A un mes de la represión en la Comunidad Kolla Cueva del Inca

22 May 2025

En la Comunidad Kolla Cueva del Inca, a 2,464 metros de altura, una media sombra interrumpe la vista a los cerros de Tilcara. De un lado, una posta policial permanente; del otro una comunidad que resiste al despojo.

“Les dije que Javier se había retirado por voluntad propia. Pero su partida no conformó al juez de Paz, me respondió que entonces iba a desalojar a toda la comunidad, llegaron más policías de infantería, con escopetas, con escudos, con gases. En media hora empezaron a cercarnos y así empezó la represión”, relata Miriam Alfaro, comunera y pareja de Javier Mamani.

La orden de desalojo -en principio solo contra Javier- fue dictada por la jueza Liz Valdecanto Bernal y ejecutada el 22 de abril pasado por efectivos de la policía de Jujuy, funcionarios municipales y del poder judicial, entre ellos el juez de paz Pedro Apaza. La represión afectó a los comuneros, vecinos y organizaciones que acudieron a solidarizarse, y culminó con el derribo de una vivienda, varios heridos y dos personas detenidas. Desde aquel día, una consigna policial se encuentra apostada a pocos metros de la casa de Alfaro.

El eco de la represión

Para Miriam, desde la represión su vida cambió bruscamente. Antes, su rutina incluía la feria de la plaza de Tilcara, donde vendía su producción artesanal, pero el miedo a un nuevo operativo y que destruyan su casa, la llevó a abandonar ese espacio y a quedarse dentro de su territorio el mayor tiempo posible. Vive en constante estado de alerta. “desde ese día no puedo dormir bien, me despierto pensando en ese día. El trauma de todo lo vivido nadie te lo quita”.

En comunicación con infoterritorial Javier Mamani pregunta: “¿Por qué tanto ensañamiento con nosotros?” Por ahora no puede acercarse a su hogar, un territorio cerrado para evitar la constante mirada de los uniformados. “El alambrado y la media sombra no son propios de nuestra comunidad. Antes de que pase todo esto, no los teníamos. Hoy, es una medida de protección”, explica Miriam mientras lamenta que la orden de desalojo desmembró a su familia. Para ella, no es casualidad que las comunidades que se opusieron a la reforma constitucional y se solidarizaron con otras luchas sean las más perseguidas.

Miriam se apoya en un bastón; una discapacidad le dificulta caminar. Ahora tiene que hacerse cargo sola de todas las tareas de su hogar. Aunque su madre y otros miembros de la comunidad se acercan diariamente a ayudarla sigue presente la violencia estatal que es de larga data.

En plena pandemia la jueza Norma Issa les negó una morigeración de una medida cautelar que les impide instalar servicios de luz eléctrica y agua potable – un derecho humano fundamental -. Actualmente, gran parte de lo que trabaja en la comunidad se destina a pagar abogados y trámites, mientras las necesidades básicas siguen sin ser cubiertas.

El conflicto territorial que sostienen los empresarios Carlos Gustavo Vázquez y Simona Natividad Cruz, dueños del Hotel Canto del Viento, contra la comunidad Cueva del Inca lleva casi una década. “Tenemos personería jurídica desde el año 2001. Es contradictorio que el mismo Estado que nos reconoce ahora nos desconozca”, reclama Miriam. Además, señala que estas situaciones exceden a su comunidad, “toda la Quebrada de Humahuaca enfrenta presiones de intereses turísticos, capitalistas y extractivistas.

La denuncia de la comunidad

Ante el brutal operativo, las abogadas Silvina Llanez y Alejandra Cejas, presentaron una denuncia penal ante la justicia federal, denunciando violencia institucional y el ataque a la comunidad quien preserva, protege, defiende su patrimonio arqueológico y cultural. El antropólogo Gustavo Ontiveros amplió esta presentación, sumando argumentos sobre el reconocimiento oficial de la comunidad por el Estado Nacional en el año 2014, a través del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. La Fiscalía Federal intervino y miembros de gendarmería nacional llegaron al territorio para constatar los hechos denunciados y verificar el daño al patrimonio comunitario.

Miriam reclama para que los responsables del daño ocasionado reciban su castigo y espera que la denuncia también apunte a la complicidad de funcionarios con los empresarios que buscan apropiarse del territorio.

Más allá del proceso judicial, la comunidad sigue resistiendo. A pesar de la violencia sufrida, la Comunidad Kolla Cueva del Inca sigue en pie, exigiendo justicia y defendiendo un territorio que para ellos es memoria, vida y la dignidad de su pueblo.