La provincia oficializó una nueva versión del procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada tras más de un año de mesas de diálogo, pero desde la Organización Identidad Territorial Malalweche afirman que no se incluyeron sus observaciones y advierten que acudirán a la vía administrativa y judicial.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza aprobó y publicó el pasado 20 de julio la versión definitiva del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) para proyectos mineros. Según la versión oficial, la normativa fortalece las garantías de participación, la transparencia y la adecuación cultural tras un proceso de revisión que se extendió por más de un año con representantes de originarios de toda la provincia. Sin embargo, las comunidades indígenas denunciaron que sus demandas no fueron incorporadas en el texto final y anticiparon medidas normativas y judiciales contra el instrumento.
Desde el gobierno mendocino indicaron que el esquema adecua los procedimientos a la legislación vigente. De acuerdo con la información institucional, la medida suma flexibilidad, amplía plazos, habilita instancias de mediación intercultural y permite metodologías presenciales e itinerantes para la deliberación. En comunicación con infoterritorial, el vocero de la Organización Identidad Territorial Malalweche, Gabriel Jofré, expuso las fallas que persisten en la normativa y la falta de recepción de sus planteos técnicos durante las reuniones públicas. Adelantó que asistirán a la convocatoria de diálogo fijada para el próximo 6 de septiembre. Sin embargo, advirtió que mantendrán firmes sus reclamos técnicos, administrativos y judiciales frente a lo que consideran un manejo irresponsable e inconstitucional de los procesos de consulta previa y la normativa minera provincial.
Observaciones al protocolo
El origen de la actual mesa de diálogo responde a una impugnación presentada por las propias organizaciones indígenas tras la reforma al Código de Procedimiento Minero provincial y la creación del Distrito Minero Occidental en Malargüe en 2024. Según el referente mapuche, la respuesta gubernamental fue tardía e insuficiente, lo que motivó el recurso jerárquico que derivó en la apertura del expediente actual.
En relación con los encuentros previos, remarcó la falta de inclusión de los planteos indígenas en el protocolo definitivo: “En cada una de esas instancias hemos hecho las observaciones, la última se filmó y está cargada en el canal de YouTube de la Dirección de Minería. Son cuatro horas de una mesa de diálogo donde hicimos un montón de observaciones que en este protocolo no fueron incorporadas y que obviamente las vamos a hacer ahora por vía de procedimiento”.
Observaciones: https://www.youtube.com/live/Cj3SN2DGp_4?si=Hc0eq1e7gyVM543H
Asimismo, Jofré relató el itinerario de reclamos que los llevó incluso a instancias internacionales: “En la modificación del Código de procedimiento minero provincial, nosotros argumentamos y mandamos una impugnación de que no había habido consulta. En el Malargue – Distrito Minero también nos respondieron una barrabasada seis meses después y nos dijeron que ya no estaba en forma porque ya la ley había sido reglamentada por el Ejecutivo.”
En este contexto, “En el año 2025 vienen en ese ánimo de hacerse los que dan seguridad jurídica, hacen un convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y después sacan un protocolo de consulta que fue impugnado por parte nuestra”, resaltó.
La intervención de la CIDH
El dictamen desfavorable al protocolo y la reapertura de la discusión coinciden con las denuncias elevadas fuera del país. “En ese proceso, en esta misma fecha del año pasado, 24 de julio, las organizaciones Mapuche nos hicimos presentes en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alertamos sobre esto, una o dos semanas después la Provincia de Mendoza da lugar al proceso de impugnación que habíamos realizado a través de un recurso jerárquico. De ahí se abre este expediente que está hasta ahora”, explicó Jofré.
Sobre la efectividad de las consultas que intentaron llevarse a cabo hasta el momento, agregó: “Y ya desde el año pasado hay dos procesos de consulta que se intentaron iniciar y que fueron respondidos negativamente por las comunidades y lo han tenido que suspender hasta que esté el protocolo”. Para Malalweche, el gobierno provincial intenta alterar normas superiores mediante actos administrativos de menor jerarquía, al tiempo que omite la necesidad de una legislación integral que abarque todas las áreas del Estado.
Una ley provincial
Uno de los ejes centrales del reclamo apunta a la falta de un marco legal integral que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada en todas las áreas del Estado, y no únicamente de manera sectorial mediante resoluciones mineras.
“Hay una serie de incongruencias o, por lo menos, alertas en cuanto a cuál es el procedimiento administrativo y si esto impacta o no en la modificación de una ley. Por otro lado, también planteamos que no se puede aplicar solamente procedimientos de consulta sobre ámbitos reducidos del Estado provincial porque también hacemos una acción inconstitucional, reducimos el derecho indígena a procedimientos y no le damos los marcos operativos.”
Jofré también apuntó al rol del Estado nacional, las fallas en el marco de las facultades concurrentes y la desarticulación de organismos clave como el INAI: “Primero, que no hay una ley nacional de consulta, ni de propiedad comunitaria indígena, que ya está planteada en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de ‘Lhaka Honat’. El Estado nacional no lo ha hecho, se ha ido desprendiendo de su responsabilidad en nombre de las facultades concurrentes”. En este marco señaló que tanto la provincia de Mendoza, como el gobierno nacional junto al INAI impulsan las anulaciones de relevamientos territoriales: “ahora estamos en una disputa por una personería jurídica del Lof El Sosneado, hemos tenido audiencias en la Corte Suprema en estos procesos”
Frente a este escenario, la demanda principal se orienta a la creación de una norma marco de rango provincial: “Tiene que haber un marco de ley provincial, sino cada código de procedimiento y resolución aplicado solamente a una normativa, a un espacio del Estado, no se ajusta a la normativa general. Necesitamos una ley provincial de la consulta que dé marco a las políticas en salud, en educación, en desarrollo productivo. Para colmo después dicen que no nos pueden aplicar la consulta porque no saben dónde están las comunidades, porque no se han concluido los relevamientos o no tienen personería jurídica. Y ahora justamente el INAI -que disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI)- firmó un convenio el año pasado con la provincia y todavía no lo aplica. Entonces obviamente vamos a hacer todas esas observaciones.”
Convocatoria para el 6 de septiembre
A pesar de las críticas y de señalar las irregularidades del proceso, el referente de Malalweche ratificó la voluntad de las comunidades de asistir a la mesa convocada para el próximo 6 de septiembre. A su vez remarcó que no descartan otros canales si con el diálogo no alcanza: “si es necesario judicializarlo, lo judicializaremos y si esto tiene que volver atrás por vía administrativa, lo haremos por vía administrativa. Todas las vías las vamos a utilizar.”
