A un año de la represión frente a la Casa de Gobierno, la resolución 155/26 del ministro Jorge Tobares bloquea el reconocimiento legal de los Lof Rañileo Cárdenas y Kelv Kura, vulnerando mandatos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que a través de la Resolución 155/26, el Poder Ejecutivo de Neuquén formalizó la negativa a otorgar la personería jurídica a las comunidades mapuche Rañileo Cárdenas y Kelv Kura. Esta medida administrativamente arbitraria ignora el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el artículo 53 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos jurídicos que imponen al Estado la obligación ineludible de respetar la preexistencia étnica y la autoidentificación de los Pueblos Indígenas.
El registro de la personería es una herramienta técnica y un derecho administrativo básico, imprescindible para que las comunidades puedan gestionar servicios esenciales, defender sus territorios históricos, tener representación legal plena ante la justicia y en los procesos enmarcados en la Ley de Consulta sancionada en 2023. Al negar este trámite, el gobierno provincial sumerge a las comunidades en una grave desprotección jurídica y cotidiana.
La decisión oficial se conoció exactamente a un año de las detenciones y la violenta represión que sufrieron los integrantes de las comunidades mapuche el 20 de julio del año pasado, cuando reclamaban pacíficamente la entrega de sus personerías jurídicas ante la sede gubernamental. Las comunidades expresaron que, lejos de garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los daños causados por el accionar policial, la gestión provincial sumó nuevos obstáculos burocráticos a un trámite que contaba con el aval técnico de los propios organismos oficiales y con el respaldo académico de la Universidad Nacional del Comahue.
Al referirse a la arbitrariedad de la medida dictada por la cartera provincial, el Inan Lonko Nelson Cárdenas Ranguileo remarcó durante una conferencia de prensa frente a la casa de gobierno provincial la falta de sustento legal de la resolución e indicó que “hace unos días el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, Jorge Tobares, nos envió la comunicación diciendo que nos denegaban la personería jurídica”, lo que calificó de inmediato como “un hecho totalmente ilegal, pues no tienen la autoridad como para denegar la personería jurídica a ninguna comunidad y no tienen la autoridad para decidir quién es Mapuche y quién no dentro de la provincia”.
En ese marco, la representación comunitaria enfatizó que la exigencia no responde a ningún capricho, sino al cumplimiento estricto de los requisitos que el propio Estado requirió con anterioridad. Al detallar el trayecto realizado y el aval técnico recabado para demostrar su presencia ancestral, Cárdenas Ranguileo explicó que “los profesionales de la universidad lograron, mediante estudios de cada uno de los casos y visitas a los territorios, un informe donde se acredita nuestra originalidad y donde dice que no hay ningún impedimento para otorgarnos la personería”, agregando además que los especialistas “pudieron recorrer nuestros territorios y comprobar nuestros lugares históricos, donde estamos asentados desde el año 1890”.
Ese arraigo territorial hunda sus raíces en una historia familiar ligada al despojo del siglo XIX. Al recordar el origen familiar y la lucha histórica que los sostiene en el territorio, el referente mapuche puntualizó que “somos descendientes de Venancio Rangileo, un Mapuche sobreviviente de la campaña del desierto, el cual fue secuestrado y vendido cuando la campaña llegó a Aluminé en el año 1882”, rescatando que su bisabuelo “vino a parar a la provincia de Buenos Aires a una estancia desde donde logró escaparse nuevamente y regresar a su territorio”, lo que convierte a la comunidad en “la clara muestra de la resiliencia del pueblo Mapuche”.
Por otra parte, la medida administrativa pone en evidencia una profunda contradicción social y cultural del discurso oficial. Mientras el Estado neuquino utiliza de forma folclórica la imagen de las tejedoras y artesanas mapuche para promocionar la identidad y el turismo provincial en grandes ferias nacionales, ignora los derechos elementales de esas mismas familias en sus territorios. Asimismo, el caso expone las paradojas de la matriz energética: las comunidades viven desprovistas de agua potable, luz y red de gas natural a pesar de encontrarse a escasa distancia de los yacimientos de Vaca Muerta.
Frente a esta brecha, Cárdenas Ranguileo desmintió rotundamente cualquier acusación de especulación económica al señalar que “nosotros estamos a 250 kilómetros de Vaca Muerta, donde no tenemos gas, ni agua, ni luz, podemos ser la muestra concreta de que no nos puede ningún interés en Vaca Muerta”. En la misma línea, sostuvo de manera categórica que “la personería jurídica nuestra es ni más ni menos que obtener el documento de identidad”, denunciando que eso mismo es lo que les están denegando en la actualidad.
Ante el cerco mediático provincial y la falta de canales formales de diálogo en Neuquén, las autoridades del Lof Rañileo Cárdenas visibilizaron el reclamo a nivel nacional. La postura de la Confederación Mapuche de Neuquén advierte que no renunciarán jamás a sus derechos, dejando en claro que “no es un funcionario quien va a decidir si somos mapuche o no”, sino “la memoria e historia de Venancio Rangileo, que defendió este territorio, a quien le rendimos tributo”. La organización ratificó que continuará el reclamo en todos los ámbitos judiciales y organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, exigiendo la anulación inmediata de la Resolución 155/26.
Foto de portada: equipo de comunicación de la Confederación Mapuche de Neuquén
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