Repudios ante a inminente desalojo en territorio de Lof Mapuche Coronado Inalef
Se trata de 7 hectáreas de la comunidad mapuche ubicada en ”Rinconada de Inalef “del Paraje Mallín Ahogado, en la localidad de El Bolsón, provincia de Rio Negro. Denuncian el despojo en favor de intereses inmobiliarios.
El plazo dispuesto por el Juez de Garantías de Bariloche, Juan Pablo Laurence, para que los integrantes de la comunidad Coronado Inalef abandonen de manera voluntaria un sector del territorio en conflicto era hasta el 15 de marzo. La defensora pública, Natalia Araya, había anunciado que pediría la impugnación del fallo, pero en la audiencia del 14 de marzo a cargo del Juez Juan Martín Arroyo no se dió lugar a la solicitud de la abogada.
EL mismo día de vencimiento del plazo, el Fiscal Francisco Arrien se presentó acompañado de oficiales de la policía de Río Negro en el territorio comunitario para dar inicio al desalojo forzoso. La comunidad Coronado Inalef rechazó la orden judicial. “En esas casi 3 horas que el fiscal Arrien estuvo en el lugar presionandonos si íbamos a dejar o no nuestro propio territorio, estuvimos sin la posibilidad de contar con nuestra defensora legal quien se encontraba defendiendo a la comunidad Mapuche Buenuleo en un juicio por usurpación. El fiscal Arrien aprovechó está situación de vulnerabilidad para intimidarnos” , sostuvo la lof en un comunicado público en el que informaron que al no haberse producido el retiro voluntario, el desalojo se realizaría el 18 de marzo. Aunque esto aún no sucedió, se espera el operativo previsto en estos días. También, la comunidad expresó su rechazo hacia el fiscal , a quien acusan de ser uno de los responsables de despojar a comunidades de la zona como Quemquemtrew o Gallardo Calfú, “marca su prontuario al asumir y posicionarse al frente en un rol activo en los desalojos a comunidades Mapuche”, señalaron.
La comunidad cercana a la localidad de El Bolsón, denunció la complicidad del Poder Judicial en estos desalojos, que debería garantizar los derechos colectivos culturales, territoriales y espirituales de las comunidades indígenas en lugar de dictar órdenes de desalojo. “Hoy, 15 de Marzo se ensañó nuevamente con la población indígena, arremetiendo contra 4 mujeres abuela, madre e hijas, productoras rurales que históricamente fueron violentadas por los estados y empresarios para lograr expropiar su territorio (… )Esto recuerda un pasado oscuro de despojo que hoy rememora nuestra abuela Sara Inalef de 93 años.”, repudió la comunidad compuesta mayoritariamente por mujeres.
Repercusiones y repudios
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió una nota al Procurador General de la Provincia de Río Negro Jorge Crespo, expresando su preocupación por el posible desalojo. En la misma, suscripta por Diego Morales, director del área de Litigio Estratégico y Defensa Legal y María José Venancio, abogada del EquipoTierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, se expresó que “de llevarse a cabo el desalojo se estaría provocando un gravamen irreparable a la comunidad indígena”
En el texto presentado se abordaron los fundamentos legales sobre el derecho al territorio de los pueblos indígenas, resaltando diversas normativas nacionales e internacionales y fallos que respaldan y protegen los derechos pueblos indígenas, subrayando la importancia de la propiedad comunitaria y la consulta previa en decisiones que afecten a estas comunidades.
En este sentido, el CELS invocó, entre otros, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, La Ley Nacional N° 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras de comunidades indígenas, suspendiendo desalojos y estableciendo relevamientos territoriales y el Decreto N° 1122/07 habilita el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, siendo el INAI la autoridad de aplicación.
A su vez, en el escrito se destacó la Sentencia de Lhaka Honhat, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina”, donde se reconoció el derecho de los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y a su propiedad ancestral y un título único y se exigió al Estado argentino adoptar medidas para garantizar la propiedad comunitaria indígena y la consulta previa, libre e informada.
Por otro lado, desde el grupo de mujeres mapuche “Witralein Pu Zomo” emitieron un comunicado público mencionando: “Nuestras (lamgen) hermanas han resistido históricamente, defendiendo el territorio comunitario, ejerciendo la posesión ancestral. En este sentido, puntualizaron que la anciana Sara Inalef, es nacida y criada en su espacio territorial y que junto a sus hijas, productoras rurales, históricamente fueron violentadas por el Estado, empresarios e intereses inmobiliarios que buscan expropiar sus territorios.
Las mujeres mapuche, además, indicaron el accionar del Fiscal Francisco Arrien por considerar que es “quien viene ejerciendo violencia de género en contra de nuestra mujeres”.“Es lamentable que en estos tiempos tengamos que revivir la época dolorosa de despojo de los territorios, por eso hoy hacemos responsable al fiscal de cualquier hecho grave que pueda pasar.”, enfatizaron.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste Chubut repudió el doble criterio del accionar de la justicia: “Mientras tanto, a pocos kilómetros, Joe Lewis desobedece fallos judiciales que ordenan abrir el camino que conduce a Lago Escondido. Más hacia el este, capitales cataríes alambran las nacientes del río Chubut y cercan las veranadas de las Comunidades. Nadie sabe bien cómo se hicieron dueños de miles de hectáreas. Hay denuncias y pedidos a la Justicia para saberlo; pero va todo muy lento y a ningún Fiscal se le ocurre iniciar una investigación.”
La reciente reforma de la Ley de Tierras por parte de la Legislatura de Río Negro también fue señalada en el comunicado, por haberse realizado sin cumplir con la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades mapuche. Respecto a este cambio de ley, APDH Noroeste señaló que “ todo indica que la reforma tiene como objetivo avanzar sobre sus territorios con el extractivismo; y permitir que más extranjeros compren la tierra”
De igual manera, desde APDH Noroeste, mencionaron la aprobación de una Ordenanza por parte del Concejo Deliberante de El Bolsón que cambia el uso del suelo en Mallín Ahogado, convirtiendo la tierra rural en urbanizable, lo que podría estar relacionado con la urgencia de desalojar a la Lof Coronado Inalef.
Finalmente, el comunicado expresó un contundente repudio al accionar de la Justicia de Río Negro en lo que respecta a los derechos del pueblo originario, señalando al Fiscal Francisco Arrien como un instrumento del despojo y los intereses inmobiliarios y reclamaron un cambio en esta orientación, exigiendo que los conflictos territoriales se traten bajo el paradigma del derecho indígena y no en el fuero penal.
📷Frente popular Darío Santillán Corriente Plurinacional
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