El juicio por el feminicidio de Nancy Fernández y el día de la Mujer Indígena

05 Sep 2024

Nancy Fernández era una mujer de 36 años, pertenecía a la comunidad Yecthakay del Pueblo Qom. En 2014 fue encontrada sin vida en su cama, con signos de haber sido violada y asfixiada. Desde hacía tiempo era amenazada, violentada y hostigada por agentes de la policía 6°de El Talar de Pacheco. Nancy denunciaba que su hija Micaela, había sido captada por una red de trata y narcotráfico de la zona; el Estado decidió mirar para otro lado y Mica terminó siendo secuestrada, abusada y asesinada en 2013. Su cuerpo apareció con un tiro en la cabeza en la casa de Dante ‘Pato’ Cenizo, un hombre señalado como narcotraficante y proxeneta en el barrio La Paloma. Sin embargo, la causa fue caratulada como “suicidio” por la Fiscalía de El Talar.

El 3 de septiembre pasado, 10 años después, comenzó el juicio por el feminicidio de Nancy.

“Me agarraron los policías, me agarraron de los brazos, entonces me meten en el patrullero. Y cuando me llevan allá me dicen “Mirá negra de mierda y ahí me empezaron a pegar y yo les dije: A mi mátenme háganme lo que quieran pero ¿Por qué hicieron eso con mi hija?(…) Me rompieron la cabeza a cañazo porque no les salió el tiro. India de mierda me dijeron, te callas la boca india de mierda, no vas a hablar vos.” Así relataba Nancy Fernández las torturas recibidas por parte de la policía, ante la TV Pública un tiempo antes de su feminicidio. El pedido de auxilio y justicia no fue escuchado. Las consecuencias las siguen pagando las feminidades indígenas.

Del 3 al 6 de septiembre, la jueza María Cohelo y los jueces Marcelo Gaig y Alejandro Lago, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, están a cargo del juicio que tiene como único imputado a Juan Carlos Corvalán, quien estuvo prófugo hasta junio del año pasado. Sobre él pesa la carátula de homicidio doblemente agravado por el vínculo, y por haber mediado violencia de género (femicidio) y hurto. La querella (particular damnificado), a cargo de Paula Alvarado Mamani, abogada perteneciente al Pueblo Kolla, solicitó que se tenga en cuenta el agravante de odio racial, según lo estipula el Art. 80 inc.4 del Código Penal

Lisette, hija de Nancy y hermana de Mica, era una niña cuando sucedieron los hechos. No obstante hoy lleva la iniciativa que comenzó su fallecido abuelo, Eugenio Fernández, quien además era un histórico y reconocido referente del Pueblo Qom e integrante de la comunidad Yecthakay. Aún continúa reclamando que el homicidio de su hermana sea investigado en los mismos términos: Feminicidio con el agravante de odio racial.

En la red social para difundir la causa, @lavozdemica, se puede escuchar este relato : “A mi hermana Micaela la asesinaron en 2013 cuando ella tenía 14 años. La secuestraron, la obligaban a prostituirse y a vender drogas bajo amenazas, y cuando ella lo confesó al poquito tiempo la mataron. La encontraron en la cama de su secuestrador con un tiro en la cabeza y el cuerpo golpeado, y nos dijeron que se suicidó sin hacer siquiera una autopsia. Cuando mi mamá intentó denunciar que a ella la tenían secuestrada la llevaron a la comisaría 6ta del Talar de Pacheco, la encerraron toda una noche entre cinco policías y la golpearon hasta cansarse, diciéndole que se calle, que no dijera nada. Al año siguiente de asesinar a mi hermana, mi mamá aparece muerta en su casa luego de que fue amenazada reiteradas veces por esos mismos policías que la habían golpeado”.

La lucha es colectiva

Una de las audiencias, casualmente, coincide con el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, conmemorado el 5 de septiembre en memoria del asesinato en 1782 de la heroína de la Independencia del Alto Perú Bartolina Sisa, mujer del Pueblo Quechua que fue asesinada por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial de Túpaj Katari, en el Alto Perú.

Lejos de honrar en la práctica el reconocimiento de esta fecha conmemorativa, la estigmatización e indiferencia desde las instituciones del Estado que debían protegerla, deja a las claras la complicidad de las fuerzas represivas y el Poder Judicial, no sólo en las redes de trata y explotación sexual, sino también en el racismo estructural del Estado Argentino en general.

Luego de la primera audiencia, Paula Alvarado Mamani se refirió al destrato que recibió familia y acompañantes durante el inicio del juicio, a quienes no le permitieron portar fotos de la mujer indígena: ”Es una justicia clasista, racista, colonial y ahora le sumamos la religión católica, apostólica y romana. No dejan tener una foto de un familiar, pero sí tienen un crucifijo, sí tienen foto del papa…”

Afuera del juzgado la escuchaban integrantes de organizaciones indígenas, feministas, sociales, familiares de víctimas de trata de personas, femicidios, transfemicidios, Alvarado Mamani recordó el derrotero a partir del femicidio de Nancy. En un recorrido que comenzó hace una década, junto con Eugenio Fernández enfrentaron una serie de obstáculos en su búsqueda de justicia. A pesar de acudir a diversas instituciones, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y a legisladores tanto provinciales como nacionales, no lograron obtener el apoyo necesario. Durante este tiempo, enfrentaron persecuciones y hostigamientos, especialmente al acudir a la comisaría frente a la fiscalía en Talar, donde eran fotografiados y filmados sin su consentimiento.

La situación se tornó aún más desalentadora con el fallecimiento de Eugenio. No obstante, en medio de esta adversidad, Lis decidió continuar la lucha por justicia en nombre de Micaela y Nancy. De este modo Paula Alvarado Mamani, lo contó: “Las veces que íbamos a la comisaría, que está enfrente de la fiscalía en Talar, éramos perseguidas, perseguidos, nos filmaban, nos sacaban fotos y además, en ese interín, llamaban y cortaban. Cosas extrañas que sucedían, realmente fue una persecución. Para el año que falleció Eugenio fue bastante triste, porque quedó la causa sin movimiento; en realidad ya unos años antes estaba sin movimientos, las dos causas estaban archivadas. Ahí Lis empezó con su camino a buscar la justicia por Micaela y por Nancy”,

En este contexto, Alvarado Mamani -de la mano de Lisset- expresó las violencias y abusos vividos en carne propia.

“Nosotras nos encontramos en un mal momento. Yo trabajo con comunidades de la provincia de Formosa y en ese momento me encontraba en un periodo realmente feo. Sufrí un abuso sexual en la comunidad Pozo del Tigre. Entonces, cuando Lis me llama le dije ¨no te puedo atender, no te puedo hablar, no sé ni de qué número de expediente me estás hablando¨, porque yo estaba con otro problema, estaba con mi problema. Y después se dan cuenta que los abusos están tan naturalizados, que los sufrimos un montón de personas. Y cómo hacemos para salir adelante después de vivir eso? Y ahí hicimos causa común con Lis, de todo lo que había pasado y de todo lo que habíamos recorrido. Y empezamos con esta búsqueda de justicia, que no fue ni es fácil…”

Sin agenda para los medios hegemónicos

En septiembre del 2023 el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” publicó un relevamiento elaborado a partir de lo publicado en medios de comunicación, destacando las escasas menciones a la pertenencia étnica de las mujeres y disidencias de pueblos originarios, víctimas de femicidios. En el mismo, la organización feminista menciona que, según el relato informativo desde 2015 hasta mediados del 2023, los femicidios de mujeres y disidencias de pueblos originarios representan el 1% perteneciendo a las provincias de Salta (35%), Chaco (29%), Jujuy (18%), Formosa (6%), Misiones (6%) y Santa Fe (6%). “Las víctimas son más jóvenes que lo reflejado en el promedio general, la violencia sexual está presente en la mayoría de los casos, se las desaparece en un alto porcentaje. En los cuerpos de las mujeres y disidencias originarias se multiplican las violencias, así como los mecanismos en búsqueda de encubrimiento e impunidad”, indican en el informe.

A su vez, resaltan que mientras que para los femicidios en general es alto el porcentaje de condenas, los femicidas de mujeres wichi, qom, guaraní, chicha y omagua warmikura sólo fueron condenados en un 40 % de los casos. En este sentido, expresan una profunda preocupación por la persistencia y naturalización de prácticas de violencia y abuso sexual de la que son víctimas por su pertenencia étnica.

El llamado “chineo” representa un abuso sistemático, colonial, patriarcal y racista de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas por parte de varones no indígenas, potencia el nivel de vulneración que enfrentan cotidianamente y es la antesala de los feminicidios.

Así las cosas, Lisset sigue colectivamente el camino por la justicia. Su abogada, luego de la audiencia de inicio del juicio, concluyó emocionada entre lágrimas y aplausos,

“Ojalá empecemos a lograr un poco de justicia por Mica, por Nancy y por todas las mujeres y mujeres indígenas que pasaron por estas situaciones. Ojalá esto ayude, que sea un granito de arena para poder visibilizar a las hermanas que hoy no están. Es por ellas, es por Mica, por Nancy y es por todas. Y también un poco por mi abuela y un poco por mi…”