El sufrimiento como espectáculo

12 Ene 2025

El desalojo del Lof Pailako del Parque Nacional Los Alerces en la provincia del Chubut

Escribe Silvina Ramírez

Cobertura Colaborativa Infoterritorial – Agencia Presentes – Revista Cítrica – Agencia Tierra Viva

Jueves 9 de enero de 2025, fecha determinada para desalojar a la comunidad mapuche Pailako del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia del Chubut. Después de poco más de cuatro años en donde la comunidad, cuyos miembros son descendientes de antiguos pobladores, decidió recuperar su territorio, y de un largo camino de judicialización del conflicto, la Cámara Federa de Comodoro Rivadavia termina convalidando el desalojo y lo habilita invocando, precisamente, el decreto de necesidad y urgencia que derogó otro decreto de prórroga de la ley de emergencia territorial. Es el primer caso en el país en que los efectos de esta derogación son palpables: abre las puertas a los desalojos, al despejar el escenario jurídico de aquella ley que ordenaba su suspensión.

Asimismo, vale la pena introducir una descripción fáctica de la situación. La “ocupación” del Parque se da en un marco de respeto del territorio, de una comunidad constituida por unas pocas familias, niños y niñas, animales que cuidan, y una huerta orgánica. Esto configura para las autoridades “una amenaza” para la preservación adecuada del Parque Nacional. Un argumento que no se sostiene, cuando el mismo Parque aloja particulares –basta señalar el club de pescadores, una suerte de barrio privado cuyos socios tienen un alto poder adquisitivo- y cuando la comunidad mapuche no presenta ningún riesgo para el hábitat, precisamente por la relación especial que mantienen con la naturaleza. Desde ya que se hacen correr rumores de depredación y tala de árboles, de que cuentan con “un aserradero móvil” que habría devastado el predio en el que construyeron sus viviendas, todos ellos mitos de la recuperación territorial, los que se utilizan como excusas para el despojo.

Pero lo que me interesa destacar es “el modo”, “la forma” que eligieron para llevar adelante el desalojo. Un anuncio público y con antelación comunicando la presencia de un conjunto de funcionarios, del gobernador de Chubut Torres, del Presidente de Parques Nacionales Larsen, del intendente de la ciudad de Esquel Taccetta, incluso la presencia de la Ministra de Seguridad de la Nación Bullrich, entre otros. Surge inmediatamente una pregunta frente a esta puesta en escena: ¿en qué momento una situación tensa, triste para quienes la padecen, de indubitable sufrimiento, se convierte en un espectáculo para presenciarlo? ¿Por qué se convoca a la dirigencia política para participar del despojo? ¿Por qué el Ministerio de Seguridad de la Nación emite un comunicado advirtiendo sobre las circunstancias del desalojo, se produce una gran movilización de las fuerzas de seguridad para ejecutar una decisión judicial, cuando no existen razones para suponer que se producirá algún acto de violencia?

Los interrogantes no son ingenuos, por el contrario, está claro que más allá de una concepción ideológica negadora de los derechos indígena por parte de la gestión del gobierno nacional y provincial, existe una concepción política que aprovecha estas circunstancias para enviar un mensaje ejemplificador a todas las comunidades indígenas. Sus territorios no serán respetados, y aquellos que se atrevan a llevar adelante acciones directas serán perseguidos judicialmente, criminalizados y expulsados. El mensaje es que no existe lugar para el respeto de la propiedad comunitaria indígena, que la propiedad privada es incuestionable y “sagrada”, y que la Administración de Parques Nacionales está autorizada para desestimar identidades, desconocer derechos y, con el argumento de la preservación de la naturaleza, apropiarse de las tierras indígenas.

Entonces, por razones eminentemente políticas, se “invita a un desalojo” como si éste fuera un festival. Se construye un escenario circense que no se condice con la gravedad de la situación. Se difunden comunicados provocadores anticipando una violencia inexistente, se organiza un espectáculo alrededor de una situación que al menos –y sin lecturas políticas mediante- es trágica, en un contexto en que la pérdida del territorio tiene un alto impacto para la comunidad.

Si a ello le sumamos que es la pérdida de un derecho, que las políticas del Estado persisten en su carácter colonial y excluyente, está claro que no hay nada que justifique la conversión de un desalojo en un acto político. Hace ya un año, desde la asunción de la nueva gestión de gobierno, se vienen repitiendo situaciones de crueldad y se señala la falta de empatía del presidente y su círculo, más allá de todas las consideraciones políticas e ideológicas.

Está claro que el gobernador Torres ha decidido emular la gestión nacional; finalmente, él forma parte de una clase dirigente que proclama el cumplimiento de la ley y que enarbola las banderas del orden (el desalojo fue enmarcado en el lema –falaz, por cierto- “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”), cuando en realidad su intención es enviar un mensaje de disciplinamiento, que incluye el ensalzamiento de la propiedad privada. El desmedido operativo policial exhibido, que incluyó el despliegue de más de cien efectivos de todo el país, expresa el grado de amedrentamiento y amenazas al que acuden para alcanzar sus objetivos. Sería interesante que aquellos que definieron este “modus operandi” del desalojo expliquen las razones que tuvieron para afrontar semejante costo económico, cuando discursivamente se insiste en la austeridad de los gastos del Estado.

Este desalojo es un hito más en una relación, de larga data, entre el Estado y los pueblos indígenas, y nos debe llevar a repensar diferentes estrategias de defensa de los derechos indígenas. En este caso, los funcionarios del gobierno decidieron convertir un desalojo en un espectáculo circense. En una demostración de fuerza frente a una comunidad que decidió no hacerse presente. Es el Estado el que convirtió a la comunidad Pailako en un “supuesto enemigo”, y de esa manera transformó la ejecución de una decisión judicial en un acto al mismo tiempo cruel y patético. Queda resonando, a modo de corolario, una frase de las comunidades mapuche que es advertencia, pero que es también constatación: “Señores winkas, las fuerzas del territorio les están observando”.

Fotos: Roxana Sposaro