Pese al colapso por la basura, la falta de agua potable y el polémico archivo de la denuncia por contaminación, proyectan instalar un crematorio y una planta de residuos patológicos en tierras cercanas a la comunidad Mapuche-Tehuelche. El proyecto avanza sin estudio de impacto ambiental ni consulta previa, libre e informada.
Desde hace más de 15 quince años, la vida cotidiana en el Lof Mapuche-Tehuelche Nahuelpan transcurre bajo la sombra de la contaminación ambiental. Conviviendo desde 2009 con los impactos de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) -instalada en tierras lindantes al territorio comunitario sin su consentimiento-, la comunidad enfrenta hoy una nueva amenaza. Empresarios locales impulsan la instalación de un crematorio privado y una planta de tratamiento de residuos patológicos e industriales en un predio cercano a la comunidad.
El proyecto ingresó recientemente al Concejo Deliberante de Esquel sin que se haya realizado un Estudio de Impacto Ambiental ni garantizado el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de cumplimiento obligatorio para los Estados. Además, se advierte otra irregularidad: aunque las autoridades sostienen que la planta se ubicaría dentro del Parque Industrial, el plano adjunto en el expediente corresponde a la localidad de Tecka, lo que genera serias dudas sobre el verdadero alcance e impacto de la obra sobre la comunidad u a otros pobladores de la región.
Para las familias de la comunidad, su aprobación representaría la profundización de un modelo que los condena a habitar una “zona de sacrificio”. “Nos enteramos por los medios de comunicación locales. Ni el Concejo Deliberante ni el Intendente tuvieron un acercamiento formal para anunciar el proyecto del crematorio que pretenden instalar en cercanías de la comunidad”, reveló Gabriel Nahuelquir, vocero del Lof y representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) de la cordillera en Chubut.
Vivir sin agua potable
La acumulación de desechos producidos en los municipios de Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces impactó en la dinámica rural de la zona. Los vientos característicos de la Patagonia arrastran toneladas de bolsas de plástico y nylon a través de alambrados perimetrales que, en muchos tramos, se encuentran derribados. Estos residuos cubren las pasturas nativas y provocan frecuentemente la muerte de ovinos y vacunos por ingesta de plástico, denuncian.
“Ya tenemos bastante con la contaminación de la planta de residuos y no queremos que nos sigan contaminando. Hoy tenemos que salir nuevamente a exponer todas estas barbaridades que se les ocurren a estos empresarios, al Intendente Matías Taccetta y a parte del Concejo Deliberante. Ellos mismos han visitado los campos de Nahuelpan, saben la situación en la que está el territorio y el riesgo que corremos”, cuestionó Nahuelquir.
A la contaminación -que aparenta ser superficial- se suma una emergencia sanitaria crítica: la falta de agua potable. En el territorio opera la Escuela N° 107 “Isabel Nahuelpan”, donde asisten niños, adolescentes, docentes y personal auxiliar. Sin embargo, la comunidad y el establecimiento escolar carecen de agua segura para el consumo humano, una situación que empeoró drásticamente luego de que la Municipalidad interrumpió la entrega semanal de bidones de agua que realizaba de manera asistencial.
Impunidad
El conflicto por la salud ambiental también pasó por los tribunales, dejando un manto de desprotección institucional sobre la comunidad.
En 2021, el titular del Juzgado Federal de Esquel, Dr. Guido Otranto, ordenó un allanamiento en la PTRSU tras una denuncia formal presentada por integrantes del Lof Nahuelpan y la abogada Sonia Ivanoff. La presentación acusaba violaciones a las leyes nacionales de residuos peligrosos (N° 24.051 y 25.612) y al artículo 200 del Código Penal. Durante el operativo, peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) tomaron muestras de agua y suelo, detectando la presencia de metales pesados, hidrocarburos y otros agentes contaminantes en el entorno de la comunidad.
Sin embargo, cuando el expediente pasó a la jurisdicción de la provincia de Chubut, el rumbo del caso cambió. El Ministerio Público Fiscal desestimó las pruebas de la fuerza federal basándose en un informe elaborado por la Secretaría de Medioambiente de Chubut.
Hacia 2024, la fiscalía de Esquel encargó un nuevo estudio al laboratorio privado IACA. Sorprendentemente, y a pesar de que durante los años previos no se ejecutó ningún plan de remediación ni saneamiento ambiental en el terreno, el nuevo dictamen concluyó que concentraciones de níquel, cobalto e hidrocarburos se encontraban dentro de los parámetros “legales”. Con este argumento, la procuradora Cecilia Bagnato, con la ratificación del fiscal jefe María Bottini, archivó la denuncia por la presencia de residuos peligrosos en agua y tierra en la comunidad, hasta que existan nuevos elementos de convicción, dejando sin responsables los pasivos acumulados en el colapsado “Módulo 1” del basurero.
La posterior apertura del “Módulo 2” en agosto de 2026 -obra que tampoco contó con la consulta previa a las comunidades afectadas- no aportó alivio. Para las familias mapuche-tehuelche, la simple apertura de una nueva fosa no resuelve la degradación del suelo ni elimina las amenazas sanitarias latentes.
Un nuevo proyecto a espaldas de la comunidad
En este contexto, el Concejo Deliberante de Esquel comenzó a analizar el proyecto denominado “Centro Regional de Soluciones Ambientales Integrales”.
El proyecto contemplaría una primera etapa para la instalación y funcionamiento de un crematorio privado y una segunda fase que sumaría el tratamiento de residuos sólidos patológicos y de la industria de lubricantes.
La comunidad teme que el avance del proyecto perjudique aún más la salud de sus pobladores, mientras el Estado provincial y municipal mantienen el incumplimiento de garantizar el funcionamiento de una posta sanitaria intercultural. En 2025, referentes del Lof acordaron con funcionarios municipales ceder de un lote del territorio comunitario para la construcción del centro de salud. Aunque la gestión municipal se comprometió inaugurarlo en febrero de 2026 -coincidiendo con el aniversario de la ciudad de Esquel-, la obra nunca se inició.
Actualmente, el personal de salud pública debe realizar la atención médica mediante visitas domiciliarias, sin un espacio físico adecuado. “Los trabajadores de salud que vienen a atender no tienen baño, no tienen cocina, no tienen ni siquiera los servicios básicos. Mucho menos un espacio digno para que la gente pueda esperar o hacerse atender”, relató Nahuelquir. “Nunca tuvimos una respuesta formal por la sala de salud. El mismo Intendente dio los plazos para entregar la obra y jamás cumplió”.
“No vamos a permitir que nos sigan avasallando”
Ante lo que definen como una “violación reiterada a sus derechos humanos y territoriales“, desde el Lof Nahuelpan emitieron una dura declaración pública rechazando la iniciativa: “Mienten con los estudios de que no hay contaminación; dejan de entregar agua en la Escuela N° 107 Isabel Nahuelpan, a donde concurren niñas, niños, adolescentes, maestros y porteros; mienten con la construcción de un puesto sanitario; mienten con la causa del basurero y con tantas cosas más. Ahora el intendente de Esquel propone un proyecto al Concejo Deliberante para instalar una planta de residuos patológicos y un crematorio sin consulta, previa, libre e informada .”
El vocero fue enfático respecto a las medidas que adoptará la comunidad: “Si el Concejo Deliberante avanza con este proyecto, por supuesto que nos vamos a oponer. No se hizo ninguna consulta, ni siquiera tenemos conocimiento técnico de lo que pretenden hacer en un espacio que debería ser sano para el medio ambiente. No podemos permitir que nos sigan avasallando”.
Para la comunidad, la persistencia en ubicar infraestructuras contaminantes o indeseadas en el límite de sus tierras evidencia una lógica de discriminación y racismo estructural en la planificación urbana de la región.
“Esta práctica de la gestión de Matías Taccetta y su gabinete no es nueva: es una continuidad de lo que ocurrió en 1937, cuando la comunidad fue desalojada por la fuerza de sus tierras. Utilizan estas herramientas porque saben que un desastre ambiental de esta magnitud terminaría por expulsar o fulminar definitivamente a nuestro pueblo”, concluyó Nahuelquir.
