El juez declaró procedente la extradición de Facundo Jones Huala

Escribe Pablo Quintana

No hubo sorpresas. Finalmente, el juez Gustavo Villanueva, cómo lo hiciera hace cinco años atrás, declaró procedente la extradición a Chile del lonko Mapuche Facundo Jones Huala. Más de dos horas duró la lectura de la sentencia que se realizó por videoconferencia. 

Rechazó la figura de preso político que tanto la defensa como el propio líder mapuche habían esgrimido durante el proceso, objetó la persecución personal a la que es sometido y que sostuvo el propio Jones Huala en el juicio y consideró que las condiciones de detención en el país vecino no pondrían en peligro la integridad física y salud del imputado.

En su fallo, Villanueva solicita que el Estado chileno compute el tiempo de privación de libertad que demandó este proceso, “como si lo hubiese sufrido durante el curso del proceso que motivo el requerimiento”. Es decir, se le compute el tiempo que estuvo detenido en Argentina para determinar lo que le resta de la condena en el país trasandino.

Nadie en su más sano juicio podía esperar que el juez con asiento en San Carlos de Bariloche pudiera fallar en sentido contrario a lo que finalmente determinó. Desde el momento en que consideró que no era necesario que la defensa pudiera presentar pruebas y testigos durante el proceso, la suerte del tercer juicio por la extradición de Jones Hula estaba echada.

En el primer juicio de extradición, el juez Guido Otranto tuvo que declarar la nulidad del proceso por la tortura a la que había sido sometido uno de los testigos. Fue durante el año 2016. Al año siguiente, en el segundo juicio Villanueva daba lugar al pedido de extradición y, en esta tercera oportunidad, siguió con su misma lógica.

La situación de Jones Huala no deja de ser una muestra más del conflicto que atraviesan los Estados modernos con los pueblos originarios. Diversas estrategias de resistencia política y jurídica frente a los ataques contra su derecho a la libre determinación son el contexto de los conflictos que rodean a las comunidades. El avance sobre los territorios y el desalojo al que fueron sometidos son difíciles de obviar a la hora de analizar estos procesos.

En esa razón, el magistrado ratificó su postura de hace cinco años atrás al rechazar los visos de carácter político que se solicitan frente a este tipo de conflictos. Para ello citó postulados de sus pares chilenos frente a este mismo proceso. “Entendiendo que la doctrina no es unívoca en comprender qué es un delito político y por tanto excediendo la función de este tribunal, arribar a un concepto definitivo de este y sólo con un afán descriptivo de sus aspectos más relevantes, es que estiman estos jueces que un delito político es aquel que atenta contra la estabilidad y normal funcionamiento de los poderes públicos”.

Por ende, sostiene que el incendio en el que se lo involucra a Jones Hula fueron ejecutados a población civil y que son acciones que no atenta contra el poder que dicen combatir.

Como lo expresa en el libro “Derecho y Pueblo Mapuche”, uno de sus autores, Juan Manuel Salgado “por su propia lógica, consistente en tratar sólo con los aspectos individuales, son instrumentos sumamente defectuosos para abordar las controversias originadas por la emergencia de sujetos políticos colectivos autónomos dentro del Estado, como los pueblos indígenas. Las formas más adecuadas para solucionar conflictos interculturales de este tipo se encuentran en mecanismos de participación política que admitan ciudadanías diferenciadas para los grupos involucrados”.

Es decir, las consideraciones del poder judicial sin contemplar el contexto histórico político del grave conflicto étnico en que se producen estos delitos, pareciesen no tener un verdadero sustento.

La cobertura mediática de los medios hegemónicos refuerza el imaginario de los mapuche como terroristas e invisibiliza las voces de estos últimos en el marco de una campaña de inseguridad y violencia.

Seguir estigmatizando la lucha por la autonomía de los pueblos originarios como delincuencia común profundizará y dilatará seguramente este tipo de conflictos.

Foto: Roxana Sposaro

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