Media sanción a ley contra los crímenes de odio hacia mujeres indígenas en Salta
El 28 de agosto pasado, el Senado de Salta aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca prevenir, visibilizar y educar sobre los crímenes de odio sexuales cometidos contra mujeres y niñas indígenas. La iniciativa, presentada por los senadores Walter Cruz, Esteban D’Andrea, Sonia Magno y Dani Nolasco, recibió media sanción y ahora será debatida en la Cámara de Diputados.
Avance legislativo
El expediente N° 90-32.618/24 propone una batería de medidas concretas para enfrentar una violencia histórica y persistente: campañas escolares, producción de estadísticas oficiales, capacitación intercultural para funcionarios públicos, acompañamiento legal gratuito para víctimas sin recursos, y acciones de sensibilización comunitaria. El foco está puesto en las agresiones sexuales como crímenes de odio, definidos por el prejuicio racial y étnico que motiva los ataques.
La ley apunta especialmente a zonas como el Chaco salteño, donde se acumulan denuncias de abusos sexuales contra mujeres y niñas indígenas. Casos emblemáticos como el de Juana, una niña wichí de 12 años violada en Alto La Sierra, y el de Pamela Flores, asesinada en 2022, fueron recordados durante la sesión como símbolos de una impunidad que esta ley busca revertir.
Homenaje a Octorina Zamora
El senador Walter Cruz abrió su intervención con un homenaje a Octorina Zamora, referente wichí que denunció sistemáticamente los abusos sexuales en comunidades originarias. “Octorina dio voz y visibilizó los crímenes que hoy tratamos. Supo denunciar la complicidad y el silencio”, expresó Cruz, quien también cuestionó el uso del término “chineo” para referirse a estos ataques, señalando que perpetúa una mirada racista y naturaliza la violencia.
Presencia de referentes indígenas y feministas
La sesión contó con la participación de lideresas como Alicia Yurquina (IPPIS), Estela Torres (pueblo Lule) e Irene Cari (Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades), quienes celebraron el avance legislativo pero advirtieron que aún no se cubren las demandas históricas de sus pueblos.
La referente del pueblo Coya e integrante del IPPIS, Alicia Yurquina, expresó la urgencia de que esta iniciativa se convierta en una herramienta real de transformación en los territorios.
Las mujeres indígenas vivimos en orfandad jurídica
“Es un gran paso, sobre todo para las mujeres indígenas”, afirmó Yurquina, al destacar que, pese a la existencia de jurisprudencia sobre violencia de género, en las comunidades originarias “no se cristaliza tanto”. La dirigente denunció que aún se vive “en una orfandad jurídica”, sin acompañamiento estatal ni acceso pleno a la justicia para las mujeres que sufren violencia de todo tipo.
Yurquina remarcó que las mujeres indígenas quieren vivir “basadas en nuestra diversidad, con nuestros derechos, ser sujetos de derechos, no sujetos de violencia”. En ese sentido, llamó a los legisladores —tanto senadores como diputados— a asumir su responsabilidad histórica para garantizar que esta ley se aplique con perspectiva intercultural y territorial.
La referente recordó que en la cosmovisión del pueblo Coya, la mujer “ha sido respetada, consultada”, en un marco de complementariedad con el varón. “Después de la colonización cambia todo, se instala el machismo que aún hoy lo vivimos”, denunció, señalando que la pobreza y el silencio forzado de muchas mujeres indígenas son aprovechados para ejercer violencia impune.
En este contexto, advirtió que “en los territorios no debe seguir la vulnerabilidad en la cual vivimos”. Reclamó acompañamiento jurídico y estatal para las mujeres golpeadas y vulneradas, y exigió que los derechos de las mujeres indígenas “se cumplan realmente”.
Lo que sigue
La media sanción representa un avance significativo, pero el desafío ahora será lograr su aprobación definitiva en Diputados y garantizar su implementación con perspectiva intercultural, presupuesto adecuado y participación activa de las comunidades indígenas.
📷 Prensa senado Salta
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