En paralelo a la orden judicial para completar el desalojo inconcluso del 19 de agosto, el gobernador Rolando Figueroa reconoció la personería jurídica de la histórica comunidad mapuche. Mientras el Lof Melo valora la medida como el fin de la discusión sobre un “conflicto entre privados”, la Confederación Mapuche cuestiona si el acto busca ser un reconocimiento real o una maniobra de distracción frente al inminente despojo en el Lote Pastoril 42.
En un escenario marcado por el incumplimiento sistemático en la entrega de personerías y acciones judiciales contra comunidades mapuche que habitan históricamente en la actual provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa, firmó el decreto que otorga el reconocimiento formal de la existencia legal y aprueba el estatuto comunitario del Lof Melo, con domicilio en el paraje Paso Coihue.
La norma administrativa -procesada a través de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, la Subsecretaría de Gobierno y Justicia y la Dirección Provincial Legal y Técnica- establece que el Lof Melo validó su constitución mediante un acta firmada el 27 de septiembre de 2014 y aprobó su estatuto el 18 de agosto del mismo año. Entre los fundamentos, el Poder Ejecutivo neuquino señaló que la comunidad acreditó los requisitos exigidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el Convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional 23.302, el Código Civil y Comercial, y el convenio marco suscripto entre la Provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El decreto oficializado se dicta en un contexto de intento de despojo territorial sobre las lof Kinxikew y Melo, un predio de 625 hectáreas ubicado en el paraje El Pedregoso, sobre la Ruta Nacional 40, entre Villa La Angostura y Bariloche. El pasado 19 de agosto, efectivos de la Policía de Neuquén y Gendarmería ejecutaron un desalojo parcial sobre la franja del perilago del Lago Nahuel Huapi, sector ocupado por la Lof Kinxikew. Sin embargo, el operativo debió interrumpirse al cruzar la ruta hacia la fracción habitada por la Lof Melo debido a la presencia de menores, la falta de protocolos de protección de la infancia y el repudio masivo de comunidades, vecinos y sociedad en general que se viralizó por redes en todo el país.
Tras ese episodio, el juez Francisco Astoul Bonorino libró un nuevo mandamiento para concretar el desalojo pendiente a favor de María Cristina Broers, quien litiga la titularidad dominial del inmueble sin haber vivido nunca en el territorio ocupado históricamente por las comunidades. En este contexto de máxima alerta para las Lof Melo y Kinxikew, se concreta el reconocimiento de la personería jurídica.
La postura de la comunidad
Tras la firma del decreto, el lonko del Lof Melo, Lucas Melo, valoró el reconocimiento pero advirtió sobre el impacto emocional que atraviesa su comunidad ante el avance judicial:
“Finalmente el Estado provincial tuvo que reconocer la existencia física y jurídica del lof Melo. El gobierno nos otorgó la Personería Jurídica y, con este acto, se cerró la discusión: este conflicto no es un conflicto entre privados. La personería jurídica es el DNI colectivo de una comunidad mapuche, algo que viene negando sistemáticamente el juez Bonorino y la terrateniente Cristina Broers, a través de su abogado Guillermo Hensel.”
La autoridad comunitaria remarcó además la vigencia de la amenaza operativa: “La situación de un inminente desalojo no ha cesado, generando una carga emocional sobre mi comunidad, los niños, niñas, jóvenes, pu zomo, pu wentru y las personas mayores. A quienes nos llevará mucho tiempo reparar todo el daño ya causado (…). Sabemos que si el juez Bonorino mantiene esta postura negacionista y racista hacia nuestra lof y pretende llevar adelante este desalojo, estos acompañamientos se van a multiplicar por todo el territorio.”
La Confederación Mapuche
Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un pronunciamiento público bajo el título “¿Reconocimiento o acto de distracción?”, cuestionando los alcances reales de la resolución en medio del despliegue represivo y judicial: “El gobierno de Figueroa/Tobares acaba de firmar el decreto que otorga la Personería Jurídica a Lof Melo. Esta decisión política tardía puede responder a una de dos causas: 1. Si el gobierno otorga la GEOP (fuerza represiva) para el desalojo, sin intervenir de manera urgente ante el desatino del Juez Bonorino, la Personería otorgada es un premio consuelo hipócrita. ¿Por qué cuál es el sentido de obtener una Personería Jurídica si se despoja de su territorio al Lof Melo? 2. Si el acto del gobierno es ajustarse a la ley y la constitución, éste debe intervenir ante el Juez y actuar como garante del derecho territorial del Lof Melo (…) Lo que ocurra en las próximas horas, dejará en claro las intenciones de Figueroa/Tobares“, advirtieron.
Mientras el mandamiento judicial dictado por Bonorino mantiene la autorización policial para completar el desalojo de las tierras mapuche, las comunidades aguardan la postura final del Ejecutivo provincial respecto a la ejecución del desalojo.
Piden suspensión del desalojo
En este contexto, el abogado representante de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, enfatizó que la situación legal ha cambiado de manera sustancial a partir del reconocimiento legal de Lof Melo por parte de la provincia. De acuerdo con el letrado, este estatus jurídico invalida la premisa sobre la cual se impulsó la medida de fuerza.
“Estamos pidiendo que se suspenda el desalojo por el hecho nuevo sobreviniente. Melo nunca fue demandado y no son simples ocupantes, es una comunidad indígena. Al reconocer la provincia formalmente ese estatus jurídico se debe cumplir con la tutela efectiva de los derechos de la comunidad por aplicación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Lhaka Honat “, que obliga a resguardar los derechos de la comunidad”, sostuvo Sánchez.
La defensa apoya su reclamo en la jurisprudencia de la Corte IDH, haciendo especial referencia al histórico caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Dicho fallo sienta un precedente vinculante para el Estado argentino, al establecer la obligación irrenunciable de delimitar, demarcar y titular las tierras ancestrales, garantizando la seguridad jurídica y evitando el despojo de los Pueblos Originarios.
Con este planteo, la representación legal de la Lof Meli Y Kinxikew busca frenar el desalojo y reabrir una instancia institucional que garantice el respeto a los convenios internacionales y la legislación nacional en materia de derechos indígenas.
Foto: Lof Melo
