Finca El Pongo: imputan a los afectados, entre ellos un “niño de 12 años”

19 Jul 2025

18/07/2025. JUJUY — Resisten en Finca el El Pongo. El juez de Control, Javier Salvatierra, imputó por usurpación por despojo y turbación a los poseedores de Hornillos, en Finca El Pongo. Las abogadas de las familias campesinas recurrirán la resolución.

Transcurre el cuarto día de hostigamiento a familias campesinas en Hornillos, Finca El Pongo, que resisten. Aunque un hecho insólito sucedió en una audiencia donde imputaron a 13 personas, entre ellos un niño de 12 años, así lo solicitó el fiscal Diego Funes, del Ministerio Público de la Acusación.

El gobierno provincial busca despojar con violencia, en un marco de ilegalidad, para ceder ese territorio a una empresa china, Tsinshan Mining Development, para la construcción de una planta destinada a elaborar hidróxido de litio.

El habeas corpus colectivo presentado ayer por las familias de Finca El Pongo fue rechazado por el juez Javier Salvatierra, quien aceptó el pedido de imputación por el delito de usurpación por despojo y turbación de la posesión (Art. 181, inc. 1° y 3° del C.P.) en el legajo P-18571/25, para las 13 personas, entre ellos un niño de 12 años.

La justicia, en plena feria judicial, acciona contra las familias que residen desde hace cerca de 5 generaciones en Perico, como lo hizo cuando instaló Cannava SE. El conflicto en El Pongo empezó a profundizarse con los intentos de desalojos desde enero, impulsados por Sonia Leis, vicepresidenta de Zona Franca y administradora de Finca El Pongo.

Tras una extensa audiencia virtual, quedaron imputados: Griselda Ibáñez, Gregoria Colque, Lorena Condori, Nahuel Calizaya, Viviana Vargas, Eva Calisaya, Mirta Rodríguez, José Pablo Rosado, Rafael Herrera, Ema Miranda, José Walter Cadena, Zaida de Rosario Ibáñez, Domingo Soruco Anselmo y Axel Ibáñez.

Las abogadas Silvana Llanes y Alejandra Cejas calificaron la audiencia como una “aberración judicial”. El habeas corpus fue presentado para que se garantice la libertad ambulatoria de las familias, teniendo en cuenta la violencia de estos días.

Cejas relató que se tenía que plantear el habeas corpus para resguardar los derechos de 13 personas y terminaron imputadas. “Funes informó que había una orden de desalojo para el padre de Griselda Ibáñez sin señalar el lugar. Además, hay una denuncia penal anterior en este expediente, medidas pedidas por el fiscal Baiud porque tenían que realizar separación de inmuebles”, remarcó las irregularidades de la justicia.

También señaló que “el juez reconoce que la orden de desalojo no está firme, y lo peor es que toman la carátula del habeas corpus para imputar a todos y decir que hay un acto de turbación”, refiriéndose a las contradicciones en la audiencia.

Explicó la abogada que “no puede haber turbación sobre un desalojo que no está firme, y ahí lo imputan a un niño. Es decir, que si en la lista incluíamos a los nietos, seguro los imputan. El fiscal reconoció que tomaron los datos de la presentación y con eso imputan. Lo peor es que el juez avaló”.

Las abogadas van a impugnar la decisión del juez Salvatierra. “No conocía el procedimiento de habeas corpus y, además, dijo que era juez penal y no civil”, detalló. “Hemos solicitado que se agreguen las pruebas de enero del expte. 426 por las pruebas y no subieron al sistema. El fiscal hace una denuncia penal después de nuestro habeas corpus”.

El niño pidió la palabra en la audiencia y relató su vida desde que nació en ese lugar junto a su familia y su desarrollo en la ciudad. Advirtió el temor de estos días. “No hay justificación legal para lo que hacen”, enfatizó Cejas. “Lo de Funes es un escándalo: imputar a un chiquito de 12 años. Utilizan el habeas corpus para resolver una imputación, esto habla de corrupción”. La abogada comentó que después de la imputación el fiscal dijo que “sí, era menor, quedaba fuera de la imputación”, subrayando el escándalo.

Este conflicto, que se inició el año pasado, se suma a los desalojos de otras comunidades donde hay recursos naturales e inmobiliarias que usan a la justicia para correrlas. En el caso de El Pongo, se involucraron concejales, destacando la falta de diálogo por parte de las autoridades.

“No hay justicia para el ciudadano de a pie. Acá, si hay negocios en el medio, no les importa si hay niños. Ellos, obedientes, sacan resoluciones; no les importa la vida del otro. Usan el poder judicial como brazo ejecutor para intimidar, desalojar”, señaló como agravante.

El asesor legal de la Administración de Finca El Pongo, Oliver Alaníz, en estos días manifestó violencia verbal y distorsionó los hechos. A pesar de ello, el Concejo Deliberante de Perico solicitó informes al intendente Rolando Ficoseco y al Consejo de Administración. En este conflicto se desconocen informes de impacto ambiental, y no se sabe si se cumplieron las audiencias para el desmonte.

Paralelamente, mientras se realizaba la audiencia en la ciudad, en El Pongo llegaban comunidades indígenas solidarizándose con los afectados y buscando realizar una asamblea. La policía no los dejaba ingresar.

Cuatro días de efectivos uniformados de la Policía de la Provincia, personal de Bomberos, policías de civil y personal de la administración de El Pongo. ¿Cuánto cuestan los operativos? Ya que la jueza de Paz, Silvana Moreira, aseguró frente a varios concejales periqueños que “el operativo les estaba costando mucha plata”.

✍🏽 Jujuy Dice