El juez federal Gustavo Zapata dictó una nueva prórroga de 90 días de prisión preventiva para Facundo Jones Huala y rechazó su traslado a la U14 de la localidad de Esquel. Tras conocerse la resolución durante la audiencia oral del jueves 28 de mayo, el lonko mapuche, quien a fines de abril había iniciado una huelga de hambre líquida, anunció la profundización de la medida, dejando de consumir agua para pasar a una huelga de hambre seca. Esta medida pone en grave riesgo su salud.
La Gremial de Abogados y Abogadas, a cargo de la defensa técnica, comunicó públicamente las novedades judiciales y la decisión de Jones Huala. Según manifestaron los letrados, el tribunal desestimó también los pedidos de morigeración de la pena bajo las modalidades de arresto domiciliario o el uso de pulsera electrónica. En consecuencia, el próximo 8 de junio Jones Huala cumplirá año de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut. Cabe destacar que, en 2025, el juez Zapata autorizó el traslado y pidió un cupo en la U14 de Esquel. Sin embargo, por una decisión política, el Servicio Penitenciario Federal -que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación- rechazó la solicitud.
Declaraciones de la defensa
Los representantes legales criticaron con dureza el desarrollo de la audiencia con el magistrado y los fiscales de Bariloche, a la que calificaron como una “verdadera declaración de guerra tanto a Facundo, a su defensa, y a cualquier comunidad de Pueblos Originarios”.
“A partir de este momento me declaro en huelga seca de carácter indefinido por las decisiones arbitrarias y viciadas de la fiscalía y de todo el poder judicial y el poder político”, fueron las palabras de Facundo Jones Huala ante la nueva resolución judicial.
Con respecto a la reacción de las autoridades ante la medida de fuerza, sus abogados señalaron: “Facundo anunció que dejará de ingerir agua y el Juez simplemente contestó ‘se tiene presente’ y ‘buenos días’”.
Para la Gremial de Abogados, el escenario judicial excede los marcos estrictamente procesales. Los defensores afirmaron que: “las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad. Los jueces y fiscales solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos”. Ante esto, confirmaron que apelarán las medidas ante la Cámara de Roca, a pesar de que observan que “los tribunales federales están completamente blindados y aplican a rajatabla lo que denominan ‘el derecho penal del enemigo’”.
Este fallo ocurre días después de otra audiencia realizada el 21 de mayo, donde la fiscalía -sin aportar pruebas precisas- fundamentó la ampliación de la acusación de liderar a una supuesta asociación terrorista que pesa sobre Jones Huala. En dicha oportunidad, la defensa cuestionó los criterios de la fiscalía y afirmó que basó la acusación en el video de presentación de su libro “Entre rejas. Antipoesía incendiaria” y en una serie de consideraciones netamente políticas.
Los abogados defensores alertaron también sobre el peligro de abandonar la solidaridad histórica con los sectores en conflicto y señalaron que el accionar de los operadores judiciales consolida herramientas de persecución generalizada. Según la organización, “jueces y fiscales en equipo junto a sus pares chilenos y a las agencias de inteligencia extranjera constituyen un muro de protección para el saqueo imperialista y una maquinaria de perseguir a los luchadores que lo resisten”.
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