Avances constitucionales y retrocesos políticos en América Latina
Escribe: Silvina Ramírez
En la primera década del actual siglo, las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia auguraban una transformación del modelo estatal, y una inclusión genuina de los derechos indígenas. Por aquel entonces, se discutía cuestiones tan centrales como soberanía, pluralismo político y jurídico, autonomía y libre determinación, reordenamiento territorial, etc. En aquellos años, la posibilidad de dar vuelta la página de una historia colonialista y sojuzgadora para los pueblos indígenas se convirtió en una certeza. Frente a las nuevas constituciones, la construcción de nuevas formas de organización social y política, económica y jurídica se mostraba como posible.
Después de más de una década y media, con un proyecto fracasado en Chile de cambio constitucional, con un retroceso notable en término de respeto a la administración de justicia indígena en Colombia –país que fue señero en el respeto de los derechos indígenas- la situación de los derechos indígenas en la región se encuentra cada vez más comprometida. A pesar de notables avances normativos, los retrocesos políticos se hacen sentir en el avance de las actividades extractivas, en el desconocimiento del estatus de pueblos indígenas dentro de los Estados, en la conflictividad territorial cada vez más creciente, y en decisiones políticas que se acercan mucho más a aquellas políticas colonialistas que se pensaban superadas, más que a una consolidación de aquellos derechos que empezaron a incluirse en los ordenamientos jurídicos de los Estados en la década de los 90, y que paulatinamente, y junto a un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, fue tomando cada vez mayor fuerza.
Ya transcurrido un cuarto de este nuevo siglo, los obstáculos en la implementación de las leyes son evidentes. Lo cual no es sólo adjudicable a dificultades económicas, a la falta de recursos humanos formados, o incluso a cuestiones técnicas –muchas veces estas dificultades existen- sino, fundamentalmente, a una ausencia de “vocación política” de generar las condiciones para que se cumplan. Frente a los derechos indígenas, los pasos para atrás forman parte de políticas pensadas para evitar, precisamente, lo que tanto les había costado alcanzar a los pueblos indígenas: una posición dentro de los Estados que los respetaran con su identidad, y que hicieran posible gozar de los derechos de autonomía y libre determinación.
En Argentina, a diferencia de los países mencionados y otros, los cambios normativos no fueron tan sustantivos, pero fueron al menos complementados con la vigencia de la normativa internacional. Sin embargo, ha sido prácticamente imposible poner en marcha una política consistente en la materia. Cualquiera sea el tinte ideológico de los gobiernos, siempre encontraron vallas para bajar a tierra los contenidos normativos. Nunca se encararon líneas de acción concretas que tuvieran por objetivo que las comunidades indígenas puedan, finalmente, gozar de sus derechos.
Esta descripción se profundizó y agravó con el actual gobierno, que desconoce abiertamente estos derechos, y que cambió el objetivo de la protección de derechos indígenas por un nuevo despojo territorial, que impacta notablemente en la vida cotidiana de las comunidades. Las comunidades indígenas se encuentran, hoy, amenazadas, con pocas herramientas para detener la embestida gubernamental, con muy poco margen de negociación política, y con un gobierno nacional y gobiernos provinciales totalmente insensibles a sus demandas, que no temen en vulnerar la Constitución para robustecer un modelo económico y productivo que está lejos, muy lejos, de los pueblos indígenas. Los diseños institucionales, la matriz estatal, las nuevas constituciones, siempre tienen una pretensión de continuidad y una proyección a futuro. Pero son en las políticas concretas, en las decisiones políticas, en donde se juega su impacto y su capacidad de transformación. Si bien parece ser que asistimos al fracaso de los cambios legislativos, éstos son imprescindibles para empujar a transformaciones en otras dimensiones. Pero claramente no son suficientes. Parece ser que se impone creatividad y profundización de la proactividad para torcer una línea que demuestra continuidad histórica. Revertir el rumbo no es imposible, pero requiere de estrategias políticas precisas, de unidad y diálogo. Todo fácil de decir y de escribir, pero un horizonte que siempre parece alejarse. Ojalá que este estado de situación, tan adverso, provoque una conjunción de fuerzas que aún no se produce pero que es posible de concretar, a pesar de todo.
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