Lof Coronado-Inalef. Obstáculos judiciales y orden de desalojo
La comunidad Mapuche, cercana a la localidad El Bolsón en Río Negro emitió un comunicado en el que repudian la orden de desalojo dictada por el Juez Juan Pablo Laurence, el pasado 20 de febrero. Según la medida judicial, la comunidad está obligada a abandonar un sector de 7 hectáreas del territorio de manera voluntaria antes del 15 de marzo, bajo amenaza de desalojo forzoso con la intervención de las fuerzas de seguridad en caso de incumplimiento. La defensora pública, Natalia Araya, anunció que pedirá la impugnación del fallo.
Además, la comunidad ha expresado su repudio hacia la negativa del Juez Laurence y del Fiscal Francisco Arrien de permitirles ampliar los argumentos de su defensa durante la audiencia virtual, a pesar de la insistencia de su defensora.
Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Rio Negro presenció la audiencia, explicó en relación a la negativa de presentación de argumentos: “Lo que pasó es que la anterior abogada no utilizó en ningún momento el Derecho Indígena y no se opuso a los planteos que hacía en este caso la Doctora Zavalía y la familia Sepúlveda. Entonces, eso hoy no se pudo refutar en el sistema judicial” señalando que un juez de alzada deberá revisar dicha sentencia.
En la proclama, también se aclara que la Fiscalía de El Bolsón desestimó tanto la denuncia presentada por un atropello sufrido el día 23 de abril de 2023 por parte de la abogada Zavalía y los hermanos Sepúlveda, como las declaraciones de los testigos presentes en el hecho. Esta omisión, según la comunidad, ha dejado sin voz ante la justicia a quienes son acusados injustamente de usurpadores del territorio ancestral.
Carriqueo sostiene que este caso representa una mala praxis en la defensa de la comunidad y que los deja en desventaja en el proceso judicial: “Uno de los problemas que tienen todas las comunidades en Latinoamérica es el acceso a la justicia. Ya sea por carecer de abogados o por que, cuando hay, no reconocen el derecho indígena” En este sentido aclara el werken, que fueron ellos mismos quienes solicitaron finalmente a la defensa oficial de Natalia Araya, teniendo en cuenta su conocimiento en el Derecho Indígena.
La Lof Coronado-Inalef ha manifestado su indignación ante este nuevo despojo territorial, denunciando que se suma a una larga historia de usurpaciones y maniobras fraudulentas que han reducido su territorio ancestral al 20% de su extensión original.
“Los jueces se tapan los oídos frente a la realidad histórica. Nadie puede desconocer que hasta hace 145 años toda la Patagonia era territorio comunitario. Partiendo de ese hecho histórico y que la provincia Río Negro tiene 60 años, es ahí donde empezaron a volver a existir los conflictos territoriales o continuaron los conflictos territoriales por la intervención Estatal“, argumenta el Carriqueo.
La comunidad también denuncia la complicidad de la Dirección de Tierras en las maniobras de despojo. A su vez, recuerdan que Alfonso Sirvent, empresario maderero tramitó el título de propiedad a favor de Carlos Sepúlveda sobre el territorio de Inalef en 1975, a cambio de un campo en la Costa del Azul. Y que en 1982, Carlos Sepúlveda intercambió parte de ese terreno con José Saenz, esposo de Cristina Coronado Inalef. “De esta forma, nuestra lof volvió a ejercer el derecho de posesión por 40 años ininterrumpidos sobre el espacio en cuestión.”
En relación a esto, Carriqueo considera que la realidad histórica de la patagonia debería ser tenida en cuenta por los jueces que cuando se trata una comunidad indígena: “Es fácil determinar el desalojo de un territorio comunitario que está ocupado hace más de 100 años sin atender o o sin escuchar a la comunidad”, reprocha.
Además, la comunidad denuncia actos de violencia y amenazas sufridos durante el intento de desalojo en abril de 2023, perpetrados por la abogada Patricia Zavalía y los hijos de Carlos Sepúlveda, lo cual ha sido comunicado a la Fiscalía de El Bolsón a través de Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche.
Carriqueo señala que en toda la Patagonia cualquier comunidad indígena tiene la razón por el hecho de la preexistencia, sin embargo: “Deslegitimar la posibilidad de la defensa es un elemento que utilizan siempre los jueces y los fiscales. La justicia termina siendo el brazo ejecutor del despojo territorial”.
Finalmente en la nota, la Lof Coronado-Inalef afirma su determinación de continuar luchando no sólo por las siete hectáreas en disputa, sino por la defensa de todo el territorio que les ha sido arrebatado a lo largo de los años.
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