En el marco de una Mesa de Diálogo Intercultural realizada en Uspallata, representantes de los Pueblos Mapuche, Huarpe, Kolla y Quechua en la provincia rechazaron contundentemente el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada para proyectos mineros. La medida, oficializada por la Dirección de Minería de la provincia mediante la Resolución 500/26 y publicada en el Boletín Oficial, volvió a aprobarse sin el consentimiento ni la participación sustancial de las comunidades y familias originarias.
El nuevo protocolo, publicado en el Boletín Oficial el 20 de julio, reemplaza a la cuestionada Resolución 130/2025, impugnada por la Organización Identidad Territorial Malalweche por la falta de instancias reales de participación. Sin embargo, pese al proceso de revisión encarado por el gobierno provincial, las comunidades sostienen que el esquema mantiene los mismos vicios de origen.
En la mesa de diálogo de marzo se había acordado un nuevo encuentro en septiembre para debatir propuestas y alcanzar consensos. No obstante, el Gobierno de Mendoza resolvió la norma de manera anticipada y convocó a esta reunión para informar lo decidido unilateralmente.
La jornada se realizó en formato híbrido en el Centro Cultural Municipal de Uspallata. Autoridades comunitarias viajaron hasta seis horas bajo la nieve para participar. Entre las ausencias más señaladas figuró la del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), una falta que se enmarca en la política de desamparo e inacción que el organismo nacional viene sosteniendo hacia los Pueblos Originarios, en un claro beneficio para empresas y privados con intereses en sus territorios.
Rechazo total
Gabriel Jofré, werken (vocero) de la Organización Identidad Territorial Malalweche, confirmó que el conflicto ya fue judicializado: “Hemos interpuesto un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza para revisar el grado de constitucionalidad y de convencionalidad”.
El vocero subrayó que no aceptarán ningún proceso hasta obtener respuesta judicial: “No vamos a avalar ningún proceso de consulta en particular de una comunidad afectada hasta tanto y en cuanto no avance y no se dé respuesta a este pedido de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que hemos hecho y que estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en el grado de la independencia que debe tener, resuelva”.
Jofré también criticó la ausencia del INAI y denunció la falta de seguridad jurídica tras la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI): “Como la provincia de Mendoza no tiene registro, y derogaron el Registro Nacional, no tenemos seguridad jurídica. No sabemos dónde están las informaciones de nuestras comunidades, no sabemos inclusive hasta dónde están los archivos y los expedientes”.
Por su parte, Claudia Herrera, omta (autoridad espiritual) de la Comunidad Huarpe Guaytamari, detalló el reclamo administrativo presentado contra las resoluciones 130/25 y 500/26, exigiendo la “declaración de nulidad absoluta y su revocación por adolecer de graves vicios de legitimidad”. Herrera recordó además los antecedentes de incumplimiento estatal en otros proyectos: “En el caso de Guaytamari y las comunidades que participaron el año pasado y entregamos un consentimiento negativo referido al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, no nos sorprende ya que se incorporó la declaración de impacto ambiental a la legislatura sin haber incorporado este consentimiento. Por consiguiente, se ha violado el convenio 169 de la OIT“.
“Se coarta el derecho de los Pueblos Indígenas”
Herrera, advirtió que el protocolo pone a la Dirección de Minería en el rol de “juez y parte”: “Si no hay acuerdo, la autoridad puede decidir lo que considere conveniente, reduciendo la consulta a un trámite formal no vinculante”.
Finalmente cuestionó que el protocolo limite la consulta solo a proyectos mineros, cuando el estándar internacional exige aplicarla a cualquier medida que afecte a Pueblos Indígenas. También denunció que se condicione la participación sólo a comunidades que cuenten con personería jurídica: “El derecho a la consulta no puede depender de un registro administrativo. La preexistencia étnica es anterior al Estado-Nación”.
En esta misma línea, Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, abogada indígena perteneciente a los pueblos Quechua y Kolla, remarcó: “es un derecho de las comunidades solicitar o no su registro; es una obligación del Estado proveer los mecanismos para que se registren”.
Más voces
Mario Guaquinchay, integrante de la comunidad Huarpe Juan Antonio Guaquinchay, expuso los obstáculos logísticos que entorpecieron la llegada de otros representantes indígenas a la reunión y el incumplimiento del Estado para garantizar la asistencia: “Pasó que yo me pude inscribir en el correo, pero mi hijo, mi nieta no pudieron (…) ha pasado con varios hermanos que no han podido llegar a este lugar y de las organizaciones sociales que no les ha llegado el link”. Huachinachay cuestionó además los números oficiales de representación y reclamó una verdadera convocatoria territorial: “Dijeron que habían 18 comunidades y creo que son 5 o 6 comunidades más acá que estamos (…). Creo que es importante que en la próxima instancia estemos todos como Pueblos Originarios acá defendiendo los derechos que nos corresponden”.
Graciela Cos, de la Comunidad Huarpe Guaytamari, destacó el valor patrimonial de los territorios ancestrales: “El Qhapaq Ñan (Camino prehispánico) es patrimonio de la humanidad. No es compatible con la minería. Pensamos en las futuras generaciones, no queremos dejar un mundo destruido porque el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y todo lo demás nos dejan las manos atadas. Se llevan todos los bienes a la gente que ya nos saqueó y la gente que nos vino a esclavizar. No queremos seguir esclavizados”.
Dalmiro Agüero, integrante de la comunidad Huarpe Pinkanta, remarcó la urgencia de abordar la crisis del agua: “Nos quitaron el río hace más de 25 años. El agua del río era una de las fuentes que teníamos como para trabajar con los animales. Y Concluyó señalando el impacto del cambio climático en el territorio y la urgencia del recurso vital: “Sí o sí tenemos que trabajar en este sentido porque lo que se nos viene como cambio total es el tema del agua, pero sí sabemos que trabajándolo de otro punto de vista, subsanar el tema del agua se puede trabajar”.
Finalmente, Aliwen Silva, integrante de la Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena (CPI) en representación del Pueblo Mapuche en Mendoza, ratificó el respaldo absoluto a las decisiones de las comunidades de base y repudió el accionar del Estado. Silva denunció que los procedimientos oficiales están atravesados por un “racismo estructural y colonial” y una postura paternalista por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo al que acusó de vulnerar la participación de los pueblos y generar divisiones en los territorios.
¿Cómo vamos a poder avalar o celebrar lo que llaman un ‘hito histórico’, si por otro lado están ejerciendo otro genocidio silencioso? ¿Cómo vamos a establecer esa relación de confianza diplomática y política entre los Pueblos y los Estados Naciones, si avanzan con estos modelos económicos sobre nuestros territorios?, Cuestionó Aliwen.
Ante la falta de garantización de derechos, la representatividad del CPI anticipó la realización de una asamblea con referentes técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para presentar de forma oficial las denuncias por el incumplimiento del Convenio 169 y frenar el avance de modelos económicos extractivos sobre las tierras ancestrales.
Ante estos y más cuestionamientos expresados en Uspallata, las comunidades e integrantes de Pueblos Indígenas solicitaron la suspensión inmediata de los efectos del protocolo y propusieron que la próxima Mesa de Diálogo Intercultural se traslade al departamento de Lavalle, de modo que se garantice una participación territorial más amplia y representativa.
Imagen de portada: captura de pantalla
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