Fallo favorable para Lof Catriman Colihueque
En un nuevo revés para los empresarios Alejandro Samamé y Nahuel Serra, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la sentencia que favorece a la Comunidad Mapuche Tehuelche Catriman Colihueque en el conflicto por las tierras indígenas del Lote 5 “Laguna El Martillo”, en una zona lindera al Parque Nacional Los Alerces.
La decisión judicial, emitida el pasado 28 de octubre, desestima el recurso de queja presentado por un integrante de la Sociedad Rural de Esquel, Alejandro Samamé y uno de los socios principales de “SERRA SRL”, una empresa distribuidora y mayorista, Nahuel Serra. Ambos habían impugnado una sentencia previa de la Cámara de Apelaciones de Esquel. El máximo tribunal chubutense consideró que los argumentos esgrimidos por los apelantes eran insuficientes para modificar la resolución anterior.
Si bien el interdicto no es una sentencia definitiva que resuelva el conflicto, este fallo es especialmente relevante para la Comunidad Mapuche Tehuelche Catriman Colihueque, ya que resalta las implicancias legales en torno a los derechos territoriales indígenas.
Desde la época de la pandemia, cuando se inicia el conflicto, la Lof Catriman Colihueque ha enfrentado numerosos desafíos legales en su lucha por el reconocimiento y protección de sus derechos sobre las tierras que ocupan. La disputa por el territorio incluyó violencia de género y amenazas por parte de los puesteros de los empresarios, Manuel Flores y Walter Ñancucheo, lo que derivó en reiteradas órdenes judiciales de prohibición de acceso, contacto y acercamiento hacia Isabel Catrimán.
El caso de Catriman Colihueque demuestra cómo los negocios inmobiliarios y de privados avanzan sobre los territorios, ocupados históricamente por comunidades, ante la falta de acción del Estado provincial para cumplir con la normativa y las sentencias que ordenan el proceso de consulta y participación indígena respecto a las denominadas “tierras fiscales”.
La responsabilidad del Instituto Autárquico Colonizador
En Chubut, la legislación que le corresponde aplicar al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (I.A.C), en todos los trámites vinculados al manejo de la tierra pública ocupadas por indígenas, es la Ley I N° 157. Los artículos 39 a 48 y 51 tratan sobre las tierras fiscales ocupadas por indígenas y crea la Comisión de Tierras Indígenas (CTI) con el fin de identificar esas tierras y dictaminar en todas las actuaciones administrativas y acuerdos de linderos en donde intervengan miembros de los pueblos indígenas.
La CTI debería haberse conformado en 1992 para dictaminar en forma obligatoria, cuando al menos una de las partes fuera Indígena. Los sucesivos gobiernos provinciales incumplieron su conformación; mientras tanto, durante esos años el IAC incumpliendo la normativa otorgó anuencias para la división y venta de derechos de posesión de tierras, ocupadas por comunidades originarias, a particulares y empresarios.
En 2021 el gobernador Mariano Arcioni, mediante el decreto 112, intentó conformar la CTI de manera unilateral, sin tener en cuenta la amplia legislación que obliga al Estado a la consulta y participación indígena en estos casos. Ante esto las comunidades mapuche tehuelche de la provincia presentaron una demanda judicial solicitando la nulidad del decreto.
En noviembre del 2023 el Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró la inconstitucionalidad de ese decreto, y exhortó a la provincia para que en el menor tiempo posible ponga en funcionamiento la CTI.
En este contexto, en 2020, mediante el accionar irregular del IAC, Sayi Serra, Alicia Bordas de Samamé y Martín Famulari, adquirieron “el derecho a poseer” parte del territorio que Isabel Catriman y su familia habitan.
La provincia persiste en el incumplimiento
A pesar de la clara sentencia judicial, el gobierno de Chubut continúa incumpliendo la ley y los fallos judiciales y la CTI sigue sin conformarse. Según trascendió, se estaría trabajando en un nuevo proyecto de ley que, lejos de solucionar el problema, podría agravar la situación, al carecer de la necesaria consulta previa a las comunidades indígenas.
Esta situación evidencia una profunda desigualdad y un marcado desequilibrio en el trato del Estado de Chubut hacia el Pueblo Mapuche Tehuelche, en relación con privados y empresarios. Es fundamental que las autoridades provinciales cumplan con la ley y garanticen la participación efectiva de las comunidades originarias en la toma de decisiones que afectan sus territorios.
Foto: Roxana Sposaro
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