Comunidades resisten al intento de desalojo estatal en Purmamarca

27 Abr 2026

En una conferencia de prensa frente a la Plaza Belgrano en San Salvador de Jujuy, los integrantes de la Comunidad Indígena de CIPAQUI denunciaron una orden de desalojo que amenaza la permanencia de cuatro hermanos ancianos en su territorio ancestral. La comunidad, que habita los parajes de Ciénega, Patacal y Quisquiri en el municipio de Purmamarca, denunció que el Estado provincial pretende tratarlos como “ocupantes indebidos” en tierras donde han vivido por generaciones.

“Intrusos” en su propia tierra

El conflicto se agudizó el pasado 20 de abril, cuando la familia Quival recibió una notificación firmada por el Procurador Facundo Agustín Luna. El documento les otorga un plazo de quince días para abandonar sus hogares bajo el argumento de una supuesta ocupación ilegal. Marta Chocobar, integrante de la comunidad, expresó ante los medios locales el profundo dolor que causa esta calificación, subrayando la ocupación ancestral y que son los dueños legítimos de la tierra por preexistencia al Estado.

“Dice que los hermanos están ocupando indebidamente; eso es lo que más nos duele y nos hace sentir tan mal, porque nosotros somos dueños de nuestras tierras y estamos desde antes que el Estado”

Un patrón de persecución post-reforma

Chocobar también vinculó el aumento de la presión judicial y de la Fiscalía de Estado con la reforma constitucional provincial de 2023, durante la gobernación de Gerardo Morales, señalando que desde entonces se han multiplicado las represiones, hostigamientos y los intentos de desplazamiento. Los operativos en la comunidad kolla Cueva del Inca, Comunidad aborigen de Guerrero, Comunidad del Pueblo Tilian, familias de la comunidad de Juella y los desalojos efectivos de decenas de familias en la localidad de Tilcara para instalación turísticas del tren solar, dan cuenta de esta afirmación.

*Otras comunidades de Purmamarca acompañaron el reclamo.*

Los hermanos Quival desarrollaron toda su vida en el lugar. Para ellos, la tierra comunitaria es el único sostén frente a la precariedad económica, ya que sus pensiones no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. Uno de los ancianos intimados explicó que, como tercera generación en el territorio, resulta incomprensible que el Gobierno los considere “intrusos” de un día para otro, ignorando que el cultivo de maíz, frutales y verduras es lo que les permite alimentarse y subsistir.

“Con la pensión no alcanza para nada, tienes que buscar tu tierrita para sembrar tu maíz, tu lechuga, para comer y vender. Somos la tercera generación; ahora nos tratan como intrusos de la noche a la mañana”.

Incumplimiento del Estado y demanda histórica

Según el informe de la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy de 2023, más del 73% de las comunidades indígenas reconocidas por el Estado habitan territorios catalogados como tierras fiscales. La reforma constitucional aprobada en junio de ese año, cuestionada por diversos sectores, habilitó el avance sobre territorios comunitarios indígenas y campesinos bajo esa denominación, lo que los coloca en una situación crítica y de vulnerabilidad en toda la provincia.

A pesar de contar con personería jurídica, la comunidad denuncia que el Estado ha ignorado su pedido de título de propiedad comunitaria desde el año 2010. Esta falta de seguridad jurídica es lo que permite que hoy cuatro generaciones de una misma familia se encuentren en riesgo de quedar en la calle. Una de las hermanas afectadas relató entre lágrimas que allí nacieron sus abuelos, sus padres y allí crió ella a sus propios hijos y nietos, cuestionando por qué el Gobierno, que debería proteger la vida de sus ciudadanos, actúa en contra de sus derechos básicos.

“Nací y crecí ahí. Estaban mis abuelos, mis padres y estoy hasta ahora. Parí a mis hijos, he criado a mis hijos, tengo mis nietos, mis bisnietos tataranietos ahí. Vivo en la tierra, sembrando, para vivir, para comer, para consumir. Yo me siento muy mal. ¿Por qué nos quieren sacar de nuestro lugar? Me duele que tengamos que hacer esto para poder defendernos”.

Apoyo social

Antes de la conferencia de prensa, presentaron un petitorio formal exigiendo al procurador la rectificación de la medida. Asimismo, manifestaron una firme desconfianza ante las promesas verbales del intendente de Purmamarca, Humberto López, quien habría asegurado haber gestionado el freno del desalojo. “Así como nos mandaron por escrito, queremos también que nos contesten por escrito, porque el señor intendente dijo que él ya consiguió hablar con el procurador y que no se va a llevar a cabo el desalojo. Pero si el señor intendente nos quiere ayudar, que nos lleve por escrito con la firma del doctor Luna”

La movilización contó con el respaldo de vecinos, comunidades y referentes sociales de Purmamarca. Un docente jubilado de la zona aportó su testimonio como prueba del arraigo histórico:

“A ellos los conozco hace 60 años de cuando trabajaba como maestro en la zona. No conocemos los fundamentos de por qué quieren desplazarlos; no lo entiendo. Por eso nos solidarizamos”.

La comunidad CIPAQUI y otras de la zona permanecen en estado de alerta, reafirmando el masivo apoyo de los habitantes de la Quebrada porque la posesión ancestral de sus tierras es un hecho de conocimiento público y derecho constitucional.

Nota colaborativa de “La Hojita informativa” e “infoterritorial”

Fotos: Laura Chávez

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