La dignidad del pueblo mapuche frente a un gobierno petrolero
Escribe: Silvina Ramírez
En la ciudad de Neuquén, el 20 de julio del corriente año, se desplegó una represión violenta en la casa de gobierno. Las comunidades mapuche sostuvieron durante varios días una protesta pacífica, para reclamar el otorgamiento de personerías jurídicas para cuatro comunidades. Esta demanda, lejos de ser abstracta, se basa en las obligaciones asumidas por la provincia, que en reiteradas oportunidades se comprometió a hacer posible el goce de un derecho constitucional. Una y otra vez, asistimos a incumplimientos estatales, demandas legítimas por condiciones que permitan ejercer derechos, y el accionar violento de fuerzas de seguridad que reprimen cualquier atisbo de protesta.
Para explicar los hechos del 20 de julio se deben dejar sentados algunos hechos. El yacimiento Vaca Muerta, y toda la industria petrolera que se expande a su alrededor, requiere de territorio despejado. No sólo es territorio de sacrificio, sino que debe ser una zona vacía, que no obstaculice la producción, que no requiera salvaguardas para aquellos que todavía resisten y conviven con la explotación. Las comunidades mapuche se han convertido en una piedra en el zapato de la explotación hidrocarburífera que adquiere, en el caso de Vaca Muerta, su máxima expresión.
La violencia en el desalojo de la casa de gobierno de Neuquén se justifica en la necesidad de amedrentamiento y en la impartición de un castigo ejemplificador, para evitar la multiplicación de los reclamos. Nadie puede sustraerse a imágenes de policías totalmente equipados, y armados, frente a manifestantes –incluidos mujeres e infancias- que sólo ejercían su derecho legítimo a la protesta. Los golpes propinados a los manifestantes, los hechos de levantamiento de armas contra referentes presentes –circuló la imagen de un policía apuntando a la cara a un líder indígena histórico, Jorge Nawel-, las detenciones de más de una docena de personas, entre ellos menores, dan cuenta de órdenes recibidas de los superiores. No fueron excesos de la policía, sino una clara bajada de línea de las autoridades provinciales, influenciadas por los gerentes de la industria petrolera, que no puede tolerar ningún conflicto que pongan en riesgo su inversión.
La denegación de las personerías jurídicas son una muestra de una relación de las comunidades mapuche -y de su organización, la Confederación Mapuche de Neuquén- con el Estado neuquino, que tienen una larga historia de confrontación y negociación. Pero lo cierto es que –enmarcado en una política nacional- el gobierno de Figueroa persiste en borrar con el codo lo que firma con la mano. En dar la espalda a lo que su propia gestión de gobierno se obligó, tal vez con la pretensión ingenua de que el pueblo mapuche baje la cabeza, se subordine, obedezca.
El gobernador desconoce la historia. Parece no comprender lo que se encuentra en juego. Una provincia empobrecida por ese petróleo que parece ser la meca del gobierno nacional y su salida de la crisis energética, una provincia que se suma a la lógica extractivista, pagando el costo en moneda de derechos, una provincia que está dispuesta a todo para defender privilegios. Mientras tanto, el pueblo mapuche dignamente sigue de pie, firme, demandando el ejercicio de derechos que le es cercenado por quienes deberían protegerlos.
📷 Jaime Carriqueo
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