El werken de la Confederación Mapuche de  Neuquén, Lefxaru Nawel, expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de los derechos del Pueblo Mapuche y la afectación de la contaminación de la explotación petrolera en Vaca Muerta. La audiencia se desarrolló en Manaos, Brasil en el contexto de la sesión Opinión Consultiva sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos” que inició el mes pasado en Barbados. 

Nawel expuso las preocupaciones acerca de la falta de políticas estatales que contemplen la emergencia climática y protejan a los pueblos indígenas en la región. Destacó la importancia de que la Corte aborde la situación en torno al megaproyecto Vaca Muerta, relacionado con obligaciones estatales ante la emergencia climática y subrayando la perspectiva indígena y los derechos territoriales.

El testimonio de la Confederación reveló la grave afectación de las generaciones futuras debido a las decisiones actuales de los gobiernos y enfatizó la urgencia de acciones concretas y la responsabilidad estatal en este contexto.

En este sentido, señaló la preocupación por la ascensión de gobiernos negacionistas del Cambio Climático, como en Argentina, y la falta de aplicación efectiva de leyes que protegen los derechos indígenas frente a proyectos extractivistas. Resaltó la importancia de respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígena y la aplicación de la Consulta Libre, Previa e Informada,  así como la necesidad de control y seguimiento de las acciones de mitigación y descarbonización de las empresas y los Estados.

En su intervención, destacó los impactos negativos del fracking en Vaca Muerta, como incumplimiento de leyes protectoras, derrames petroleros, y afectaciones a la salud de la población indígena. A su vez, abordó la falta de información pública sobre la salud y el aumento de costos de vida, así como la necesidad de herramientas de control para la ciudadanía y pueblos indígenas.

La intervención completa: 

Solicitud de Opinión Consultiva N° 1/23 Rep. de Colombia y Rep. de Chile

Honorable Corte:

Nos presentamos desde la Confederación Mapuche de Neuquén, ubicada en el norte de lo que hoy se denomina como “Patagonia Argentina”, aunque para la concepción del Pueblo Originario Mapuche se reconoce como “Wajmapu” a la totalidad del territorio ancestral Mapuche, a un lado y otro de la cordillera, hoy dividido entre Argentina y Chile. Más particularmente desde la zonal Xawvn Ko (que significa encuentro de los ríos) que abarca a 15 comunidades mapuche .

En la actualidad, además de recibir directamente los impactos del megaproyecto Vaca Muerta, debido a la falta de cumplimiento de las legislaciones vigentes, nos preocupa de sobremanera la ausencia de políticas estatales que contemplen la situación de emergencia climática y los pueblos indígenas en nuestro país. Es por eso, que nos resulta de gran interés la resolución de este caso dado que es el primero que se pone en conocimiento de esa Ilustre Corte en el que se hallan involucradas las obligaciones estatales ante la emergencia climática, contemplando además que en dicho sentido es vital la perspectiva de los pueblos indígenas y sus derechos territoriales.

Nos preocupa la grave afectación a las generaciones futuras que las decisiones que toman los sucesivos gobiernos de nuestro país están generando. Pues esas generaciones que vienen, ni siquiera cambiando radicalmente su forma de vida, podrán revertir la situación de endeudamiento, contaminación y pobreza a las que las destinarán las decisiones del presente.

Consideramos fundamental el rol que este Tribunal pueda tener, teniendo en cuenta la urgencia de las acciones necesarias.

No abundaremos en la presentación de hoy, en numerosos datos del caso puntual que hemos detallado extensamente en el amicus presentado. Si no que, como organización territorial indígena, aportaremos nuestra visión ante la importante tarea que existe por delante tomando como ejemplo algunas de las situaciones que se viven en nuestra tierra con el megaproyecto Vaca Muerta.

Mientras que el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas declaró: “Hay una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos” vemos que ante este panorama existen en nuestra región dos problemas fundamentales que se relacionan entre sí y afectarán gravemente: Por un lado la ascensión de gobiernos como el actual en Argentina, que es declarado negacionista del Cambio Climático ya que este tipo de concepciones son un retroceso en el camino de que los gobiernos asuman la responsabilidad de tomar acciones urgentes ante la emergencia climática, dejando en extrema vulnerabilidad a la población. Por otra parte, el problema del ocultamiento permanente de los impactos que los proyectos extractivistas tienen sobre los territorios y la salud, tal el caso del megaproyecto Vaca Muerta y los territorios comunitarios mapuches.

Vaca Muerta es una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo, está ubicada en la Norpatagonia, abarcando la mayoría de la Provincia de Neuquén, pero también las provincias de Río Negro, Mendoza y La Pampa. De esta formación geológica que tiene una superficie de más de 30 mil kilómetros cuadrados con gran potencial en gas y petróleo de esquisto, se extraen hidrocarburos mediante fracking, una técnica más agresiva respecto a la que se usó históricamente, y que en la actualidad utiliza millones de litros de agua, arenas y químicos. Dada la gran extensión de la formación Vaca Muerta, las 15 comunidades de la Zonal Xawvnko son afectadas por el Fracking que realizan las petroleras.

Esta explotación presenta como principales impactos el incumplimiento de las leyes vigentes que protegen los derechos indígenas. Si bien recientemente en la provincia de Neuquén, luego de una ardua lucha de las comunidades de la Confederación Mapuche se ha regulado el derecho a la consulta en la Ley provincial N° 3.401, desde que fue promulgada aún no se aplica ni siquiera en los actuales proyectos que amenazan cruzar territorio mapuche como el caso del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur de la empresa YPF que pretende ir desde la meseta al mar.

Se incumple aún la Ley nacional n° 26.160 que desde el año 2006 declara la emergencia territorial y ordena el relevamiento de los territorios ocupados actualmente por las comunidades. Aún el parlamento argentino adeuda un instrumento legal interno que facilite el acceso a la propiedad comunitaria indígena. En resumen en Argentina aún no se aplica el valioso fallo “Lhaka Honhat”, en el que esta Corte fijó los puntos fundamentales para aplicar las políticas públicas hacia los pueblos indígenas. 

La ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre territorio mapuche ha producido numerosos conflictos que han generado causas penales y demandas civiles contra las comunidades, que si bien, no han logrado desalojarlas, han alterado notablemente su calidad de vida, así como también aumentaron los derrames petroleros y otros incidentes contaminantes dentro de los territorios de comunidades que se dedican fundamentalmente a la pequeña ganadería caprina y vacuna.

Toda la situación relatada viola el derecho fundamental a la libre determinación contemplado en el Art. N° 3 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Han proliferado en nuestra zona los basureros petroleros que son plantas de acumulación de residuos petroleros, siendo este el cuello de botella de la industria. Hoy no saben donde poner los residuos, lo que evidencia improvisación y falta de proyección seria sobre los impactos. A su vez, los sismos inducidos por las hidrofractura se han vuelto una cruda realidad en una zona que jamás fue sísmica, con todo lo que ello implica. Siendo 324 sismos identificados entre 2015 y 2023. Como consecuencia resulta la rotura de viviendas, de cursos de agua, desmoronamientos y afectación psicológica de la población.

Se han evidenciado en la población mapuche enfermedades cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas; afecciones a las vías respiratorias, a los órganos y a la piel, o aquellas ligadas al sistema nervioso, producto del contacto prolongado de las personas con los residuos de la explotación de hidrocarburos, así como en aquellas que viven cerca de instalaciones de tratamiento de crudos, depuración y compresión de gases. Las consecuencias de estas enfermedades van desde nacimiento con malformaciones hasta discapacidades en las funciones vitales de diversa índole.

Otro eje importante a considerar es la falta de información y estudios públicos sobre la salud de la población y el aumento del costo de vida.

En cuanto a la afectación al ambiente y la salud, se destaca la constante emanación de los “mecheros” o “antorchas” que ventean dı́a y noche el gas que descomprime a pozos y gasoductos. A la falta de control estatal se le suma la carencia de tecnologı́a que permita un control efectivo de los venteos y emisiones gaseosas. Práctica que está prohibida en muchos países del mundo y de la región.

Las emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles peligrosos para la salud no están bien reguladas y son contaminantes en toda la cadena de suministro de petróleo y gas. Destacamos también lo relatado por Gabriel Blanco, profesor de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN): que ha expresado que “Además de las emisiones de CO2 por el uso, se generan emisiones en los pozos de extracción y en el transporte del gas, llamadas ‘emisiones fugitivas’ y que están compuestas en su mayor parte por metano con alto potencial de calentamiento global. Estas emisiones fugitivas representan entre un 8% y un 12% de las emisiones totales por el uso del gas”

En perspectiva de gases de efecto invernadero y cambio climático, todas estas emanaciones de Metano y GEI descontroladas, no están siendo cuantificadas, ni tenidas en cuenta por las autoridades estatales en todos sus órdenes.

Según un reporte realizado por la UNICEN que consideró diferentes escenarios, las emisiones nacionales se incrementarían abarcando solo la zona caliente de vaca muerta entre 57 y el 67% de las emisiones nacionales a 2030, según la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Cambio Climático firmada por Argentina en el marco del Acuerdo de París.

Aunque en Argentina existe una ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, los datos e información brindada por el estado a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático se encuentra desactualizada, al alcance público los últimos registros datan del año 2018. En la jurisdicción provincial, no existen registros propios, ni ha presentado públicamente un plan de acción climática.

Recientemente en la última COP28, varias petroleras entre ellas la petrolera argentina YPF, firmaron la “Carta de Descarbonización del Petróleo y Gas” en los que se fijan objetivos de descarbonización. Son importantes declaraciones, pero por la información especificada en el amicus presentado se observa un incumplimiento en esos objetivos al menos por la empresa YPF en nuestra zona, siendo una de las empresas firmantes de la carta.

Configura un agravante de la situación de falta de control estatal, la situación de que las empresas petroleras tampoco cuantifican sus emisiones en vaca muerta de un modo confiable. Sus informes de sustentabilidad por lo general son manifestación de buenas intenciones, pero poco de información concreta. Carecemos de un ejemplo de buenas prácticas empresariales en este sentido.

Ante esta situación se observa que se necesitan herramientas de control para la ciudadanía y los pueblos indígenas para controlar el real cumplimiento de las metas de descarbonización, proponiendo la elaboración de consejos de evaluación y seguimientos a las declaraciones de descarbonización que hacen los países, que permitan cotejar los objetivos con las acciones concretas, año a año, para que no finalice todo el esfuerzo en una serie de declaraciones de  buenas intenciones que no se aplican. Sumado a esto, una instancia de denuncias cuando las decisiones tomadas por los gobiernos atenten directamente contra esos compromisos.

También, entendemos que es fundamental que la debida diligencia y la responsabilidad empresarial, tenga mecanismos de control y denuncia para la sociedad civil y los pueblos indígenas. Los países de nuestra región se encuentran atrasados respecto a la aplicación de los principios de la responsabilidad empresarial frente al cumplimiento de los derechos humanos.

Consideramos de gran importancia que se ordene a los estados la actualización y armonización de sus normas operativas en materia ambiental al nuevo paradigma de emergencia climática. Ya que, más allá que existan reconocimientos a la importancia de las acciones para mitigar el Cambio Climático en lo alto de la pirámide del orden de prelación legal, terminan por prevalecer en la práctica las normativas específicas, aunque sean de menor rango. Se necesita hacer énfasis en que los países fijen los estándares mínimos de calidad de aire, adaptados al paradigma mencionado.

Para referirnos al punto de la situación de los defensores ambientales, observamos que en lo que respecta a la prueba en los procesos judiciales sobre todo en materia penal, ante la posible afectación al ambiente, la carga de la prueba judicial al momento de tratar las causas, no tienen en cuenta la posición de vulnerabilidad económica de las comunidades indígenas, y la carencia de tecnologı́a que permita un control efectivo de las emisiones de Metano, de esta manera se torna una tarea casi imposible la producción de la prueba que verifique los supuestos fácticos para que los procesos avancen y se obtengan resultados favorables para las comunidades. Se evidencia la situación de falta de aplicación de las leyes penales sobre los contaminadores y también la ilógica exigencia del daño ambiental para que el poder judicial pueda intervenir, abandonando así el principio precautorio y el principio de no regresividad.

Valoramos la labor llevada adelante por los organismos multilaterales de crédito que han elaborado directrices para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas pero no podemos dejar de señalar que dichos mecanismos son pensados para denunciar proyectos en desarrollo y actuar ante el incumplimiento. Consideramos necesario que la información y participación debe considerarse en el momento de planificación de los proyectos, no solo desde la ejecución.

Hasta aquí hemos relatado brevemente la situación en nuestra zona, pero particularmente hoy lo que queremos resaltar es el papel fundamental que los pueblos indígenas tenemos, si bien poco reconocido, en la mitigación del cambio climático, ya que nuestros conocimientos ancestrales han sabido proteger durante milenios los lugares que habitamos.

Para resumir nuestra intervención queremos expresar que desde nuestra visión el desafío es la aplicación de derechos fundamentales como la consulta, a la información pública, en un contexto de países endeudados, con economías estructuralmente débiles y de captura corporativa que impide tener cualquier atisbo de exigir el cumplimiento de los derechos humanos en la práctica empresarial.

Para finalizar declaramos hoy que los pueblos indígenas de América no solo debemos soportar la situación de que los países desarrollados han sometido nuestros territorios al saqueo y la colonización que se mantuvo aplastando nuestro derecho a la libre determinación, inclusive posteriormente a la independencia de los nacientes países de América, si no que todo lo que hemos expresado desde la época colonial fue desoído de manera permanente. El mensaje fue siempre claro y permanece: “todo lo que le hagamos a la tierra, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Todo el daño que hagamos a todo lo que nos rodea, volverá hacia nosotros y nos dañará en un futuro”

Pues bien, hoy las sociedades que no nos escuchaban también lo han descubierto, y han entendido que toda esa contaminación y abuso sobre la naturaleza nos ha llevado al borde del colapso. Pero en lugar de existir un giro hacia valorar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas debemos soportar la situación de que pretendan explicarnos cómo debemos conservar la naturaleza para evitar que empeore la catástrofe. Peor aún, las empresas que en su mayoría vienen de los países que más han colaborado a esta situación, intentan justificar que las nuevas incursiones sobre nuestros territorios comunitarios llegan con el noble objetivo de lograr la mitigación al cambio climático y la transición energética. Por eso es que hoy consideramos que para obtener una solución óptima, requerimos de un diagnóstico certero. Debemos decir con claridad que de una década a esta parte, así como ocurre en Vaca Muerta, ocurre en todo el continente que las corporaciones económicas se han apropiado indebidamente de las consignas de la mitigación al cambio climático y la transición energética.

Detrás de esas válidas consignas, han construido un relato que prácticamente nos culpa a los sectores históricamente más vulnerados de oponernos a esas industrias y a esas obras que de manera colonialista y replicando las mismas lógicas que nos han oprimido, han decidido las mismas empresas multinacionales destinar para instalarse en nuestros espacios comunitarios.

Consideramos que es este el panorama, respetada Corte, que hay que considerar a la hora de fijar las pautas que orienten a los gobiernos a efectivizar los derechos humanos frente a la emergencia climática.

Es por eso que con total convicción decimos que luchar contra el cambio climático es reafirmar los derechos territoriales indígenas. Somos testigos de esta afirmación, pero si además hace falta, hay numerosos estudios científicos que lo afirman. Pese a la colonización y al intento de genocidio, somos los pueblos indígenas quienes resguardamos la biodiversidad. Pero no solo por nuestra existencia actual, sino porque valoramos esa biodiversidad como la única perspectiva de futuro. No hay transición energética, ni productiva en un territorio contaminado y arrasado. Si la transición energética solo plantea proteger la ganancia empresarial a costa del sacrificio de nuestros territorios, será solo una transición empresarial que aplastara los derechos humanos de nuestros pueblos.

Aclaramos entonces, que por supuesto que estamos de acuerdo con la mitigación frente al cambio climático y también estamos de acuerdo con la transición energética, pero exigimos la participación que nos corresponde. No solo en los proyectos una vez que llegan al borde de nuestras comunidades. Sino en la planificación general de las directrices que ordenan las estrategias de cambio climático de los países. De manera que la propuesta es que el derecho a la consulta debe efectivizarse en la etapa de la planificación de los programas de transición energética y de mitigación del Cambio Climático.

Nuestros pueblos deben tener, a través de nuestras instituciones representativas, efectiva participación de los diseños de dichos programas. participar en la formulación de políticas sobre el cambio climático en los planos nacional e internacional, y de tener en cuenta y aprovechar nuestros conocimientos tradicionales. Además de que, por añadidura, debe garantizarse la participación y consulta, en etapa pre licitatoria, del consentimiento, libre, previo e informado, que con carácter vinculante decida sobre los proyectos que afecten a una o más comunidades.

Estimada Corte, agradecemos enormemente la posibilidad de participar y dar nuestra voz. Estaremos expectantes a la opinión consultiva que nos convoca, tenemos confianza en que su alta calificación en derecho, más los aportes de las organizaciones en esta audiencia, tengan como resultado un instrumento que nos ayude a disminuir la brecha entre los derechos reconocidos y la realidad que viven nuestros pueblos. Por nuestras ancestras y ancestros, por quienes hoy estamos en este mundo y por las futuras generaciones.