El fallecimiento de un bebé Qom de cuatro meses, sumado al de otros miembros de la comunidad, expuso una trama de precariedad sanitaria, reclamos acumulados y presuntas irregularidades en el Hospital Dante Tardelli. La presión sostenida de madres y abuelas indígenas logró la intervención del centro de salud, mientras la Justicia exige al Estado provincial garantizar medicamentos y atención para la población más vulnerable.
La intervención del Hospital Dante Tardelli de Pampa del Indio y el desplazamiento de su conducción llegaron después de meses de denuncias públicas, asambleas comunitarias y reclamos encabezados por mujeres Qom que encontraron en la muerte de Nehemías Paredes, un bebé de cuatro meses, el símbolo más doloroso de una crisis sanitaria que las “Madres y Abuelas Qom” denuncian que lleva años profundizándose como parte de una “masacre silenciosa”.
La investigación judicial por la muerte de Nehemías continúa abierta y su familia aún espera acceder al informe de autopsia. Sin embargo, la mediatización de este caso y otras muertes en el mismo contexto terminaron precipitando la intervención de un hospital cuestionado por la falta de médicos, insumos y respuestas ante situaciones críticas.
Isabel Paredes, docente jubilada, comunicadora social e integrante del pueblo Qom, recuerda la noche del 27 de septiembre, cuando su nieto ingresó al hospital. “Según el informe hospitalario, llegó deshidratado y con paro cardiorrespiratorio. Lo grave es que, durante más de una hora, la doctora que estuvo a cargo no pudo o no buscó la manera de socorrer o al menos hacer algo por esa criatura”, relató en comunicación con infoterritorial.
La familia cuestiona no sólo la atención médica, sino también el trato posterior al fallecimiento. Según Isabel, la madre recibió el acta de defunción durante la madrugada y la doctora le sugirió a la madre de Nehemías “que se ocupe de pedir el cajoncito correspondiente para velarlo y que lo pida a la municipalidad”.
“Toda la noche el niño fallecido permaneció en su changuito. Teniendo el hospital una morgue, si tuvieran un poco de humanidad hubiesen esperado y mantenido el cuerpo en ese lugar hasta que nosotros como familia nos organicemos para velarlo”, sostuvo.
Al día siguiente, Isabel acompañó a la madre de Nehemías a presentar la denuncia judicial. El cuerpo del bebé fue trasladado hasta la localidad de Libertador San Martín, a unos 100 kilómetros de Pampa del Indio, para realizarle la autopsia. Ese momento marcó el inicio de una organización que pronto trascendió el sufrimiento familiar.
“A partir de ahí nosotros empezamos a constituirnos como Abuelas y Madres Qom – La’vill-llaxac nam ‘alpi Qomlashepi y salimos a manifestarnos frente al hospital, con nuestro dolor y nuestra bronca ante estas atrocidades que nos pasaron como familia”, recordó.
Lo que la familia desconocía entonces era que la crisis sanitaria de Pampa del Indio ya había llegado a los tribunales meses antes. El 30 de junio, el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1 de Juan José Castelli, a cargo del juez Gonzalo Leandro García Veritá, ordenó al Estado provincial acreditar en 24 horas el cumplimiento de prestaciones sanitarias exigidas por una medida cautelar previa, bajo apercibimiento de sanciones procesales. La resolución dispuso garantizar medicamentos esenciales y la continuidad de tratamientos en el Hospital de Pampa del Indio y en centros de salud rurales, con prioridad para niños, embarazadas, personas mayores y pacientes con tuberculosis, diabetes, hipertensión y otras patologías.
La medida judicial tuvo su origen en un amparo impulsado por referentes indígenas agrupados en el Frente de Lucha de Comunidades Indígenas, que denunciaron escasez de médicos, medicamentos, ambulancias y atención sanitaria adecuada. La decisión había sido apelada por la Fiscalía de Estado, pero la Cámara de Apelaciones rechazó la impugnación y ratificó la cautelar.
Para ese entonces, ya se habían hecho públicas las denuncias por la muerte de otro bebé y de una mujer embarazada en el mismo hospital. El 26 de agosto falleció Fernando Dylan Méndez, también un niño Qom de cuatro meses, con dificultades respiratorias, deshidratación y signos de desnutrición. El 30 de agosto murió Sara Torres, de 30 años, embarazada y madre de tres niños, quien soportaba un cuadro de anemia grave.
La coincidencia temporal resulta alarmante. Cuando murió Nehemías, la Justicia ya había advertido sobre problemas estructurales en el sistema sanitario local, pero el Ministerio de Salud siguió sin cumplir la medida cautelar.
Durante las protestas surgieron nuevos casos. A principios de noviembre circuló en redes sociales un video en el que se observa a una mujer internada en el Hospital Dante Tardelli llorar de dolor, mientras quien graba cuestiona: “Este es el hospital de Pampa del Indio; así están los pacientes, gritando, no hay doctor, no hay nada, no hay remedio”. Días después, la paciente falleció. “Mi mamá fue abandonada porque es indígena, si era blanca estaría viva”, expresó Reinaldo Gómez ante el medio local REdes Chaco. En este marco, denunció por homicidio culposo y abandono de persona al ministro de Salud, Ricardo Mayol; a la directora del hospital Dante Tardelli, Andrea Maidana; y al médico que se encontraba de guardia.
Para las mujeres que encabezan las manifestaciones, estos episodios responden a un patrón común de desmantelamiento de la salud pública y racismo hacia los Pueblos Indígenas en la provincia. “En el hospital no hay insumos, no hay recursos, no hay personal. Tenemos solamente tres médicos que viven acá y trabajan en el hospital”, afirmó Isabel.
Los reclamos apuntaron especialmente a la ausencia de pediatras permanentes, la falta de cobertura completa de guardias médicas, el deterioro del sistema de emergencias, la necesidad de nuevas ambulancias y la ausencia de seguimiento sanitario para niños con cuadros nutricionales complejos.
Además, los trabajadores denunciaron persecución laboral, hostigamiento y demoras en el cobro de salarios. Esos testimonios comenzaron a conocerse durante las asambleas abiertas desarrolladas frente al hospital y fueron difundidos por las redes sociales. “Todos nuestros pedidos empezaban con la renuncia de esta directora, porque ya el diálogo no era bueno, es muy soberbia, no se podía hablar con ella, nos cuestionaba nuestro petitorio cuando nosotras, por educación, queríamos que ella sea el puente entre nosotros y el ministerio, pero no fue así”, expresó.
Las protestas crecieron semana tras semana. Lo que comenzó con dos mujeres sosteniendo carteles frente al hospital terminó convirtiéndose en un espacio asambleario y de participación comunitaria. “Aunque nuestra intención era dialogar, nos mandaban siempre a la policía. Inclusive el primer día, que éramos sólo dos mujeres, llegaron policías con un camión cisterna”, recordó.
Finalmente, el 10 de noviembre el Ministerio de Salud intervino el Hospital Dante Tardelli y desplazó a la directora cuestionada. La medida fue anunciada por el Dr. Pablo Jokmanovich, titular de la Región Sanitaria VI, como parte de una reorganización institucional orientada a garantizar cobertura médica permanente y normalizar el funcionamiento del establecimiento. Sin embargo, Maidana -si bien fue apartada de la dirección- fue nombrada posteriormente como responsable de coordinar y supervisar el funcionamiento de la guardia de emergencias.
Para las Madres y Abuelas Qom, el movimiento de autoridades no cierra el conflicto. En este marco exigen que Maidana sea apartada de cualquier cargo en el hospital. “Nosotros seguimos en alerta porque tenemos nuestro petitorio y el Estado debe garantizarnos todos los puntos que habíamos plasmado”, advirtió Isabel.
La emergencia sanitaria se desarrolla además sobre un escenario de creciente vulneración económica y social. Las inundaciones, las dificultades de los pequeños productores, los recortes en programas de asistencia y el aumento del costo de vida golpean especialmente a las comunidades rurales e indígenas. “Nuestras comunidades tienen las costumbres de una cultura milenaria y que siempre han mantenido, de ayudarse unos a otros en situaciones críticas para que sus niños y los adultos puedan tener el alimento que necesitan, pero hoy, el campo está empobrecido. Hay familias que tienen que elegir entre comer o pagar la boleta de luz», explicó.
Por eso, las muertes en el hospital local terminaron convirtiéndose en algo más que tragedias individuales. Expusieron un sistema donde convergen pobreza estructural, deficiencias sanitarias, incumplimientos estatales y desigualdades históricas que afectan a los Pueblos Indígenas.
“Lo que está pasando lo denominamos como una ‘masacre silenciosa’. Nosotros lo vivimos, lo palpamos, y todos los días se nos muere un nieto, un sobrino, niños de la comunidad y parece que ya la gente lo toma como natural. Por eso lo empezamos a visibilizar”, remarcó.
Mientras la Justicia exige el cumplimiento de sus resoluciones y el hospital atraviesa un proceso de intervención, la pregunta que recorre Pampa del Indio sigue abierta: ¿No alcanzan las muertes, la movilización de las mujeres Qom y una orden judicial para que el Estado provincial, a cargo del gobernador Leandro Zdero, cumpla con los derechos humanos básicos como una alimentación adecuada y el acceso a la salud?
“Ya no vamos a tener más a Nehemías con nosotros, pero queremos mejorar esto, tenemos que luchar para que se mejore esta situación, porque no queremos que otros niños se mueran en esas condiciones. Entonces tenemos que ir y manifestar, tenemos que llamar a otras mamás, a otras abuelas, a otros hermanos también para que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó Isabel.
