Luego de permanecer nueve días detenido, el juez federal Ariel Lijo decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Franco Matías Javier Oscari por considerarlo autor penalmente responsable del delito de coacción agravada. La medida dispuso la inmediata libertad del joven oriundo de Jujuy, bajo estrictas reglas de conducta.
Escribe: Roxana Sposaro
De acuerdo con la resolución judicial, Oscari mantendrá su procesamiento pero fue excarcelado debido a que se completaron las medidas probatorias pendientes. No obstante, el magistrado le impuso la obligación de presentarse mensualmente ante la Unidad Operativa Federal de Jujuy en San Salvador de Jujuy, la prohibición de salir del país y el deber de informar al tribunal si planea egresar de su provincia de residencia. Asimismo, se fijó un embargo sobre sus bienes por la suma de 700.000 pesos.
Militancia y reclamos socioambientales
Franco Oscari tiene 26 años, es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina y de la organización Tierra Fértil. Sus allegados, su familia y los pobladores del paraje rural Las Goteras, en la localidad de Palma Sola, sostienen activamente una lucha contra la contaminación y destrucción ambiental atribuida a la actividad de la minera “Martín Bronce”. La detención del joven motivó la conformación de la “Coordinadora por la Libertad de Franco Oscari“, la cual impulsó movilizaciones, un petitorio que reunió más de mil firmas y una difusión en redes sociales que se extendió a nivel nacional. Tras notificarse la excarcelación, la organización emitió la siguiente placa con un comunicado público celebrando la decisión:
La postura de la defensa: accesos sospechosos y peritaje celular
La defensa técnica del imputado, a cargo de las abogadas Paula Alvarado Mamani, Samanta Delgado y María José Castillo, cuestionó en duros términos la decisión de mantener el procesamiento, adelantando que apelarán el fallo ante la Cámara Federal por considerarlo arbitrario.
En comunicación con infoterritorial, la Dra. Paula Alvarado detalló los fundamentos técnicos del expediente que, a su criterio, contradicen la acusación fiscal: “La decisión de revocar la prisión preventiva se fundamentó en los resultados de las pericias oficiales realizadas por la Policía Federal sobre su teléfono celular, las cuales dieron completamente negativas. A pesar de la falta de pruebas directas en el dispositivo, el magistrado mantuvo el procesamiento debido a que se detectó que la cuenta de Facebook de Oscari registraba accesos sospechosos desde locaciones en Buenos Aires (a más de 1300 km de su domicilio), lo que sugiere un posible hackeo o uso de identidad por parte de terceros”. Ante esta situación, la defensa del joven calificó el procesamiento de arbitrario y anunció que presentará una apelación ante la Cámara Federal para revertir la acusación definitiva.
Denuncias por traslados forzosos e irregularidades en la detención
El arresto de Oscari se produjo el pasado 23 de junio en su domicilio rural, ubicado en el departamento de Santa Bárbara. La abogada Samanta Delgado, reconstruyó de manera crítica los días previos a la liberación, denunciando vejámenes e irregularidades en el itinerario de detención que debió sufrir el trabajador rural: “Desde el allanamiento violento el día de su detención, Franco ha sufrido una serie de ejecuciones violentas a cargo de la Policía Federal de Jujuy en la cual se dispuso su traslado forzoso desde el lugar donde estaba alojado en la capital jujeña hacia diferentes jurisdicciones del NOA con destino a Buenos Aires”.
La letrada continuó detallando la incertidumbre que generaron los traslados y las acciones legales que debió articular la defensa para frenar la derivación hacia Buenos Aires: “Desde el lugar donde estaba alojado en San Salvador pasó a Salta, de Salta a San Miguel de Tucumán, en donde se suspendió el traslado gracias a las presentaciones efectuadas por su defensa y luego se resolvió que Franco regresara a la ciudad de Salta. En todo ese proceso de traslados, Franco fue sometido en cada ingreso a las delegaciones a desnudos y en estado de incomunicación absoluta. A raíz de esa situación es que se interpuso un Habeas Corpus en la justicia federal, teniendo en cuenta que durante un día que se desconoció su paradero”.
Finalmente, precisó la intervención de la justicia federal salteña y el dictamen del Ministerio Público que obligó a reconducir al imputado a su provincia de origen:
“Recién el pasado 1 de julio se llevó a cabo la audiencia de Habeas Corpus en el Juzgado Federal de Jujuy. La medida se tomó luego de que el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Salta, Ariel Villalba, emitiera un dictamen en el que comparó los traslados sufridos por el detenido con las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo durante un estado de sitio”. En consecuencia, el juez federal de Jujuy, Esteban Hansen, ordenó el traslado inmediato de Franco hacia dicha provincia.
La defensa cuestionó severamente los argumentos iniciales del juez Lijo relativos al peligro de fuga, señalando que la resolución que le denegaba la excarcelación basaba los supuestos riesgos procesales en “ser un sujeto campesino que vive en la ruralidad, que por no tener un trabajo formal, que por no tener acceso a internet, que por vivir en un lugar de difícil acceso, considera Franco que puede fugarse del proceso y del sometimiento a la justicia”. Tras confirmarse las pericias telefónicas oficiales con resultado negativo para los patrones de búsqueda vinculados a la funcionaria, la situación carcelaria se revirtió permitiendo que el joven continúe bajo el proceso judicial en libertad. En este contexto, comunidades rurales y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos advirtieron que continuarán movilizadas hasta conseguir el desprocesamiento definitivo del joven campesino.
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