Pasando en limpio: de incendios, cacerías y culpables

13 Feb 2025

En medio de un devastador aumento de incendios en la Patagonia, las comunidades mapuche son objeto de una intensa cacería de culpables, exacerbada por discursos políticos que buscan desviar la atención de las verdaderas causas del desastre ambiental. Mientras el Estado criminaliza a los pueblos indígenas, la falta de prevención y las prácticas extractivistas siguen despojando sus territorios, poniendo en riesgo ecosistemas irremediablemente, y perpetuando una narrativa de racismo y violencia institucional.

✍🏽 Silvina Ramírez

Incendios descontrolados y simultáneos en varias provincias, una afectación a los ecosistemas irremediable, una cacería de potenciales responsables –otra vez, las comunidades mapuche- ordenada desde el poder político y ejecutado por el poder judicial, un comunicado intempestivo de la Facción Autónoma de Liberación Mapuche Puelwillimapu, la presencia de la ministra de seguridad nacional y del ministro de defensa en la zona afectada, la ausencia del funcionario a cargo del área ambiental a nivel nacional, discursos encendidos (valga el calificativo) prometiendo castigos ejemplificadores pronunciados por el gobernador de la provincia de Chubut, son sólo algunos de los elementos que se encuentran presentes en un contexto atravesado por la desolación, la solidaridad que concita la lucha contra el fuego, y el sufrimiento de muchas comunidades que se ven involucradas como las culpables de un desastre de magnitud, perseguidas, hostigadas, violentadas.

No causan sorpresa los incendios en la Patagonia, una realidad totalmente previsible. La desidia del Estado, el mal manejo de los bosques, el desfinanciamiento de áreas estratégicas claves como los bomberos, las escasas campañas de prevención, el cambio climático que con la escasez de lluvia propicia el fuego, se confabulan para llegar a resultados esperables. Cuando llega la tragedia, el manejo y aprovechamiento político parecen una consecuencia natural.

Tanto desde el gobierno nacional, como -en el caso de Chubut- desde el gobierno provincial, en cabeza de Ignacio Torres, vociferan que atraparán a los culpables, en palabras de la Ministra de seguridad nacional “el que las hace las paga”, escondiendo debajo de la alfombra las verdades razones del desastre. Pero para que este discurso tenga “su golpe de efecto” deben transmitir eficiencia a través del encarcelamiento de personas que se muestran como aquellas que iniciaron los incendios. Simultáneamente, a nivel nacional y a través de los medios de comunicación afines, se inician campañas de desprestigio de organizaciones de la sociedad civil que trabajan acompañando a comunidades indígenas y difundiendo sus derechos, para generar un marco propicio que justifique la embestida, precisamente, contra sus derechos.

Por de más llamativa es la noticia que se dio a conocer en Infobae en estos días aciagos, cuestionando el financiamiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas destinó a las comunidades indígenas para afrontar el pago de honorarios de sus abogados, y cuestionando a esos mismos abogados por falta de rendición de esos fondos. Notas periodísticas plagadas de inexactitudes, falsedades y calumnias, cubriendo con un manto de sospecha el trabajo legítimo de, por un lado, profesionales defensores de derechos humanos y, por otro lado, cuestionando la reivindicación de las comunidades, también legítima, de sus derechos.

Por otra parte, ya aterrizando en los territorios, la búsqueda permanente del culpable mapuche reedita una historia atravesada por la criminalización indígena. Los allanamientos que tuvieron lugar en la cordillera chubutense el 11 de febrero dan cuenta del ensañamiento de las fuerzas de seguridad, y de cómo un poder judicial genuflexo siempre se subordina al poder político, haciendo precisamente lo que el poder político pretende. Torres da las órdenes y los jueces y fiscales las acatan.

Ciertamente, en este escenario tan contaminado no ayuda un comunicado de la Facción Autónoma de Liberación Mapuche Puelwillimapu autoadjudicándose el incendio a maquinaria en una estancia de la zona. Aunque aclara que no son responsables del incendio de los bosques, su difusión no podría haber sido menos propicia, facilitando el montaje de una “historia oficial” de los gobiernos actuales, dando argumentos para profundizar la criminalización. Resulta llamativo –y en un punto, inexplicable- semejante error táctico de aquellos autores de este mensaje, que enrarecen aún más el ambiente, dejando servido en bandeja de plata una arremetida “supuestamente justificada” del Estado contra las comunidades.

Mientras tanto, la Patagonia sigue prendida fuego, y aunque el incendio hoy tiende a contenerse, está claro que llegó para quedarse, y que periódicamente deberemos ser espectadores de ecocidios que, paradójicamente, se vuelven funcionales para seguir despojando a las comunidades indígenas, para favorecer el extractivismo inmobiliario, y transformar lugares paradisíacos en un botín que es más fácilmente apropiable a través de las fracturas entre los diferentes sectores sociales que los habitan. No es posible soslayar que las comunidades mapuche tehuelche no encuentran un apoyo mayoritario en la población, que la sospecha se extiende cada vez más impulsada por los medios de comunicación y por los discursos gubernamentales, y que la desesperación de muchos no colabora para poder llevar adelante una lectura racional de la situación actual.

Las comunidades indígenas de la región, particularmente en Chubut, enfrentan un desafío enorme. Para poder hacer frente a semejantes campañas de desprestigio, criminalización y violencia deben poder articular un discurso consistente, que transmita con claridad su posicionamiento actual, incluso frente a otros sectores, que eligen las acciones directas como herramientas para defender sus derechos. Poner blanco sobre negro ayudaría a clarificar el panorama, y a consolidar un frente interno unificado, muy necesario en las actuales circunstancias.

Por otra parte, las organizaciones que acompañan tanto a las comunidades mapuche como aquellas organizaciones que denuncian los ecocidios, el extractivismo, los incendios recurrentes como producto de un desastre ambiental ya instalado, deben hacer escuchar sus voces más fuertemente. Hemos llegado a un punto en que los comunicados de denuncia parecen ser los instrumentos privilegiados de lucha. Es cierto que muchos/as abogados/as litigan en condiciones muy adversas, que la sociedad se encuentra desmovilizada, y que no es fácil construir estrategias frente a maniobras tan articuladas, que hilvanan hechos de un modo arbitrario, para demostrar que todos los incendios son intencionales, que las condiciones objetivas para que se produzcan (cambio climático, el impacto de las acciones humanas, la ausencia estatal) son relativas, y que la responsabilidad sólo recae en las comunidades mapuche tehuelche que extrañamente destruyen sus propios territorios, en donde habitan, reivindican y defienden desde hace décadas.

En la conferencia de prensa que brindó el gobernador de Chubut el 12 de febrero, luego de que se dictara la prisión preventiva de la única detenida –mujer que vive en una comunidad mapuche- como responsable del incendio de la estancia Amancay, diferencia -como históricamente se hizo- entre “indios buenos e indios malos”. Parece ser que los buenos son pacíficos, en una lectura que los muestra como sometidos, y que los malos se rebelan e incendian, afectando al Estado, a la sociedad, a los bosques…el gobernador olvida que las comunidades recurren desde hace décadas a las vías legales para alcanzar el reconocimiento de sus territorios, que promueven el diálogo intercultural, que solicitan por distintas vías –una y otra vez- ser escuchados para plantear pacíficamente sus reclamos.

El discurso racista, discriminador y criminalizante –y sus consecuencias- está alcanzando niveles cada vez más preocupantes. La “cronología de los hechos” que se presentó oficialmente vincula el desalojo de la Lof Pailako a inicios de este año en el Parque Nacional los Alerces, con todos los incendios de la región, y con el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de uno y otro lado de la cordillera, pretendiendo demostrar una suerte de conspiración transnacional, con pruebas muy endebles, pero que lograron finalmente exhibir, cual trofeo, una mujer encarcelada y sugerir que es sólo la punta del iceberg de un estructurado plan terrorista.

Es imperioso prestar atención a todas estas señales de autoritarismo, de violencia institucional, denunciarlos y combatirlos. Pasar en limpio y reconocer todos los hechos que se fueron dando en este 2025, para separar la paja del trigo, y para clarificar qué es lo que estamos discutiendo alrededor de los incendios. Mientras tanto, todo arde.

📷 Roxana Sposaro