La resistencia indígena en Guatemala
Escribe: Silvina Ramírez *
El abordaje de la realidad de los pueblos indígenas en clave latinoamericana tiene la virtud de ampliar la mirada, para analizar y entender los mecanismos que pueden garantizar los derechos indígenas vigentes. Por lo general, siempre se destaca la brecha de implementación, lo que se traduce en la distancia que existe entre los derechos y su goce efectivo, pero lo que hoy urge es encontrar el camino para que esa brecha, finalmente, se achique o desaparezca.
En Guatemala, para describir su situación brevemente en un párrafo, la presencia indígena es mayoritaria en algunas regiones, tienen décadas de experiencia en organización y movilización indígena, sufrieron en primera persona las consecuencias de una guerra interna, y fueron perseguidos y masacrados. Las historias de crueldad han sido documentadas extensamente, y sus derechos –a través de las diferentes gestiones de gobierno, algo para nada desconocido en nuestras latitudes- siguen siendo ignorados.
El último gobierno asumió en 2024. Para que ello sucediese, los pueblos indígenas fueron un actor clave. Desde octubre de 2023 salieron a las calles para garantizar el proceso democrático en curso. Fueron 106 días de “resistencia indígena”, encabezada por el pueblo maya, que a través de distintas acciones en el gobierno no sólo reclamaban que el presidente electo por la ciudadanía (son cuatro pueblos en Guatemala, el mestizo o ladino, el xinca, el maya y el garífuna) asumiera el gobierno, sino la remoción de las cabezas de alguna instituciones, como la fiscal general de la República, que es altamente cuestionada por su mal desempeño, arbitrariedad, persecución de líderes sociales, abogados/as de derechos humanos, y que aún sigue en su cargo.
En Guatemala, la resistencia indígena garantizando la democracia fue central en los sucesos políticos de los últimos meses. Este proceso deja enormes aprendizajes para toda la región. La principal, desde mi perspectiva, es la relevancia de la participación política. Los pueblos indígenas, como sujetos políticos, tienen el derecho de intervenir activamente en los asuntos públicos del gobierno. Esta participación puede asumir diferentes formas, pero es fundamental no sólo para garantizar derechos propios, sino para formar parte y moldear una matriz estatal que sigue siendo excluyente y racista.
En América Latina, la presencia indígena va gestando movimientos que impactan –en mayor o menor medida- en los escenarios políticos. Tal vez los casos más notables sean los de Ecuador y Bolivia, con enormes desafíos y complejidades, con avances y retrocesos, pero que siguen influyendo en contextos cada vez más refractarios a los derechos que reivindican. Sin embargo, es francamente difícil evitar que los sistemas políticos no operen como un sistema homeostático, que tienden permanentemente a recuperar el equilibrio; o lo que es lo mismo, un “status quo” que vuelve a su estado original.
Así, estos 106 días de resistencia que habilitó el gobierno del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo fueron un símbolo de la imperiosa necesidad de la construcción de un Estado intercultural y plurinacional. No obstante, estos primeros meses de gobierno fueron una decepción para las comunidades indígenas, debido a que sus reclamos, hasta el momento, no fueron escuchados. Otra vez, se instrumentaliza a los pueblos indígenas y luego el sistema democrático recupera su equilibrio original dejándolos de lado, incumpliendo sus derechos, ignorando sus demandas. Es necesario quebrar ese equilibrio, y generar una transformación profunda en las estructuras del Estado.
La experiencia guatemalteca nos está demostrando la fortaleza, potencia, y centralidad de los pueblos indígenas en un país que se ha caracterizado por negar la identidad indígena, más allá de lo discursivo. Esa experiencia puede derramarse en el resto de países latinoamericanos, algunos con organizaciones indígenas ya consolidadas, otros con organizaciones más incipientes; la relación entre derecho, democracia y modelo de Estado es relevante y evidente. Las comunidades y pueblos indígenas en la región se encuentran comprometidos con los procesos democráticos y luchan para garantizarlos, pero esta lucha no alcanza para la transformación estatal.
En Argentina, las comunidades indígenas enfrentan una gestión de gobierno claramente hostil. No sólo a sus derechos, sino que el rechazo es aún más profundo, porque involucra su misma identidad. Las claves para enfrentar este contexto adverso son más organización, más movilización, más resistencia. Claro está que es más sencillo escribirlo o decirlo, cuando la tarea está a cargo de las mismas comunidades indígenas. Y cuando el escenario político conspira –tanto a nivel nacional como provincial- para lograr una presencia política que visibilice los reclamos tantas veces postergados.
Ya muy avanzado el siglo XXI asistimos a un panorama que a simple vista parece poco alentador, pero que esconde un reservorio de rebeldía, entereza y dignidad que les ha permitido seguir siendo indígenas durante siglos, a pesar de todos los intentos de disolver su identidad mediante formas de colonialismo, neocolonialismos tan revisitados y estudiados en las últimas décadas. Esa rebeldía es parte de la respuesta a tantos siglos de dominación. Ejemplos como los de Guatemala señalan que ése es el camino.
* Profesora de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Buenos Aires.
Miembro fundadora de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas (AADI). Asesora Académica del Grupo de Acceso Jurídico a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Gajat / Ceppas). Miembro de la Junta Directiva del INECIP.
Ha sido Directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Institución que trabaja en el campo de la asistencia técnica en el sector justicia con organismos gubernamentales, no gubernamentales e internacionales.
Ha realizado actividades, cursos, y consultorías en organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional y ha sido consultora, con especial énfasis en reforma de la justicia penal, acceso a la justicia y derechos de los pueblos indígenas en instituciones públicas de países latinoamericanos.
Foto de portada: Asamblea de referentes del Pueblo Maya, en Guatemala – Julio 2024
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