Otro muerto en conflicto territorial en Santiago del Estero
Otra vez un conflicto territorial en Santiago del Estero, ha dejado un fallecido, tres heridos de bala por la espalda y dos detenidos de las comunidades. Según la información proporcionada por los miembros de la comunidad, el hecho se desencadenó cuando intentaban defender el territorio de la comunidad de la apropiación ilegítima por parte de patotas enviadas por una empresa. Dos de los heridos se encuentran fuera de peligro, pero uno de ellos continúa internado. Además, un integrante de la comunidad sigue detenido.
Estos territorios, habitados por familias campesinas e integrantes de Comunidades Indígenas Tonokote, se encuentran en los parajes San Roque y Chañar Pozo, en el departamento Figueroa, y están registrados bajo la Ley 21.160 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde hace años, estas comunidades, muchas organizadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, vienen denunciado numerosos conflictos provocados por empresarios locales, nacionales e internacionales que buscan apropiarse violentamente de las tierras en las que viven y producen. Los pobladores sostienen que la empresa alemana Concepture Nature Management S.A y sus empresas nacionales aliadas como Figueroa S.A y Santiago S.A han avanzado sobre las 31.000 hectáreas en las que residen, privándolos de sus derechos y negándoles la posibilidad de una vida digna en el campo.
Lucas Tedesco, de la Coordinación Nacional de la U.T.T, denuncia que el conflicto de tierras ha surgido debido a la contratación-creación de empresas locales por parte de una compañía alemana. Asegura que estas empresas han avanzado sobre los territorios causando graves daños ambientales en la zona. Según la información proporcionada, estas empresas locales son financiadas por la compañía alemana, y su objetivo es cumplir con los requisitos de bonos verdes exigidos por Europa. Sin embargo, en su afán de cumplir con estas cuotas no se ha tenido en cuenta el impacto ambiental ni se ha realizado un seguimiento de las actividades realizadas. Esto ha llevado a la destrucción de áreas boscosas y sus nativas para la plantación de especies que no son adecuadas para la región (pino y eucaliptus entre otros), lo que representa una amenaza para la biodiversidad local.
A su vez, es preocupante que muchos pobladores y comunidades no tengan documentación legal que respalde la ocupación tradicional, lo que facilita la apropiación ilegal por parte de estas empresas. “A través de informes de dominio, averiguan quién fue el “último dueño” de cierta cantidad de hectáreas, contactan a sus descendientes y se realizan transacciones que no siempre son legales, no están claras ni son justas para las comunidades afectadas. Esto ha generado desesperación y desplazamiento forzado entre las familias locales”, relata indignado.
Lucas, además, menciona que para sostener estas prácticas las empresas financian patotas. Reclutan chicos jóvenes, la mayoría de las comunidades y barrios pobres de La Banda o Santiago Centro sin trabajo. Que les prometen poder, les dan armas y drogas a cambio de hostigar a las comunidades que resisten el avance sobre sus territorios.
En este contexto es que Lucas cuenta el último episodio: “Cuando llegó la patota, integrantes de la comunidad intentaron dialogar con los matones pero estos estaban armados y comenzaron a golpearlos y a dispararles, en la huida al monte varios fueron heridos por la espalda. Estos empleados intentaban despojar a la comunidad de una parte significativa de su territorio, y las familias viven amenazadas”
Este incidente es una consecuencia de un conflicto territorial que ha venido acumulando denuncias por amenazas y robo de ganado por parte de los empleados de las empresas a la comunidad que hace años reclama ser escuchada. El joven muerto habría sido reclutado por la empresa, aún se desconoce de dónde provino la bala que le dío la muerte, aunque desde la comunidad asegura no estar armados y que todos los heridos fueron baleados mientras huian. Es preocupante este conflicto territorial de larga data que llevó a este trágico acontecimiento. En 2011 un hecho similar cobró otra vida, sin embargo las cosas parecen no haber cambiado.
Ante esta situación las comunidades responsabilizan al Gobierno nacional, provincial y a la justicia por hacer oídos sordos a la realidad de los conflictos territoriales de las comunidades campesinas indígenas. “Cuando las comunidades nos manifestamos para exigir una respuesta, nos mandan a reprimir, así qué hacemos responsables de todos los acontecimientos a la justicia y por intermedio de la justicia al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que hace oídos sordos a estas necesidades” sostienen.
El conflicto de tierras en Santiago del Estero ha dejado una vez más una muerte. Es fundamental que se reconozca el trasfondo de este acontecimiento y que se tomen medidas para garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades que ejercen la defensa de sus derechos y la protección de sus territorios. A su vez, cuidados y oportunidades para evitar que los jóvenes que, ante la misma marginación que genera este modelo extractivista, sean cooptados para hostigar a los comuneros.
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