Este nuevo dispositivo, creado por el Gobierno Nacional y dependiente del Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo principal potenciar la presencia de fuerzas represivas para proteger las actividades mineras y petrolíferas ante los previsibles reclamos de comunidades indígenas y poblaciones locales.
Dirigido por Alfredo Martín Culatto, estará bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, que a su vez, depende de la Subsecretaría de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad.
En la Resolución 499/2024, publicada en el Boletín Oficial apenas aprobada la Ley Bases en el Senado de la Nación Argentina, se argumenta que la cantidad de su producción, la sensibilidad de los materiales que utilizan o producen y el alto valor de sus productos, “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”.
En esta línea, la titular del Ministerio de Seguridad encabezó el lanzamiento de este nuevo dispositivo que busca asegurar la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Estamos pensando en cuidar toda la zona minera del país con sistemas electrónicos y llegando a todas las empresas” apuntó durante el lanzamiento del programa de Seguridad Productiva, y adelantó que se enviará una dotación de Gendarmería Nacional a Añelo, en Neuquén, para asegurar la explotación petrolera en Vaca Muerta.
“Estamos trabajando para que en San Antonio de los Cobres, Joaquín V. González y en varias zonas donde hay actividad minera tengamos un sistema de control común, seguramente con sistemas de comandos que permitan analizar los peligros que pueda existir en la zona y trabajar preventivamente”, advirtió la ministra en relación a la zona conocida como “Ruta del Litio”
A su vez, Bullrich resaltó la acción de la Prefectura Naval Argentina y la necesidad de finalizar obras para permitir salidas al Pacifico que abaraten los costos de producción, ya que el 80% del material minero Argentino tiene como destino los puertos asiáticos.
La creación de este nuevo dispositivo se da en un contexto en el que aún quedan 5 detenidos y más de 30 criminalizados y judicializados por ejercer el derecho constitucional a la protesta y manifestarse contra la Ley de Bases, o simplemente por encontrarse cerca de la manifestación popular. Además, se observa un incremento de operativos y judicializaciones a integrantes de comunidades indígenas que resisten la avanzada extractivista sobre los territorios.
El 27 de junio es la fecha prevista para que Ley Bases tenga su último debate en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobada por el Senado. Mientras tanto las comunidades indígenas, organizaciones ambientales y pobladores debaten y planifican estrategias sobre cómo enfrentarán el avance destructivo sobre la naturaleza y la calidad de vida.
📷 Roxana Sposaro
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