El hostigamiento judicial como herramienta de sometimiento de las comunidades indígenas
Escribe: Silvina Ramírez
Es indiscutible afirmar que son tiempos difíciles, aún más para colectivos que demandan por sus derechos. Basta pensar en los reclamos de los jubilados/as y en la respuesta estatal, para calibrar el grado de deterioro no sólo de las instituciones del Estado –un gobierno que no duda, por ejemplo, en nombre magistrados de Corte Suprema en comisión y por decreto- sino de la relación de la ciudadanía con el gobierno. La represión a quienes expresan legítimamente su protesta por parte de las fuerzas de seguridad no sorprende, y nos remite a épocas muy oscuras de nuestra historia reciente. Preocupa, sin embargo, algunos alineamientos por parte de los Poderes Judiciales, principalmente en las provincias, que suman a la represión del Estado como herramienta de subordinación, el hostigamiento judicial, persiguiendo a las comunidades indígenas con procesos que se extienden en el tiempo, y que los someten a un estado de amenaza permanente.
Para ilustrar el párrafo precedente bastan dos ejemplos. El primero, en la comunidad Buenuleo en la provincia de Río Negro, comunidad mapuche que ha sido sometida a un largo proceso penal por usurpación, que fueron condenados a pesar de toda la prueba que apuntaba a demostrar que se trataba de su territorio, y que nuevamente vuelven a ser sometidos a otro proceso penal, acusados de una nueva usurpación. El segundo, la comunidad Pillan Mawiza en la provincia de Chubut, en donde imputan a miembros de la comunidad por obstrucción de la circulación del tránsito, en un episodio de reclamo que sólo traducía una demanda por sus derechos.
Este estado de cosas tiende a repetirse. La apertura de procesos judiciales ante cualquier hecho, la decodificación de situaciones de reclamo en delitos, vuelve a la demanda por el goce de los derechos en un riesgo genuino para quienes la ejercen. Uno de los aspectos centrales de la democracia, la lucha por los derechos, se va socavando paulatinamente, generando escenarios de innumerables injusticias y profundizando el sufrimiento de las comunidades, impotentes frente a decisiones del gobierno que va dando pasos para atrás frente a avances que se pensaba, erróneamente, que estaban consolidados.
Incumplir con las obligaciones estatales asumidas en numerosas herramientas jurídicas internacionales es muy grave. Pero esta gravedad se multiplica cuando son los propios jueces, aquellos que deberían poner límites a gestos de autoritarismo y de acciones que vulneran los derechos, los que persiguen a quienes demandan legítimamente, cargándolos con un peso adicional a su situación de vulnerabilidad. La correlación de fuerzas se vuelve muy dispar, y la impotencia es el sentimiento que predomina frente a un Estado que no duda en utilizar cualquier instrumento para someter a las comunidades indígenas.
Conceptos como democracia, derechos, instituciones, se ven permanentemente desafiados. Asistimos a una tergiversación constante, a un discurso público que pretende “vender gato por liebre”, haciendo pasar a sujetos de derecho por terroristas o delincuentes, diluyendo las libertades públicas, pervirtiendo contenidos normativos que fueron costosos de alcanzar, transformándolos en cuestiones relativas que dependen, en definitiva, del gusto de quien/es detenta/n el poder.
Es una época turbulenta, en donde la naturalización de hechos claramente reprochables, la búsqueda de chivos expiatorios a desastres que tienen mucho más que ver con la inacción y la desidia estatal, las decisiones del ejecutivo de espaldas a los representantes del pueblo, son cuestiones cotidianas. Es imprescindible tener claridad sobre lo que está en juego, acrecentar la lucha por los derechos, y oponer al desconcierto y avasallamiento estrategias que contribuyan a limitar la arbitrariedad y a contener la violencia.
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