El empresario Daniel Darío Karlen denunció a un joven wichí por el supuesto hurto de una bolsa de maíz. Mientras la justicia actuó con inusitada rapidez contra el joven -quien ya lleva más de cinco días detenido-, el hermano del empresario lleva más de una década en libertad dilatando un embargo millonario por deforestar ilegalmente más de 11.000 hectáreas.
Ariel Rodrigo Costa tiene 26 años, padece una discapacidad y vive en la comunidad Misión Quebrachal, en General Ballivián. Trabaja como jornalero e intenta rebuscar el alimento diario para su familia, de la cual es el único sostén. El viernes 17 de julio de 2026, la policía lo detuvo. Según consta en el Decreto de Audiencia de Imputación del Legajo N.° 48/2026 de la Fiscalía Penal de Embarcación, el empresario Daniel Darío Karlen lo acusó de haber ingresado a su finca “Gotardo” para sustraer una bolsa de maíz acopiado. El documento oficial señala que Karlen interceptó al joven, dio aviso a las fuerzas de seguridad y logró la inmediata aprehensión de Costa por el delito de “hurto agravado de productos separados del suelo en grado de tentativa”.
Sin embargo, los allegados revelaron a infoterritorial una trama completamente diferente. Desde la protesta iniciada en General Ballivián para exigir su pronta liberación, denuncian que el empresario utilizó su poder para tenderle una trampa: “El denunciante pretendía y quería que Ariel fuera testigo de un supuesto robo, pero él se negó porque nunca fue testigo de esos hechos. Insistiendo, el hombre se llevó a Ariel con engaños y después denunció que lo encontró robando”.
Una referente de la comunidad El Quebrachal detalló la desesperación que atraviesan las más de 20 comunidades de la zona, arrinconadas por el avance de las fronteras agrícolas: “Venimos reclamando por la pronta liberación de este hermano que ha sido llevado con engaño. Esta lucha constante es histórica, sobre todo por los desmontes. Este propietario, este terrateniente, siempre ha sido muy prepotente y muy malo con las comunidades. Incluso ahora que tiene todo cerrado, que no permite que saquen leña, que ha desmontado todo nuestro territorio, sigue ejerciendo violencia a la gente más vulnerable. La familia está desesperada porque este chico también tiene una discapacidad, salió con la intención de rebuscarse y se encontró con este terrateniente que lo llevó con engaños. Las comunidades en la zona nos encontramos en extrema vulnerabilidad, sufrimos los desmontes de empresarios y la falta de agua”.
¿Quiénes son los hermanos Karlen?
En el año 2013, las autoridades detectaron que los empresarios Juan José y Daniel Darío Karlen desmontaron de manera ilegal más de 11.000 hectáreas de bosque nativo en el departamento General San Martín, Salta. Ese mismo año un operativo de la ex AFIP (actual ARCA) descubrió en un campo, a nombre de Juan José, a 157 trabajadores reducidos a la esclavitud -entre ellos, menores de edad- sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda. A pesar de la gravedad del ecocidio y la explotación humana, las causas avanzaron a paso de tortuga. En 2018, la jueza Claudia Yance homologó un acuerdo para que los responsables del desmonte restauraran en 30 años el ecosistema destruido. No cumplieron nada.
Trece años después, el 5 de junio de 2026, la Justicia hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y amplió a más de $21.805 millones el embargo preventivo sobre dos catastros de los hermanos Karlen. El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y la fiscal Rosa Vélez Román constataron que entre 2019 y 2026 los empresarios no realizaron ninguna restauración activa, continuaron explotando comercialmente la zona protegida e hicieron uso de recursos judiciales con fines dilatorios.
No obstante, el pasado 8 de julio desde el MPF informaron que la Fiscalía Civil contestó la cuarta apelación de la familia Karlen y ratificó la obligación de recomponer el daño ambiental. La resolución definitiva sobre esta nueva apelación se encuentra en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.
Mientras los empresarios acumulan embargos millonarios tras arrasar 11 mil hectáreas de monte y someter a trabajadores a condiciones infrahumanas, la policía y la fiscalía activan sus resortes en horas para detener a un joven wichí con discapacidad, acusándolo de sustraer una bolsa de maíz.
La estructura judicial, una vez más, expone la doble vara clasista y racista. Cuando se trata de poderosos terratenientes, el sistema procesal se convierte en un laberinto de apelaciones y dilaciones que demandan décadas. Sin embargo, cuando el sospechado pertenece a una comunidad originaria, la maquinaria estatal despliega una eficacia punitiva fulminante. Para los empresarios deforestadores no hubo arrestos ni calabozos; solo notificaciones de resoluciones que ignoraron de forma sistemática.
El contraste de la impunidad
La detención por un supuesto hurto de una bolsa de granos expone la crudeza de la injusticia ambiental y social en Salta. Por un lado, un empresario acumula fallos por deforestar miles de hectáreas de monte ancestral, incumplir acuerdos ambientales e ignorar al Poder Judicial durante más de una década sin pisar una celda. Por el otro, ese mismo empresario señala con el dedo a un joven indígena con discapacidad, golpeado por la pobreza, y la policía despliega un operativo instantáneo para encarcelarlo, mientras la fiscalía elabora el decreto de imputación en cuestión de horas.
Mientras las familias wichí sufren la pérdida de sus territorios, la escasez de agua y el acorralamiento de sus tierras por parte de los agronegocios, la privación de la libertad de Ariel Rodrigo Costa, detenido hace 5 días, es el reflejo de un sistema que protege el capital concentrado a costa del despojo de las comunidades indígenas, la criminalización de la pobreza y la devastación de los bienes naturales.
Al cierre de esta nota, las comunidades se encuentran cortando la ruta nacional N.° 34 exigiendo la libertad de Ariel.
Fotos: Corte de ruta en reclamo por la libertad de Ariel. Gentileza Laurentina Nicacio
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