Impacto de la derogación del DNU de emergencia territorial indígena
El presidente Javier Milei junto a sus ministros decretó la derogación del Decreto Nº 805 de 17 de noviembre de 2021 y declaró por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley.
Esta decisión se publicó en el Boletín Oficial el Día internacional de los Derechos Humanos, en consonancia con las políticas xenófobas y de desprecio a los pueblos indígenas vociferadas a nivel mundial por la gestión Milei-Villaruel. Cabe recordar que , el 11 de noviembre pasado, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas para promover el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios
Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento de la Coordinadora Mapuche Tehuelche en Río Negro, expresó en la red X. “Hoy 10 de diciembre día de la Democracia el gobierno de Milei en complicidad con gobernadores deroga la ley de emergencia territorial. Es una práctica genocida, que se aleja de la democracia y es pasible de ser considerado delito de lesa humanidad.”
Por su parte, Florencia Gómez, Directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Civil CEPPAS –Centro de Políticas Públicas para el Socialismo-, explicó a infoterritorial que la ley 26.160 establece el relevamiento territorial de las comunidades indígenas por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), permitiendo que las comunidades que se auto-reconocen como tales sean registradas para luego proceder a la escrituración y propiedad comunitaria indígenas, que si bien aún no está regulada se encuentra establecida en el Código Civil.
Esta ley también establece una emergencia en materia de posesión y propiedad de los pueblos indígenas, prohibiendo su desalojo. Sin embargo, desde sus comienzos, esta emergencia ha enfrentado obstáculos. Ante la falta de impulso desde el Poder Legislativo, las últimas prórrogas de la ley se realizaron por decretos, el último fue emitido por el gobierno de Alberto Fernández. Pero recientemente, el gobierno de Javier Milei derogó este decreto, finalizando así la emergencia y levantando la suspensión de desalojos.
Gómez, expresó que esta derogación afecta gravemente a las comunidades indígenas. “Aunque el relevamiento territorial puede continuar, la protección contra desalojos ya no está garantizada”. No obstante, mencionó que “el Poder Judicial a menudo no respeta la prohibición de desalojos, y que el INAI tenía retrasos significativos en sus relevamientos”.
Además señaló que el contexto se agrava con la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, la estigmatización, criminalización y el racismo como parte de un avance extractivista: “Estas medidas buscan liberar el camino para la explotación de territorios indígenas, afectando sus posesiones y ocupaciones tradicionales. Están siendo totalmente consecuentes con lo que están haciendo, qué es destruir todo lo que queda de los bienes naturales”
Para Silvina Ramirez, integrante de la AADI (Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena) y de CEPPAS, “la exposición de motivos de este decreto de derogación trasunta una visión ideológica recostada en el monoculturalismo y en el racismo. Sin lugar a dudas es una concepción de un Estado que definitivamente da la espalda a los pueblos indígenas”
La combinación de la derogación del decreto y la violencia sistemática contra los pueblos indígenas pone en riesgo los derechos territoriales de estos pueblos, exponiéndolos a mayores vulnerabilidades y desprotección frente a intereses económicos y políticas extractivistas. Esta situación subraya la necesidad urgente de garantizar el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales que salvaguardan la existencia de los pueblos preexistentes al Estado Nacional.
Foto: Roxana Sposaro
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