Tras el hallazgo del cuerpo de la maestra en Corrientes y la convocatoria a un paro nacional, en Chubut el colectivo autónomo Kim Trafintuwülun denunció la vulnerabilidad de las educadoras rurales y reclamó políticas públicas de prevención. La comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan también se pronunció exigiendo justicia.
El femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años hallada sin vida en el paraje El Malezal tras 21 días de búsqueda en Corrientes, conmocionó al país y dejó al descubierto las precarias condiciones laborales en la educación rural. Godoy se desempeñaba como directora suplente en la Escuela Rural N.° 626, ubicada dentro de la estancia «El Curupí», a la que debían asistir los hijos de los peones y pobladores del lugar. Para llegar al establecimiento, la docente debía trasladarse en vehículo hasta un sector del predio y luego recorrer a caballo, durante horas, caminos rurales, arroyos y lagunas de muy difícil acceso.
La aparición de su cuerpo desencadenó un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) bajo la consigna: “Justicia por Nancy. Nos falta una maestra”. En este marco de movilización, el reclamo resonó en todo el país. Entre las muestras de repudio destacó el pronunciamiento emitido desde la Patagonia por un colectivo de educadoras originarias, en un contexto atravesado por las graves advertencias que la propia docente había realizado semanas antes de su muerte.
Las denuncias previas sobre el abandono estatal
Antes de ser asesinada, Nancy Godoy dejó asentado formalmente el estado de abandono crítico en el que funcionaba la escuela. En un escrito fechado el 15 de agosto de 2026, respaldado por la firma de padres y vecinos, la docente describió el avanzado deterioro edilicio, que requirió dos días intensivos de limpieza solo para quedar en condiciones mínimas de habitabilidad.
La nota detallaba la falta de agua potable, baños inutilizables, paredes agrietadas, techos dañados, muebles sucios y la presencia de ratas y murciélagos, cuyo olor hacía inviable la permanencia. Para higienizar las instalaciones, Godoy -quien asumía simultáneamente roles de directora, maestra, portera y cocinera- debía buscar agua en una laguna o pedirla a los vecinos. La falta de documentación reciente evidenciaba que la institución funcionaba prácticamente en el olvido, al punto que la maestra llegó a calificarla en un audio como “una escuela fantasma, con alumnos fantasmas”.
Además, la docente dejó constancia de que el director titular llevaba entre dos y tres años sin concurrir a dar clases, pese a mantener su cargo, y denunció la falta total de controles por parte de la supervisión escolar. Esta situación afectó directamente su alojamiento: al no poder pernoctar en la escuela -un espacio más parecido a una tapera abandonada que a una institución pública- por la insalubridad del lugar. Sus denuncias previas integran hoy una de las hipótesis centrales de la investigación judicial para determinar las responsabilidades y el móvil del femicidio.
El reclamo desde la Patagonia
La comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan, cercana a la ciudad de Esquel calificó el hecho como una manifestación de la violencia sistemática contra las mujeres y visibilizó la doble vulnerabilidad de las docentes rurales, quienes desempeñan sus funciones en contextos desfavorables y con escasa contención del Estado.
“En estos días nuevamente la violencia sistemática se cobró la vida de una mujer, madre, esposa y docente que no solo esperaba una oportunidad laboral, sino que buscaba un futuro mejor para cada estudiante de la Escuela Rural N.° 626 de la provincia de Corrientes”, expresaron mediante un comunicado público.
En el mismo plantearon un reclamo concreto hacia las autoridades provinciales y nacionales para garantizar justicia y que se implementen medidas concretas de prevención de violencia de género. La comunidad remarcó que el ejercicio de la docencia en la ruralidad implica desafíos geográficos, estructurales y de seguridad que suelen ser ignorados por las gestiones públicas: “Nos sumamos al reclamo social por justicia para Nancy Godoy, para que su crimen no quede impune y se implementen políticas urgentes que condenen estos hechos de manera real y severa. Ninguna niña, mujer o anciana debe vivir en riesgo y con miedo”.
En este contexto, la comunidad interpeló directamente a los funcionarios con poder de decisión para que adopten medidas urgentes que mejoren las condiciones de infraestructura y seguridad de los trabajadores: “Cada trabajadora y trabajador merece condiciones dignas de trabajo, acompañamiento, seguridad y respeto, no solo social sino también institucional. Quienes toman decisiones y ocupan cargos públicos deben estar a la altura y al tanto de las necesidades, desafíos, distancias, riesgos y limitaciones que se presentan al trabajar en la ruralidad”, concluyeron.
Mujeres docentes indígenas
Por su parte, el Grupo Autónomo de Mujeres Docentes indígenas Kim Trafintuwülun, enfocado en la difusión de la interculturalidad, la educación y los derechos humanos en la Patagonia, manifestó su pesar por el crimen e hizo un contundente llamado de atención sobre la precarización laboral de las educadoras en Argentina.
El colectivo vinculó directamente el asesinato con un contexto generalizado de desprotección estatal: “Nancy ha sido víctima de un femicidio en un país donde la estadística de muertes de mujeres y diversidades sexuales aumenta día tras día, y donde ser educadora se convierte en un desafío permanente tras el abandono de los gobiernos, el vaciamiento de las instituciones y el empobrecimiento de la vida diaria”.
Frente a la investigación judicial en curso -que cuenta con cinco detenidos y evalúa hipótesis que van desde un ataque sexual hasta represalias por denuncias sobre cotos de caza ilegales o las irregularidades en el mantenimiento de la escuela-, la organización indígena remarcó la necesidad de una respuesta de fondo por parte del Estado: “Exigimos justicia para Nancy y su familia; exigimos políticas públicas que pongan el foco en la prevención de la violencia de género”.
Finalmente, el pronunciamiento apeló a la sociedad para resguardar la vida, respetar la diversidad y proteger a los sectores más vulnerados, señalando la necesidad imperiosa de avanzar hacia “una humanidad donde el respeto a todas las diferencias sea regla, una humanidad donde la diversidad nos enriquezca y no se convierta en un estigma”, para cerrar con la consigna: “¡KA KIÑE NO RUME! ¡NI UNA MENOS!”.
