Organismos de derechos humanos, sindicatos y comunidades originarias convocaron a una conferencia de prensa tras confirmarse la fecha del debate oral contra 19 manifestantes. Anunciaron una recolección de firmas a nivel nacional y una movilización a la Casa de Jujuy para exigir el sobreseimiento de los procesados
En una conferencia de prensa realizada este 14 de septiembre en San Salvador de Jujuy, un amplio colectivo integrado por personas procesadas en la causa, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, movimientos sociales y representantes de comunidades originarias anunció la elevación a juicio oral de la causa iniciada tras las masivas protestas de junio de 2023 en la provincia de Jujuy, hito conocido popularmente como el “Jujeñazo”. Las audiencias del debate oral y público quedaron fijadas para desarrollarse en diez jornadas consecutivas, entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2026.
Ante la fijación del cronograma judicial, las organizaciones lanzaron una campaña nacional de recolección de firmas para exigir la absolución y el sobreseimiento de los 19 imputados. La iniciativa busca visibilizar el reclamo contra la criminalización de la protesta y frenar un proceso al que calificaron de arbitrario y motivado por fines de disciplinamiento social.
Cuestionamientos al proceso
Las manifestaciones de junio de 2023 se originaron a partir de reclamos salariales de los sectores docente y estatal, a los que se sumó el rechazo de las comunidades originarias ante la falta de consulta previa, libre e informada -exigida por el Convenio 169 de la OIT- en relación a los proyectos que afecten a sus territorios. Estos reclamos confluyeron en una oposición generalizada a la reforma de la Constitución provincial promovida bajo la gestión del ex gobernador Gerardo Morales. Las jornadas de protesta fueron respondidas con brutales represiones policiales que dejaron decenas de heridos -algunos con secuelas oculares de gravedad- y más de un centenar de detenciones, causas que en su mayoría derivaron en posteriores sobreseimientos.
Durante la rueda de prensa, referentes de la convocatoria expusieron severos cuestionamientos al proceso judicial. Señalaron que el juez Rodolfo Fernández negó sistemáticamente pruebas fundamentales presentadas por las defensas durante la etapa de control de acusación realizada en octubre de 2024. Entre los ejemplos citados, remarcaron la desestimación de un registro audiovisual en el caso del imputado Santiago Zamora; el material en video demuestra que el acusado intentó evitar el incendio de un vehículo y la sustracción de bienes, desmintiendo la foto fija aportada por la fiscalía que fue utilizada para atribuirle el delito de daños.
Asimismo, durante la conferencia de prensa se denunciaron irregularidades de identificación, precisando, por ejemplo, que a uno de los procesados se le imputaron cargos a partir de una fotografía en la que no figura su persona, rechazándose los planteos de desestimación. En el plano procesal, advirtieron que el inicio del juicio se fijó a pesar de que existen trámites pendientes de resolución, entre ellos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la solicitud de investigación sobre la legitimidad de las órdenes de represión emitidas por las autoridades provinciales durante las manifestaciones.
Intereses políticos y económicos
Las organizaciones situaron la actuación del poder judicial como una continuidad entre la gestión saliente de Gerardo Morales y el actual gobierno encabezado por Carlos Sadir. Argumentaron que el proceso judicial busca sentar un precedente represivo en un contexto donde persisten disputas territoriales y desalojos a familias y comunidades indígenas en beneficio de proyectos inmobiliarios y extractivos.
En ese marco, remarcaron las inconsistencias de la acusación formal, la cual sostiene que la manifestación buscaba impedir el debate de la reforma constitucional en la Legislatura provincial, cuando la sesión ya había concluido en horas de la madrugada, horas antes de la llegada de la marcha a las 11:00 de la mañana.
Para visibilizar los reclamos en el plano federal, la convocatoria concluyó con el anuncio de una marcha hacia la Casa de la Provincia de Jujuy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijada para el jueves 17 de septiembre a las 11:00 horas y a las 15:30hs en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.
Los puntos centrales del reclamo son:
Absolución y sobreseimiento: Exigencia de cierre definitivo de las causas contra los 19 procesados.
Garantías procesales: Cese de la persecución judicial y respeto estricto al debido proceso, la imparcialidad y el derecho de defensa.
Investigación de responsabilidades: Apertura de causas penales sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y los funcionarios políticos en la represión de junio de 2023, así como por los hechos denunciados en la comunidad de Caspalá, donde se debate sobre el territorio de la comunidad originaria y la corrupción de los funcionarios del gobierno provincial.
Link para firmar el petitorio:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkb1m0Gx_iOMImsl7g7HnbDYy94smyilmGIW9gKWGCxzre6A/viewform
Foto de portada: Jujeñazo Libertades Territorio
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