Nahuelpan: Otra causa judicial impulsada por un privado
Tierras fiscales, persecución penal y derechos indígenas vulnerados
Escribe Pablo Quintana
“Yo quería preguntar, ¿por qué podríamos ir presos?”, dispara el Lonko Ángel Quilaqueo en medio de la sala de los tribunales de Esquel. El juez Martín O’ Connor, que preside la audiencia, le explica que no iría preso durante el proceso, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y otras formalidades legales.
Una vez que se expongan todas las pruebas el juez va a dictaminar si hubo usurpación o no, le aclara el magistrado. Entonces el anciano mapuche vuelve a interrogar con la misma parsimonia: “Hago otra pregunta, porque yo la palabra usurpar no la sé. Ni se tampoco el hecho de usurpar -y agrega-. Porque tengo entendido que los abuelos y el bisabuelo de mi señora llegó en 1908, por ahí, en el lugar que reclama el señor Aguado, que es La Tapera. Ahí construyó su primera casa. Por eso digo yo, ¿por qué usurpación?”
Fue en la antesala de la decisión que finalmente tomó el juez O’Connor de elevar la causa a juicio por usurpación en el denominado puesto La Tapera que familiares de Carlos Aguado, ya fallecido, impulsan contra el Lonko mapuche, cuatro de sus hijos, Héctor, Hugo Hernán y su yerno Gabriel Nahuelquir.
Los hechos están denunciados como violentos y clandestinos y se habrían registrado en noviembre del año 2021 en tierras fiscales que están circunscriptas por la comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan.
Lo curioso es que se trata de tierras fiscales. Es un triángulo del lote lindante con la reserva Nahuelpan. Esas tierras están pendientes de una resolución administrativa en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento, suspendida por una medida cautelar que deberá emitir el Superior Tribunal de Justicia.
Durante la audiencia Ivanoff, abogada defensora de la comunidad ,aclaró que “doña Catalina Llancaqueo de Quilaqueo, esposa de Ángel Quilaqueo, madre y suegra de los imputados, es integrantes de la comunidad Nahuelpan, reconocida por el gobierno provincial y nacional. Una de las comunidades más emblemáticas de Chubut”.
La reserva Nahuelpan tiene un cúmulo de historias de saqueo territorial. El punto más álgido fue el desalojo de 1937 cuando fueron expulsados de manera violenta de las tierras que ocupaban en el boquete Nahuelpan.
Como relata la becaria doctoral en antropolgía, Ayelén Fiori en https://gemasmemoria.com/, el resultado de ese proceso de despojo redujo la reserva de las 22 mil hectáreas que la contenían hasta 1937 a sólo 7.500 hectáreas que quedaron en manos indígenas. “Lo que representa solo un tercio de las tierras que habían sido reconocidas por el mismo Estado. El resto de las tierras de la reserva permanecen, desde el año 1937 hasta la actualidad, en manos de privados”, detalla Fiori.
La Comisión
Durante la audiencia, Ivanoff hizo hincapié en que el destino de esas tierras fiscales, que no son tierras con títulos de propiedad, está en discusión. “La ley en nuestra provincia es muy clara, cuando se trata de tierras ocupadas por familias aborígenes debe previamente emitir dictamen la Comisión de Tierras Indígenas, situación que el IAC no regularizó hasta el 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni emitió un decreto, el 112 para crear esta comisión”.
Pero las comunidades mapuches tehuelches presentaron una medida cautelar ante la falta de consulta previa y participación en la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas del IAC.
La resolución definitiva está en manos del STJ tras suspender la ejecución del Decreto N° 112. El Ejecutivo Provincial intentó integrarla por Decreto, proponiendo gente de su entorno, sin participación Indígena alguna.
Lo cierto es que la Comisión de Tierras Indígenas debió haberse conformado en 1991 para que el IAC pudiera dictaminar de manera transparente la posesión de tierras fiscales, cuando al menos una de las partes en conflicto fuera indígena. Sin embargo, 32 años después se intenta conformar por decreto y sin la participación de las propias comunidades. En el camino diversos derechos indígenas fueron ninguneados.
Para Sonia Ivanoff, “resulta necesario establecer la posesión ya que la fiscalía señala al señor Aguado como el ocupante, poseedor y tenedor de la tierra. Esto está siendo materia de debate para ser sentencia en el STJ”. Por eso la letrada sostiene que la propiedad de la tierra en cuestión estaría por devenir de un proceso de sentencia y podría ser contradictoria.
Ivanoff va más allá. Advierte que el Estado argentino podría ser nuevamente sancionado por criminalizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Tras destacar que la fiscalía no instrumentó ninguna medida alternativa para encontrar solución al conflicto. Así, subrayó que la solicitud de dos años de prisión marca la política punitiva que impulsa ese ministerio. “No se puede llevar al fuero penal, lo que no es penal”, señaló.
En ese sentido, recordó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo del 2008 en el caso Kimel vs Argentina. “La Corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”.
Para la abogada la Fiscalía violenta las garantías constitucionales y tratados internacionales que amparan a comunidades indígenas en contra de toda discriminación racial. Entre sus planteos responsabilizó a ese ministerio judicial de ignorar la identidad de los pobladores originarios. “No es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Esquel, acusa de usurpadores a indígenas”, reprochó Ivanoff en lo que entiende es un claro intento por disciplinar a las comunidades de la región.
Foto de portada: Roxana Sposaro
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