Lof Paicil Antriao denuncia Maniobras del Ministerio Público Fiscal 

Villa La Angostura, Neuquén. Mediante un comunicado público, la comunidad mapuche Paicil-Antreao repudió “las constantes maniobras y decisiones del Ministerio Público Fiscal (MPF)”, las cuales consideran que atentan contra su derecho al servicio de justicia, así como a garantías mínimas de imparcialidad y objetividad en el desarrollo de legajos que les afectan directamente. El documento fue emitido por la comunidad mapuche a raíz de la elevación a juicio de la causa en la que dos integrantes de la comunidad serían juzgados acusados de la supuesta turbación a la posesión.

Horas después, la Oficina Judicial Penal de Villa La Angostura comunicó la cancelación del juicio debido a razones médicas invocadas por el Cristian Pettorosso, abogado querellante que representa a Hugo Farmentano, quien además es parte de la familia Salamida e integró el grupo de diez o doce varones adultos que irrumpió en una calle interna del territorio comunitario el 3 de febrero de este año

La familia Salamida, descendientes de quien fuera intendente de Villa La Angostura durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, mantienen el conflicto con el comunidad “José Salamida iba con un escribano a los pobladores mapuche, les hacían apoyar el dedo para quedarse con las tierras”, así pobladores locales relatan cómo Salamida adquiría las escrituras desde antes de ser funcionario de facto. Estos despojos, y los negocios inmobiliarios posteriores, marcaron el inicio de este conflicto.

“De Lillo no esperó al miércoles próximo para tener los testimonios de la querella y se reunió al menos con tres de ellos para moldear “la historia oficial” de la presunta usurpación en perjuicio de la familia Salamida, uno de los pilares locales del despojo al lote 9 (de 625 hectáreas) reconocido en 1903 a nuestros ancestros”, destacaron desde la comunidad.

El Lonko de Paicil Antriao, Damian Olivero, explicó a infoterritorial el hecho por el cual se los acusa: “Este año aparecieron unos privados para marcar el terreno y delimitar justo por donde pasa un camino donde nosotros tenemos acceso a nuestras rucas. Entonces ahí salieron las lamien a ver qué pasaba, hubo un intercambio de palabras. Ahí los abogados estos más la fiscalía nos hicieron una causa que derivó en este juicio”, 

El comunicado de la comunidad

El fiscal Adrián De Lillo, representante local del MPF, lidera la acusación contra el lonko Damián Olivero y Dorita Calfupán, en el juicio oral y público que iba a llevarse  a cabo el próximo 20 y 21 de noviembre en Villa la Angostura. Ambos están acusados de presunta turbación de la posesión de parte de su propio territorio comunitario tradicional. Este juicio, que la comunidad señala como una nueva embestida judicial, se produce después de que el MPF fracasara en sostener una causa penal en favor de Emanuel Ginóbili.

Obstáculos en el Proceso Judicial

La comunidad denunció que De Lillo se opuso a que su abogado defensor, Luis Virgilio Sánchez, pudiera intervenir vía online en las jornadas de debate. Esta decisión impone gastos y pérdida de días de trabajo que podrían haberse evitado, y es vista como un ataque directo a la labor profesional y solidaria de Sánchez, quien es vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogad@s y defensor en numerosos casos penales y civiles de la comunidad.

En este contexto, expresaron que esta decisión es ”un obstáculo más a nuestras posibilidades materiales de acceder a la maquinaria del poder judicial, de corazón y raíz racista y subordinada a los intereses económicos dominantes”.

Además, señalaron que la Unidad Fiscal de Villa La Angostura citó irregularmente a miembros de la comunidad que declararán como testigos el próximo jueves. Esta maniobra, busca amedrentar y condicionar la libre decisión de la gente mapuche, como históricamente hizo el poder”, indicaron.

Antecedentes y Reacciones

La comunidad recordó que De Lillo no investigó el ataque perpetrado por una patota de mercenarios encapuchados el 13 de junio de 2018, que atentó contra la vida de diez miembros de la comunidad, incluyendo al Lonko Damián Olivero. Sin embargo, la fiscalía avanza rápidamente en las causas contra integrantes de la comunidad que defienden su territorio ancestral.

La comunidad Paicil Antreao repudió la actuación del fiscal, acusándolo de violar el Protocolo de Brasilia de Acceso a la Justicia para los sectores vulnerables. Reafirmaron su confianza en su abogado defensor y reivindicaron como propios los hechos por los que acusan a su lonko y a Dorita Calfupán. Además, rechazaron todas las formas de criminalización de los pueblos en defensa de sus derechos.



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