Con un despliegue de medio centenar de efectivos, la policía de Misiones ejecutó el desalojo del territorio ancestral en el paraje Cañafístola. La defensa legal y organizaciones de derechos humanos denuncian racismo institucional, graves irregularidades procesales y la vulneración de normas constitucionales que garantizan la propiedad comunitaria.
Este 28 de julio, en medio de la feria judicial alrededor de 50 efectivos de la Policía de Misiones se presentaron en la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, ubicada en el paraje Cañafístola de la localidad de Garuhapé, para llevar a cabo un desalojo territorial. La medida, ordenada por el juez Roberto Antonio Sena en favor del empresario forestal Alfredo Ruff, se ejecutó a pesar de que la resolución judicial se encontraba apelada y formalmente suspendida.
Según informó el Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (Emipa), los efectivos se negaron inicialmente a exhibir la documentación correspondiente. Desde la defensa técnica del territorio explicaron que la orden dictada por el magistrado había sido interpuesta a apelación el pasado 17 de julio, recurso que, según el marco legal vigente, suspende de inmediato la ejecución del acto hasta que la Cámara de Casación se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
“No estamos frente a un error interpretativo ni ante una mera discrepancia valorativa respecto de la prueba producida. Estamos frente a la omisión total del bloque constitucional y convencional de protección de los Pueblos Indígenas”, señalaron desde Emipa. En ese marco, la letrada Roxana Rivas, quien acompaña a la comunidad, denunció en declaraciones al medio local “Misiones Cuatro” que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades procesales, al punto de sostener que “el expediente no existía legalmente y no había una orden formal” al momento en que las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la tekoá. Rivas enfatizó además que “la persecución es constante” hacia las comunidades originarias de la provincia.
Durante el despliegue policial, familias enteras -entre las que se encontraban mujeres, niños y ancianos- intentaron resistir de manera pacífica mientras sus viviendas eran destruidas y eran expulsados del área de monte que habitan y custodian ancestralmente. Emipa y la propia comunidad calificaron la medida como un acto de “racismo institucional”, acusando a la Justicia y al Gobierno provincial de actuar como garantes de los intereses del sector extractivo e industrial forestal por encima de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y las leyes de relevamiento territorial.
Este desalojo se produce, además, en un contexto político preocupante: el Senado nacional se alista para el próximo jueves 6 de agosto intentar dar media sanción al proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un eufemismo para referirse a la entrega de los territorios y bienes naturales a los grandes capitales transnacionales. Ya sin la protección de la Ley 26.160, la aprobación de este marco normativo podría profundizar la criminalización de las demandas indígenas, acelerar las expulsiones y, en Misiones en particular, consolidar el modelo extractivista y de monocultivos de pino que avanza sobre los últimos remanentes de selva.
Foto de portada: Gentileza Tekoá Puente Quemado II
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