez que antes ordenó el desalojo ahora resolvió que las fuerzas de seguridad y demás actores intervinientes deben retirarse de las parcelas en disputa.
Una semana después del desalojo parcial en el territorio resguardado por las comunidades mapuches Melo y Kinxikew, el juez Francisco Astoul Bonorino rechazó un recurso de aclaratoria presentado por la parte actora y confirmó que, al no haber podido concretarse la diligencia en los sectores correspondientes a la 2ª y 3ª tranquera, el procedimiento debe darse por concluido sin ejecución parcial. En su providencia, el magistrado fundamentó la decisión en la Guía de Intervención en Desalojos, Desahucios y Mandamientos (Acuerdo 5846), la cual establece que, ante la imposibilidad de ejecutar la medida, los actuantes deben retirarse e impulsar, de ser necesario, un nuevo mandamiento.
El abogado de las comunidades mapuches, Luis Virgilio Sánchez, remarcó que el cese del operativo no resuelve la cuestión de fondo sobre la titularidad de las tierras, pero frena el avance compulsivo sobre el territorio. Ante este escenario, Sánchez impulsó la apertura de una instancia de arbitraje -mecanismo contemplado en el nuevo Código Procesal provincial- para sentar a las partes a negociar una solución pacífica al conflicto territorial. Por lo pronto, las familias de la Lof Kinxikew pueden regresar al territorio donde quedaron sus rukas (casas) y sus animales.
El desalojo en favor de Broers -de origen belga, que adquirió de forma irregular las tierras dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en la década del 70- tocó una fibra sensible por estos días en gran parte de la sociedad argentina, incluso con repercusiones internacionales. El operativo se dio en un contexto de malestar social signado por el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que desató en todo el país las masivas movilizaciones del 6 de agosto. El repudio, principalmente centrado en la extranjerización de la tierra, también sacó a la luz el reclamo sobre el uso y la posesión comunitaria.
El descomunal despliegue de la Policía y Gendarmería, sumado al cuestionamiento sobre el Juez Bonorino -quien ya ha dictado desalojos contra otras comunidades y pertenece a una familia con intereses inmobiliarios en la zona-, generó una inmediata ola de repudio con fuerte repercusión mediática a nivel nacional e internacional. Ante este escenario, cerca de mil personas, junto a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de distintas localidades, se movilizaron en caravana en cercanías a Villa La Angostura para respaldar a las comunidades mapuche.
Esta respuesta masiva combinó el malestar espontáneo de gran parte de la sociedad con más de cinco décadas de articulación de la Confederación Mapuche de Neuquén con la ciudadanía y las instituciones públicas. Este recorrido no sólo consolidó la unidad entre las propias comunidades, sino que tejió alianzas con organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, conectando sus reclamos territoriales e identitarios con otras causas de todo el arco popular, hecho que se vio reflejado en la gran cantidad de comunicados públicos y acompañamiento de las organizaciones no indígenas.
Por otra parte, la viralización en redes sociales de la presencia de la Lonko Amancay Quintriqueo para hablar con el Gobernador Rolando Figueroa en el “Neuquén Day 2026” y la posterior salida rauda del mandatario evitando el diálogo con la Lonko frente a la prensa, y su respuesta de que se trataba de un “tema entre privados” generó indignación en un amplio sector de la ciudadanía no solo de la Provincia. Cabe mencionar que el “Neuquén Day” es un evento organizado por el ejecutivo provincial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires orientado al sector privado e inversionistas, un sector ante el cual el Gobierno provincial se presenta como un actor de diálogo con las comunidades mapuche y manejo pacífico del conflicto.
El esquema de despojo se replica en otros puntos del país, como el conflicto inmobiliario contra la comunidad Kallchakí Las Pailas en Cachi (Salta) o el avance de empresarios forestales en Puente Quemado II (Misiones); en ambos casos, tras los desalojos, la misma justicia debió dar marcha atrás reconociendo irregularidades en los operativos.
Queda en evidencia, una vez más, que el Poder Judicial -especialmente en el actual contexto de regresión de derechos- y las fuerzas policiales que responden al poder ejecutivo, operan en beneficio de empresarios nacionales y extranjeros, en detrimento de los territorios habitados históricamente por los Pueblos Indígenas. Con este accionar, la Justicia ignora garantías y derechos vigentes como el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y tratados internacionales de rango legal como el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, los hechos también prueban que la movilización, la solidaridad y la articulación popular son capaces de revertir escenarios adversos.
Por lo pronto, si la parte de Broers pretende reanudar las acciones de desalojo, deberá solicitar un nuevo mandamiento judicial; mientras tanto, las comunidades mapuches continúan organizadas para definir los pasos a seguir.
