Córdoba: denuncian en la OIT proyecto en el perilago de Cruz del Eje

09 May 2026

Comunidades indígenas y organizaciones sindicales denuncian ante la OIT la falta de consulta previa por el proyecto hotel-casino en el perilago.

En la ciudad de Cruz del Eje, en la sede de ATE, se llevó a cabo una Conferencia de Prensa virtual y presencial, donde participaron: Miriam Liempe, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma Nacional; Federico Giuliani, como Secretario General de la CTA-A Córdoba; integrantes de la Seccional de ATE Cruz del Eje; Juan Yacobs, Secretario General y otros referentes de la CTA-A de Punilla; y miembros de la Asamblea de Vecinos por el Ambiente de San Marcos Sierras y Cruz del Eje.

En la oportunidad, se formalizó la firma de una nueva denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Estado argentino, por el incumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del proyecto de construcción de un hotel-casino en el perilago del dique Cruz del Eje. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, se desarrolla en una zona de alto valor ambiental -clasificada como “Zona Roja” de Bosque Nativo- y en territorio vinculado a comunidades indígenas, lo que ha generado un amplio rechazo social, ambiental y territorial.

Durante la actividad, Juan Yacobs, Secretario General de la CTA Autónoma Punilla, explicó que la denuncia internacional se concreta tras el agotamiento de las instancias administrativas y judiciales locales. Señaló que el proyecto avanza sin respetar los mecanismos legales vigentes, entre ellos la consulta previa a las comunidades afectadas, las audiencias públicas y el debido proceso ambiental. Asimismo, cuestionó la consistencia del estudio de impacto ambiental presentado, indicando que no contempla un análisis acumulativo integral que permita dimensionar las consecuencias reales de la intervención.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el testimonio de Mariela Tulián, representante de la comunidad indígena del territorio, quien describió con precisión la complejidad del conflicto. En su intervención, remarcó que lo que ocurre en la región no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica sostenida de avance sobre los territorios, vinculada a intereses económicos de mayor escala. En este sentido, advirtió sobre la presión creciente sobre bienes comunes estratégicos, particularmente el agua, y sobre el impacto que estos proyectos generan en comunidades que ya vienen resistiendo distintos procesos extractivos desde hace años.

Tulián señaló que el proyecto del hotel-casino se articula con otras obras de infraestructura, como el asfaltado de rutas en zonas de montaña, lo que -según indicó- configura una continuidad territorial con iniciativas previamente resistidas, como la Autovía de Punilla. Recordó que en la región existen antecedentes de organización comunitaria frente a emprendimientos extractivos, como la oposición a proyectos mineros en la zona del Quilpo, donde se logró frenar iniciativas de exploración en áreas de alto valor ambiental.

Asimismo, destacó que el área afectada por el proyecto constituye un espacio de enorme relevancia cultural y espiritual. Indicó que se trata de un territorio que forma parte de la Reserva Arqueológica Quilpo, con cientos de sitios relevados -y muchos más aún no registrados- que incluyen altares ceremoniales y espacios sagrados. En este marco, denunció que la obra se emplaza sobre un sitio de memoria ancestral, lo que implica no solo un daño ambiental, sino también una afectación directa a la identidad y a los derechos culturales de las comunidades.

En relación al accionar institucional, Tulián cuestionó el rol de la Justicia Provincial, señalando contradicciones en sus resoluciones. Explicó que, si bien en una primera instancia se reconoció el valor ambiental del área, posteriormente se habilitó la continuidad del proyecto, desestimando medidas cautelares solicitadas bajo el principio precautorio. Según afirmó, esta situación evidencia una subordinación de las decisiones judiciales a intereses económicos.

Finalmente, la representante comunitaria enfatizó la decisión de sostener la defensa del territorio en todos los ámbitos posibles. Subrayó que la lucha no solo responde a la protección del entorno inmediato, sino también a la necesidad de resguardar las condiciones de vida de las generaciones futuras, reafirmando la defensa del agua, del territorio y de los sitios sagrados como ejes irrenunciables.

Por su parte, Federico Giuliani, secretario general de la CTA Autónoma Córdoba, destacó que la Central Sindical asume esta causa como propia, integrando la defensa ambiental dentro de una perspectiva más amplia de derechos de la clase trabajadora y de soberanía territorial. Señaló que el proyecto se presenta bajo una lógica de desarrollo que, lejos de generar beneficios sostenibles, puede profundizar procesos de desigualdad, endeudamiento social y degradación ambiental.

Giuliani también remarcó la importancia de la vía internacional, recordando antecedentes de denuncias ante la OIT por la vulneración del Convenio 169 en la provincia de Córdoba. En este sentido, sostuvo que la intervención de organismos internacionales constituye una herramienta necesaria frente a la falta de respuestas efectivas en el ámbito local.

La presentación ante la OIT busca visibilizar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y abrir una instancia de revisión que garantice los derechos de las comunidades afectadas. En paralelo, las organizaciones convocantes ratificaron la continuidad de las acciones en los planos territorial, judicial, legislativo y comunicacional, con el objetivo de frenar el avance del proyecto y promover un modelo de desarrollo respetuoso del ambiente y de los derechos colectivos.”

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Fuente: CTA-A

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