La posesión jurídica del Valle del Cuña Pirú volvió las comunidades indígenas
Mientras en Mendoza un proyecto de ley niega derechos al pueblo mapuche, en la provincia de Misiones un grupo de comunidades pertenecientes al pueblo mbya guaraní logró la restitución de las escrituras correspondientes a un total de 6.038 hectáreas, en el lugar donde habitan desde hace más de cien años, y que estaban en manos de la Universidad Nacional de La Plata.
Escribe Sergio Alvez
A principios de abril de este año, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto que afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional” y “los Tratados Internacionales”.
La aprobación de esta norma fue repudiada por diferentes organizaciones que nuclean o representan a los pueblos originarios, pero también motivó expresiones de preocupación y rechazo por parte de organismos como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El episodio mendocino se inscribe dentro de una avanzada de discursos negacionistas de los derechos indígenas y fuertemente estigmatizante contra el pueblo mapuche en particular.
En sentido contrario, y en otro extremo del país, tuvo lugar un hecho jurídico que reivindica justamente estos derechos que protegen y determinan la existencia de las comunidades indígenas en Argentina. Sucedió en Misiones el pasado 21 de abril, cuando la Universidad Nacional de La Plata firmó la escritura de transferencia de las tierras que posee en la Reserva del Valle de Cuña Pirú, en la provincia de Misiones, a favor de tres comunidades guaraníes asentadas ancestralmente en dicho lugar.
El traspaso, le pone fin a casi dos décadas de reclamos por parte de las comunidades mbya de Misiones, que a lo largo del proceso se vieron acompañadas y respaldadas por varias organizaciones sociales de la provincia y a nivel nacional contaron con el patrocinio jurídico del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
“Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” se titula el documento firmado por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas, del cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).
La resolución transfiere en condominio indiviso y por partes iguales (1/3 c/u) a favor de las Comunidades Aborígenes “Ka’aguy Poty”, “Ivy Pyta” y “Kapi’í Poty”. Se trata de aldeas situadas en este punto del municipio de Aristóbulo del Valle, una de las zonas con mayor predominancia de comunidades Mbya Guaraní en Misiones.
El territorio en cuestión, donde abunda el monte nativo, los cursos de agua e incluso una zona considerada reserva natural, fue donado –hace 27 años– a la Universidad Nacional de La Plata por parte de la empresa Celulosa Argentina, mientras que la presencia Indígena data de hace más de cien años. En los últimos veinte años, se han realizado manifestaciones y acciones de reclamo, incluyendo acampes frente a la casa de estudios, hasta que, en 2009, el Juzgado Federal de Posadas dio lugar la primera audiencia por la demanda de las comunidades contra la Universidad Nacional de La Plata.
“Celulosa Argentina regaló a la Universidad de La Plata nuestras tierras con tres comunidades viviendo adentro desde hace más de 100 años. Este gesto, que recuerda a los antiguos emperadores, fue aceptado alegremente por la UNLP. Nunca se consultó a las comunidades, como tampoco lo hizo la Provincia cuando decidió transformar ese territorio en una reserva privada. Desde 2001, las comunidades reclamamos la entrega de los títulos. Hoy, después de tanta lucha, se hizo justicia” expresó el cacique Catry Duarte en recientes declaraciones.
En tanto, desde la UNLP esgrimieron que utilizaban esas tierras para actividades académicas y de investigación: “Las Facultades de Ciencias Naturales y Ciencias Agrarias han realizado allí distintos trabajos sobre biodiversidad y antropología. Más allá del valor estrictamente académico y científico, la presencia de la Universidad se constituyó además en garantía de preservación de esas tierras, cumpliendo el compromiso de que nunca se comercializarían esas propiedades y –al mismo tiempo- no interferirá en el desarrollo de la cultura, costumbres e idiosincrasia de las poblaciones allí asentadas, respetando además el libre tránsito y utilización (para caza, pesca, instalación de cementerios, viviendas, etc.) de las 6.035 hectáreas por tiempo indefinido”.
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