Autovía de Punilla: Reunión multisectorial por el avance de la denuncia frente a la OIT
El martes 5 de diciembre, se realizó una reunión multiactoral en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), para tratar el avance de la denuncia internacional por falta de Consulta Previa, Libre e Informada a las Comunidades Indígenas del Valle de Punilla, presentada frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por incumplimiento del Convenio 169, y la Ley Nacional N° 24.071.
La denuncia realizada por CISPREN, junto a Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) del valle de Punilla y la provincia de Córdoba, junto a otros gremios de Córdoba, como Luz y Fuerza, la Asociación Gremial de las y los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC) , Aceiteros de Tancacha y la CTA de los Trabajadores; se presentó hace poco más de un año, luego del avance y la construcción de un tramo del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) sobre los territorios ancestrales del Pueblo Indígena Camiare Comechingón. El reclamo, fue admitido por el Consejo de Administración de la OIT mediante Expte: GB.346/INS/18/8.; quienes, además, solicitan la conformación de un comité para el correcto tratamiento de la causa.
El procedimiento involucra como damnificadas principales, a las Comunidades Indígenas que habitan el Valle Comechingón, quienes estuvieron presentes junto a autoridades, comuneros, vecinas, vecinos y defensores ambientales afectados por la mencionada mega obra extractivista “Autovía de Punilla”, y se encontraron con la Secretaria Adjunta nacional de CTA-A, Maria Ana Mandakovich; Miriam Liempe, Mujer Mapuche, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTAA Nacional, el Secretario General de la CTA-A Punilla, Juan Yacobs, y demás representantes y especialistas de espacios y organizaciones afines en articulación, que trataron y trazaron líneas estratégicas para avanzar en la exigencia internacional con el objetivo de la justicia ambiental.
En los múltiples y diversos testimonios, personas afectadas denunciaron una serie de faltas graves que incluyen no sólo las expropiaciones, la alteración del modo de vida de quienes son, están y laboran en el territorio con la ganadería o la alfarería, las destrucciones de las viviendas y los daños en la salud a causa de las detonaciones, los irreversibles daños arqueológicos, la degradación y el rompimiento de vertientes de agua, la repercusión en la economía de las familias afectadas, el avance de la traza sobre el monte nativo, y el grave impacto que esto deja en el territorio, sino que también denunciaron persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias, violencia de género, tortura y otras manifestaciones violentas que operan bajo lógicas de terror, como desapariciones temporales forzadas e intentos de homicidio.
Finalmente, se encuentra en proceso la conformación del comité exigido por el organismo internacional, integrado por Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), Amnistía Internacional y Fundación para la defensa del medioambiente (Funam), quienes acompañarán a las comunidades, autoridades e identidades indígenas de Córdoba, mientras que ellas avanzan en la creación de una Comisión Indígena que pudiera garantizar el seguimiento, la participación y decisión plena y efectiva de los representantes de cada territorio en dicho comité.
Escribe: Rocío Vélez -SISAS
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