El avance del sistema extractivo sobre las periferias y pueblos originarios
Jujuy en medio de la tormenta. Los espacios académicos infiltrados por los discursos que estigmatizan a las comunidades. Los pueblos originarios como únicos bastiones para detener tanta voracidad y destrucción.
Escribe Pablo Quintana
La expansión del sistema hegemónico industrial, de la frontera agrícola-ganadera intensiva y a gran escala, ejes vertebrales del sistema capitalista, llevó hasta rincones insospechados el avance del modelo extractivista y de ultraje que jaquea la biosfera al límite de su capacidad de regeneración.
Hace tiempo la humanidad ingresó en el período “antropoceno”, ese concepto que fue popularizado en el 2000 por el químico neerlandés Paul Crutzen y por medio del cual intentó describir la nueva era geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra.
Pero el escritor, periodista y activista sueco Andreas Malm fue más allá y nos habla de Capitaloceno. Refiriéndose así al consumo creciente de combustibles fósiles como estrategia capitalista para dominar los bienes productivos.
Lo que ayer era periferia hoy se transformó en centros de acción para el sistema y desde hace un tiempo está en permanente tensión. En esos territorios la disputa principal se registra contra los pueblos originarios. Los que parecieran ser los últimos bastiones de una humanidad que está alejada del consumo de masas. La misma que devuelve al medio ambiente residuos que imposibilitan recuperar un ciclo natural.
Las postales de Jujuy en estos días nos devuelven la imagen de esa resistencia, frente a un modelo que sólo encaja con métodos represivos como el que acaba de desplegar el gobierno de Gerardo Morales. La represión policial al pueblo Guaraní en Fraile Pintado o al pueblo Kolla en Abra Pampa, son sólo diapositivas de un sistema que no puede avanzar de otra forma.
La otra cara es la de pretender institucionalizar el despojo. El mismo Morales lo está ejecutando con una reforma parcial de la Constitución de esa provincia en medio de movilizaciones de docentes reclamando mejoras salariales y laborales. Una reforma que se adoptó entre gallos y medianoche porque cuenta con el rechazo de las comunidades. La medida tiene dos propósitos: limitar el derecho de las movilizaciones y protestas y avanzar sobre los territorios para garantizar la extracción de los bienes naturales, léase: litio.
Foto en Purmamarca: Carolina Heritier
Mendoza fue otro modo de querer institucionalizar la barbarie y la discriminación. Fue en marzo pasado cuando la Cámara de Diputados de la Legislatura votó una resolución profundamente racista, en la que propone que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos″.
Ese dislate se produjo después que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dictaminara en enero de este mismo año que los reclamos de tres comunidades mapuches que ocupaban la tierra de manera informal en cercanías de Malargüe debía dárseles carácter legal.
Hace poco el historiador Ezequiel Adamovsky sostenía que –deberemos prepararnos para convivir con las “verdades alternativas” –lo que antes llamábamos simplemente la mentira– que, como en otros sitios, se abren camino entre nosotros. La derecha está decidida a destruir una de las últimas limitaciones que encuentra para el avance de sus proyectos: la de la evidencia. Y, junto con ella, los propios saberes de quienes se ocupan de investigarla con el método científico. Si la realidad es un obstáculo, peor para la realidad. Mapuche, académicos, derechos humanos, Constitución nacional: todo sospechoso. Todo extranjero y prescindible”.
Y no es exagerado lo que plantea el académico. Recientemente la UBA Económicas organizó una jornada de posgrado bajo el título “Las amenazas a la seguridad nacional y su consideración en el planeamiento estratégico”, en el que incluía una exposición que iba a ser dictada por Mg Daniel De La Colina denominada “El indigenismo como amenaza. El caso Mapuche”.
Un hecho que generó el rechazo de los más amplios sectores académicos, gremiales y sectores populares. Lo que parecía ser inviable por su contenido llevó a la UBA Económicas a emitir un comunicado que no hace más que ratificar el espíritu segregacionista que tenía la jornada desde su inicio: “Debido a las repercusiones que generó el título de una de las exposiciones de las jornadas de extensión sobre “ Las amenazas a la seguridad nacional y su consideración en el planteamiento estratégico”, la Escuela de Negocios y Administración Pública (ENAP) postergará esta actividad y reformulará dicho título ya que no representa el espíritu de la disertación”.
Al igual que sucedió después del plebiscito del 2003 en Esquel cuando la multinacional, en aquel entonces Meridian Gold, hablaba de reformular el proyecto para que la comunidad entendiera de qué se trataba. El comunicado sucedía después de una contundente votación en que la comunidad había rechazado de manera masiva (más del 82% de los sufragios) el emprendimiento extractivo.
Foto en Esquel: Roxana Sposaro
Pero ambas posturas, tanto la de la ENAP como la de la multinacional responden a una misma lógica en su entramado estratégico. Como pasó con el documento que se filtró recientemente de YPF (algo similar sucedió con la empresa minera en Esquel) en el que revela estrategias comunicacionales para manipular y lograr la licencia social para la explotación petrolera off-shore.
No importa la postura y el posicionamiento que tengan las comunidades. El modelo no entiende de razones. Necesita continuar con su actividad extractiva y de ultraje para alimentar el sistema de saqueo. Pareciera ser que sólo las comunidades en el territorio están dispuestas a ponerle un freno a tanto desenfreno.
Foto de Portada: Carolina Heritier