Calcatreu: el STJ rechazó suspender el plebiscito

19 Dic 2024

El 16 de diciembre pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó un pedido de medida cautelar presentado por el intendente de Ing. Jacobacci y la Provincia de Río Negro, que solicitaba suspender preventivamente la Ordenanza N° 24/24, que convoca a un plebiscito sobre el proyecto minero Calcatreu.

El intendente de Ing. Jacobacci, José Mellado, y la gobernación a cargo de Alberto Weretilnek, habían solicitado suspender la ordenanza hasta que se dictara sentencia definitiva, alegando una invasión de competencias municipales en facultades exclusivas de la Provincia en materia de regulación minera y desarrollo económico. Además, argumentaron que la norma implicaba una prohibición implícita al proyecto Calcatreu, y que su vigencia impediría a la empresa ubicar instalaciones, talleres y oficinas en la zona.

El conflicto de poderes surgió cuando el Concejo Deliberante, en septiembre pasado, aprobó la convocatoria a un plebiscito por Calcatreu. Esta iniciativa fue vetada por el intendente y pero luego fue nuevamente aprobada en su retorno al Concejo. La decisión del STJ se basó en precedentes tanto de la Corte Suprema como del propio Tribunal, adoptando una postura restrictiva respecto a la concesión de medidas cautelares en estos casos.

La asamblea en alerta

“En la provincia de Río Negro, el gobernador y el intendente de Jacobacci parecen querer distanciarse del discurso extractivista y represivo del orden nacional, pero, en realidad, replican las mismas políticas”, se expresó desde la Asamblea por el Agua y el Territorio Huahuel Niyeo.

Consultados por infoterritorial, integrantes de la Asamblea advirtieron que el fallo del STJ delega la decisión al Procurador General, Jorge Crespo. Esto generó desconfianza, ya que el funcionario es conocido por su falta de consideración hacia los reclamos ambientales y territoriales. A su vez, señalaron que seguirán manteniendo firme su compromiso de lucha contra el modelo extractivo y de saqueo junto a las comunidades mapuche, que resisten estas políticas que amenazan sus territorios y derechos.

Profundización de un viejo modelo

“No existe un solo lugar en el mundo donde estos proyectos de muerte hayan transformado positivamente las regiones o mejorado la calidad de vida de la gente. Al contrario, estos proyectos suman componentes que agravan y perjudican las condiciones de vida, especialmente de los pobladores de las zonas rurales, quienes son los primeros en ser despojados de sus derechos y territorios“

En un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha intensificado este modelo económico extractivista, sostenido por todos los gobiernos que lo antecedieron, las comunidades indígenas se ven cada vez más afectadas por la derogación de normas que protegían sus derechos ancestrales. Algunos ejemplos de esto son la disolución del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I) y la reciente derogación del DNU que prorrogó la emergencia territorial en el marco de la Ley 26.160, y que suspendía los desalojos sobre los territorios indígenas hasta tanto culminen los relevamientos territoriales. Estas políticas de despojo acompañadas, entre otros instrumentos, por los nuevos protocolos represivos, buscan garantizar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a costa de la depredación de los territorios y bienes comunes.

Las asambleas, organizaciones sociales y comunidades alertan sobre el impacto negativo del extractivismo en la calidad de vida de los pobladores. Sostienen que este modelo, lejos de ser una solución laboral y de desarrollo, se ha convertido en un sinónimo de saqueo y exacerbación de la desigualdad. Muestra de esto es el caso de la minera canadiense Barrick Gold Corporation, que durante todo el año, no ha pagado los impuestos y retenciones correspondientes al oro que extrae de la provincia de San Juan. Este hecho es sólo un ejemplo que pone en evidencia la falacia de presentar estos proyectos como motores de desarrollo, y no hacen más que beneficiar a un pequeño grupo empresarial mientras despoja a la población de los bienes comunes esenciales como el agua y la tierra.

Audiencia militarizada y con público limitado

La audiencia pública convocada el 30 de agosto pasado para discutir el proyecto minero Calcatreu fue objeto de debate entre organizaciones y comunidades. Desde la asamblea, recuerdan que en su momento se reunieron con el intendente y le solicitaron una reunión previa a la audiencia pública, para expresarle que no participarían de la audiencia bajo las condiciones impuestas, en especial la militarización de la localidad. A pesar de esto, el intendente declaró que la audiencia se desarrolló en un marco democrático, pero “todo ha sido en un marco de hostigamiento y represión porque los gobernantes, y especialmente el intendente de Jacobacci, saben que una gran parte de la ciudadanía rechaza estos proyectos de muerte”. La escandalosa presencia de fuerzas represivas en la localidad por aquellos días, generó temor entre los pobladores, quienes aceptaron ser entrevistados por este medio sin ser identificados.

También la asamblea argumentó que el proceso carecía de legitimidad, ya que no respetaba el derecho a la consulta previa, libre e informada. Este derecho colectivo, al que Argentina suscribe mediante el convenio 169 de la O.I.T, debería ponerse en marcha cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a los pueblos indígenas y a sus comunidades. Sin embargo, como viene sucediendo en todo el país, los Estados nacional, provinciales y municipales continúan incumpliendo.

En este sentido, manifestaron que, en caso de realizarse el referéndum, llamarán a votar por el No a Calcatreu, y anuncian que más allá de los resultados seguirán denunciando el extractivismo al que consideran “un sistema de muerte y de reprimarización de economía”.

Con el tiempo corriendo en contra, y una fecha límite para el plebiscito fijada para el 27 de diciembre, la asamblea duda de su realización y se prepara para continuar su lucha por la defensa del agua y el territorio frente a un modelo que sólo propone despojo y destrucción.

Foto de portada: Carolina Blumenkranc