Las familias Mbya Guaraní regresaron este domingo 2 de agosto a su comunidad en Garuhapé, Misiones, respaldadas por un dictamen fiscal que cuestionó el desalojo. Autoridades indígenas y organizaciones sociales y de derechos humanos exigen garantías para su seguridad.
Las familias habían sido desalojadas por orden del juez Roberto Antonio Sena, titular del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, en un procedimiento que ignoró una apelación en curso presentada por la abogada Roxana Rivas, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). Sin embargo, dos días después del operativo, el fiscal de Instrucción Héctor Daniel Simón dictaminó a favor de la defensa indígena y solicitó dejar sin efecto la resolución.
Según informó el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), la fiscalía señaló que el caso evidencia un conflicto de mayor complejidad que una controversia posesoria, por lo que requería un análisis integral de los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, el fiscal instó al juez a revisar su decisión o conceder la apelación ante la Cámara de Apelaciones.
Al regresar, las siete familias constataron la destrucción de sus viviendas y cultivos, además de la presencia en el predio del empresario forestal Alfredo Roberto Ruff. “Nosotros como Pueblos Indígenas tenemos el derecho del territorio. Hoy tomamos la decisión de volver a tomar ese lugar que ya tiene relevamiento territorial del INAI, mapa, resolución y personería jurídica”, explicó Santiago Ramos, mburuvicha de la comunidad. Respecto a la llegada de patrulleros al predio. La autoridad comunitaria remarcó: “Nos encontramos con el supuesto dueño instalado ahí, pero igual la gente entró. Se acercaron tres camionetas policiales; vamos a resistir”.
Desde EMIPA comunicaron los detalles sobre el retorno de las familias y la postura del organismo judicial frente al operativo: “La recuperación del territorio se realizó sin violencia y constituye un acto de ejercicio y defensa de los derechos de la Comunidad. Exigimos al Gobierno de la Provincia de Misiones y a las fuerzas de seguridad que garanticen la integridad y la seguridad de las familias de Puente Quemado II.”
Por su parte, la red Pediatras contra el Hambre celebró la acción y expresó: “la comunidad Mbyá Guaraní de Hualte, Puente Quemado II, Misiones, vuelve a sus tierras. Que sea para siempre, que puedan vivir en paz. Desde Pediatras Contra el Hambre deseamos que las familias retomen sus vidas y nunca más les sean confiscados sus derechos.”
Desde Aty Ñeychyrõ, organización Tradicional Mbya Guaraní integrada por diversas Comunidades en la Provincia de Misiones, informaron que los miembros de Puente Quemado II “ocuparon nuevamente su casa, su tekoa, donde habían sufrido tanta violencia y donde también destruyeron sus casitas y plantaciones. Volvieron al lugar con acompañamiento y mucha fuerza espiritual, a través de las palabras y la música tradicional mbya que sonaron todo el tiempo”. Además reafirmaron la legitimidad del reclamo comunitario y exigieron garantías urgentes para la seguridad de la comunidad.
Asimismo, la organización Extinción o Rebelión Misiones hizo públicas denuncias sobre presuntas presiones policiales hacia trabajadores de la zona y la presencia del empresario del sector forestal en el predio: “En los audios publicados se escucha cómo la policía de Misiones amenaza al remisero que trabaja trasladando a las personas que se acercan a la comunidad de Puente Quemado II. La comunidad se encuentra a 22 km de la ruta nacional 12, y la única forma de llegar es a través de vehículos contratados en forma particular. El forestal Alfredo Roberto Ruff está en el lugar custodiado por la Policía de Misiones.”
En este contexto, tanto las autoridades comunitarias como las organizaciones de derechos humanos y sociales mantienen el pedido de intervención del Estado provincial para resguardar la seguridad de la comunidad y resolver la situación territorial.
Fotos: Gentileza EMIPA
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