Novedades del amparo ambiental por obras en el perilago de Cruz del Eje
El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje no detiene las obras en curso, pero habilita la incorporación de información y peritajes técnicos sobre recursos hídricos y biodiversidad. Esta medida refuerza las denuncias contra los proyectos en el perilago de Cruz del Eje, cuestionados por graves deficiencias en sus estudios de impacto ambiental.
En febrero de 2026, la Cámara de Cruz del Eje levantó la medida cautelar que protegía áreas de Zona Roja de bosque nativo y la Reserva Arqueológica Quilpo. Esta resolución, que revirtió la protección dictada en diciembre de 2025, habilitó la continuidad de las obras del Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago. El proyecto afecta el territorio de la Comunidad Indígena Comechingona Sanavirón Tulián, zona clasificada como “intangible del bosque nativo, y la Reserva Arqueológica Quilpo.
El proyecto estatal-privado incluye la pavimentación de diez kilómetros de ruta, redes de gas, agua potable y una planta de tratamiento de efluentes cloacales proyectada para unas 500 personas. No obstante, el eje central de la iniciativa responde a un negocio inmobiliario de la Lotería de la Provincia: un mega emprendimiento que proyecta un hotel cinco estrellas con casino, restaurante y 60 habitaciones. Además, el plan contempla dos perforaciones de 80 metros de profundidad en el cauce del río San Marcos para extraer 20.000 litros de agua por hora, lo cual compromete el suministro de la población de San Marcos Sierras.
Falta de transparencia
En este escenario de avance de obras, la Secretaría de Desarrollo Sostenible de Córdoba convocó a una audiencia pública digital para el próximo 1 de junio. El objetivo es evaluar el estudio de impacto ambiental de la Cantera Los Sauces, impulsada por la firma Vial RG S.A. en una zona rural del departamento Cruz del Eje.
La comunidad indígena ya había advertido en 2025 sobre desmontes realizados por esta empresa en la misma zona y sin autorización. La comunidad comechingona y los vecinos autoconvocados denunció por esos días que la cantera carecía de previsión en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) original, lo que tornaba sus actividades en ilegales.
Mariela Tulián, integrante de la comunidad Tulián, señaló lo siguiente sobre la estrategia oficial: “Sabemos que es un megaproyecto que incluye un montón de cosas que no las están presentando, las van presentando por etapas y de manera desorganizada. Pero no es por desorden, sino porque no pueden presentarlo todo junto, porque es muy grande el proyecto y muy invasivo. No está contemplado ese impacto acumulativo ambiental, que es una de las cosas que nosotros denunciamos desde un principio en el amparo ambiental”.
Apertura de etapa probatoria
El pasado 8 de mayo, gracias a las gestiones de las abogadas Ananda Lavayen y María Laura Carrizo Morales, la comunidad y la Asamblea lograron que la Cámara de Apelaciones autorice la incorporación de pruebas técnicas realizadas por peritos especialistas en biología e ingeniería en recursos hídricos.
Los pobladores manifestaron su expectativa ante esta apertura probatoria: “A partir de esta nueva etapa, esperamos poder demostrar con mayor profundidad las importantes falencias presentes en los estudios de impacto ambiental elaborados por la Lotería de Córdoba y la Provincia, particularmente en relación con la insuficiente evaluación sobre la biodiversidad, el monte nativo, el equilibrio hídrico y los impactos acumulativos que podrían generar distintos proyectos en simultáneo”.
Asimismo, destacaron la fragilidad del ecosistema del Dique Cruz del Eje: “la presencia de monte nativo, corredores biológicos, cuencas hídricas y sitios de valor cultural y arqueológico convierten a este territorio en un ambiente especialmente sensible“. En esta línea alertaron que proyectos como el hotel-casino, la cantera y el parque fotovoltaico podrían dañar irreversiblemente la diversidad de la zona.
Denuncia en la OIT
En este contexto, integrantes de la Comunidad Indígena Territorial Comechingona Sanavirón Tulián y de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras, junto con la Central Autónoma de Trabajadores (CTA-A) elevaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El reclamo se fundamenta en la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada. Representantes de la CTA-A explicaron el alcance de la medida: “la presentación ante la OIT busca visibilizar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y abrir una instancia de revisión que garantice los derechos de las comunidades afectadas. En paralelo, las organizaciones convocantes ratificaron la continuidad de las acciones en los planos territorial, judicial, legislativo y comunicacional, con el objetivo de frenar el avance del proyecto y promover un modelo de desarrollo respetuoso del ambiente y de los derechos colectivos”.
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