Comienza juicio contra histórica comunidad Mapuche Tehuelche en Esquel
Del 6 al 8 de noviembre, se realizarán las audiencias de debate de lo que será el juicio contra cinco integrantes de la comunidad Nahuelpan. El Lonko Ángel Victoriano Quilaqueo; sus hijos, Héctor, Hugo, Hérnan; y su yerno, Gabriel Nahuelquir deberán enfrentar la acusación del fiscal Ezequiel Leonardo Forti, por la supuesta usurpación del denominado “puesto La Tapera”. El territorio en cuestión, 750 hectáreas ocupadas desde finales del XIX por la comunidad, es reclamado por familiares de Carlos Aguado, ya fallecido, que sostienen haber comprado los derechos de posesión con anuencia del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural ( IAC )
Acusados de usurpar su propio territorio
Sobre la comunidad Nahuelpan pesa una larga historia de despojos. Quienes sobrevivieron al exterminio de las campañas militares del siglo XIX, tuvieron que desplazarse a zonas alejadas, denominadas por el Estado como “reservas indígenas”. Este es el caso de Boquete Nahuelpan, a quince kilómetros de Esquel, donde se asentaron varias familias mapuche tehuelche. En el año 1908, el Estado nacional reconoció 19 mil hectáreas para ser ocupadas por “los indígenas de Nahuelpan”. En el año 1937, el presidente de facto Agustín P. Justo, con un nuevo decreto, anuló el del año 1908, habilitando el violento “Desalojo del 37”.
“Así las familias mapuche tehuelche padecieron un nuevo evento disruptivo que es recordado como “el desalojo del 37”. En él, las fuerzas de seguridad procedieron a la expulsión sistemática y violenta de todas las familias allí radicadas. Destruyeron las plantaciones y prendieron fuego las viviendas intentando borrar todo vestigio de población indígena. Las tierras que formaban parte de la reserva fueron divididas en 9 lotes de 2500 hectáreas y otorgadas a los pobladores no indígenas (muchos de ellos miembros de la élite) de las inmediaciones de la ciudad de Esquel.” Esta descripción de lo acontecido forma parte del informe de la licenciada en Antropología, Ayelen Fiori, integrante del Grupo GEMAS
El Estado nacional, mediante un reconocimiento en 1948, permitió volver a un grupo de descendientes directos del cacique Francisco Nahuelpan, pero sólamente fueron devueltas 7.500 hectáreas a las comunidades originarias, una porción ínfima del territorio comunitario arrebatado.
Mientras los grupos de poder aseguraban sus privilegios con la apropiación de territorios mediante la violencia y complicidad del Estado, muchas de las familias mapuche desalojadas terminaron en las periferias de Esquel, conformando los barrios más humildes y pospuestos de la ciudad.
La colonización institucionalizada
Aunque suene extemporáneo, en Chubut existe un “Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural”. El IAC es la autoridad de aplicación en materia de las “tierras fiscales”. Cabe aclarar que para los pueblos originarios, preexistentes a la constitución del Estado Nacional, no existía el concepto de propiedad privada. Por lo tanto, muchos de los territorios que aún no fueron reconocidos por el Estado como “Propiedad Comunitaria Indígena”, se encuentran contemplados como “tierras fiscales”. En el segundo caso, muchos de los conflictos en Chubut se producen cuando el IAC “autoriza” a privados la compra de derechos posesorios de territorios, ocupados históricamente por comunidades indígenas. En este contexto, se origina el conflicto entre la familia Aguado y la comunidad Nahuelpan.
Una ley del propio Instituto establece que debe haber una “Comisión de Tierras” Indígenas para dictaminar de manera transparente la posesión de tierras fiscales, cuando al menos una de las partes en conflicto fuera indígena. Sin embargo, está comisión nunca se conformó y las comunidades presentaron una medida cautelar ante el intento del gobernador Mariano Arcioni, de establecerla por decreto sin la consulta a las comunidades. Este decreto se encuentra suspendido por una medida cautelar del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
La comunidad Nahuelpan, mediante su abogada Sonia Ivanoff, pidió la recusación del juez designado para llevar adelante el juicio . “A pocos días de que comience el juicio, mediante un trawn nos enteramos, que el juez, Jorge Novarino, quien va a llevar adelante el mismo, ya tiene antecedentes negativos ante Comunidades indígenas. En 2018 ordenó que se desaloje a la comunidad Mapuche Tehuelche Sacamata Liempichún de Alto Río Senguer; autorizando mediante un comunicado a La Juez de Paz de la localidad, agregando en el texto lo siguiente “a hacer uso de la fuerza pública, allanar domicilios y violentar cerraduras”, afirman en un comunicado público. El pedido de recusación fue rechazado el mismo día: “¿Cómo podemos confiar en la “justicia” ejercida por Novarino, que claramente le falta a su ética de juez y no reconoce los derechos de los pueblos indígenas?”, cuestionan desde la lof mapuche tehuelche.
Ivanoff señala que “estos conflictos, creados por el poder ejecutivo provincial no deben resolverse en el judicial; no obstante, la fiscalía de Esquel continúa criminalizando a los integrantes de las comunidades mapuche tehuelche.”
El Juez Novarino tendrá la tarea de decidir sobre un conflicto que evidencia un síntoma de una política de Estado en detrimento de las comunidades indígenas. Más que respuesta penal, estos litigios requieren de decisiones políticas que reformulen el rol del Estado argentino respecto a las naciones que lo preexisten.
Finalmente, la respuesta que brinde la justicia a este conflicto puede significar una forma de reparar tantos años de despojo, o puede seguir profundizando una política de Estada siempre adversa al reconocimiento de los derechos territoriales indígenas.
📷✍ Roxana Sposaro
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