Vergüenza mundial

12 Nov 2024

Argentina, el único país de las Naciones Unidas en votar en contra de los derechos de los pueblos indígenas

El rechazo ocurrió durante una sesión de la Asamblea General celebrada el 11 de noviembre en Nueva York, donde 168 países apoyaron la iniciativa, impulsada por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela. La votación, que es la primera bajo la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores, expone a nivel internacional el posicionamiento negacionista y racista del gobierno de Javier Milei, y refleja las políticas internas que intentan socavar los derechos indígenas y derechos humanos en general.

La resolución aprobada establece una serie de medidas y lineamientos destinados a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a mantener sus prácticas culturales y medicinales, así como a participar; mediante la consulta previa libre, e informada; en procesos que les afecten. A su vez, hace hincapié en la necesidad de abordar el impacto desproporcionado del cambio climático en estas comunidades, y se insta a los gobiernos a fomentar un entorno seguro para su participación en línea y a combatir la desinformación que promueve el odio y la discriminación. En el documento, también se exhorta a los Estados a garantizar el respeto por el patrimonio cultural indígena y a adoptar medidas contra la violencia y discriminación hacia estas comunidades.
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El pasado 24 de abril, durante el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, el referente mapuche Nilo Cayuqueo, en representación de 35 organizaciones de pueblos indígenas que habitan en la Argentina, leyó un documento en el que denuncian la extrema gravedad de amenazas tales como el cambio climático, que pone en jaque su sobrevivencia como pueblos, y señalan al gobierno de Javier Milei de profundizar este proceso. En este contexto, reclamaron la visita al país del relator de la ONU para los Pueblos Indígenas.

Del dicho al hecho: El Fin de los dobles discursos

El rechazo argentino se produce en un contexto de retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos indígenas en Argentina. Con la presidencia de Javier Milei, se agrava exponencialmente el histórico destrato que sufren los Pueblos Naciones Indígenas en el país.

En mayo pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la prohibición de banderas que no sean argentinas en los Parques Nacionales, territorios habitados por pueblos indígenas preexistentes al Estado y a la creación de los mismos.

En esta misma línea, al mes siguiente informó sobre la decisión de Nación de renombrar al Lago Acigami como “Lago Roca”. De este modo no sólo se invisibilizó un término lengua Yagan, se demostró el odio y desprecio a los pueblos originarios en general al renombrarlo con el apellido de uno de los principales responsables del genocidio fundacional del Estado Argentino.

El 12 de octubre pasado, el Gobierno nacional eliminó el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” y volvió a renombrar esta fecha como “Día de la Raza”.

Asimismo, en octubre pasado el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, resolvió derogar, en la práctica, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), un organismo esencial para la inscripción y reconocimiento de las comunidades indígenas en el país. Esta resolución, que suspende todas las solicitudes y trámites de inscripción, generó preocupación entre las comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, ya que representa un retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

La falta de claridad sobre los nuevos procedimientos y criterios para la inscripción, ahora en manos de las provincias, deja a muchas comunidades en una situación de incertidumbre, sin acceso a la personería jurídica.

En este sentido, es pública la intención del Poder Ejecutivo de derogar la Ley 26.160 de emergencia territorial, que protege a las comunidades indígenas de desalojos forzosos hasta tanto se culmine el relevamiento de sus territorios.

En otros casos, como recientemente en la provincia de Mendoza, el INAI ordenó la reapertura de los expedientes administrativos de comunidades mapuche a fin de revisar los procesos de relevamiento territoriales que ya se habían dado por finalizado.

Una gran cantidad de comunidades hace años esperan el reconocimiento estatal. Sobre otras, en peores condiciones, pesan órdenes de desalojo impulsadas por privados u organismos del Estado, como es el caso de la comunidad Mapuche Pailako en el Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut.

Organizaciones indígenas y de derechos humanos expresaron su alarma ante lo que consideran un vaciamiento de derechos de los pueblos y naciones indígenas , señalando que estas decisiones no solo afectan a las comunidades indígenas, sino que también ponen en riesgo la soberanía y autodeterminación de todos los pueblos en Argentina teniendo en cuenta los efectos del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI),que favorece las inversiones a través de la concesión de exenciones impositivas a los sectores foresto industriales, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
La falta de consulta previa, como estipula el Convenio 169 de la OIT, es una situación que se repite en los proyectos extractivistas sobre los territorios comunitarios.

En una reciente jornada sobre derecho indígena en Catamarca, la Directora de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) afirmó que las provincias tienen “la potestad absoluta” sobre los recursos naturales en su jurisdicción, contradiciendo el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Además, la funcionaria minimizó el papel del INAI, considerándolo un mero consultor y pasando por alto su responsabilidad como organismo estatal en la defensa de los derechos indígenas.

La responsabilidad de la crítica situación de los pueblos indígenas se extiende al Poder Legislativo, que aún no ha sancionado la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, un paso necesario para garantizar la seguridad jurídica sobre los derechos territoriales.

Ante este panorama, diversos organismos de derechos humanos han proclamado una “Emergencia Institucional y Territorial”, responsabilizando al gobierno por implementar políticas públicas consideradas inconstitucionales e inconsultas con los pueblos indígenas.

Algunos de los puntos de la resolución de la ONU rechazada por el Estado Argentino

Se insta a los Gobiernos y al sistema de las Naciones Unidas a que, en consulta y cooperación con los Pueblos Indígenas por medio de sus representantes e instituciones, continúen aplicando medidas adecuadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y promover su conocimiento en todos los sectores de la sociedad”

Se reafirma que los Pueblos Indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud.

Se destaca el impacto desproporcionado que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas, debido a su dependencia directa de los ecosistemas”

Se destaca, además, la importancia de aumentar la participación de los Pueblos Indígenas en los procesos y las negociaciones sobre cuestiones que les afectan.
Alienta a los Estados Miembros y al sector privado a que garanticen un comportamiento empresarial más sostenible, respetuoso con el medio ambiente y responsable, que aborde el impacto ambiental adverso que provocan ciertas actividades empresariales,

Se exhorta a los Estados a que fomenten un entorno en línea propicio, que sea seguro y favorezca la participación de todos los Pueblos Indígenas, y a que adopten todas las medidas necesarias y apropiadas para hacer frente a la desinformación y la apología del odio que constituyen incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra los Pueblos Indígenas

Se destaca la necesidad de reforzar el compromiso de los Estados y las entidades del sistema de las Naciones Unidas de incluir la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en las políticas y los programas de desarrollo a los niveles nacional, regional e internacional

Se subraya la necesidad de intensificar los esfuerzos, en cooperación con los Pueblos Indígenas, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, acoso y discriminación, tanto en línea como en otros contextos, contra las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad indígenas

Se insta a los Estados a que adopten las medidas necesarias, cuando proceda, para garantizar los derechos, la protección y la seguridad de los Pueblos Indígenas

Se reconoce la importancia de las lenguas indígenas como motor para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y exhorta a los Estados Miembros a que integren la preservación, la promoción y la revitalización de las lenguas indígenas

Se recuerda el derecho de los Pueblos Indígenas a establecer sus propios medios de información en sus propias lenguas, y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación

Se alienta a los Gobiernos a que redoblen los esfuerzos para eliminar el trabajo infantil, tanto en la legislación como en la práctica, en el contexto del respeto de los derechos humanos de los niños indígenas

Se alienta también a los Gobiernos a que promuevan la adopción de medidas para poner fin al hambre y la malnutrición en todas sus formas, y lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición para los niños indígenas,

Se insta a los Gobiernos a que se aseguren de que los Pueblos Indígenas no sean desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, y de que no se produzca ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas afectados

Se expresa preocupación por la apropiación y el uso indebido del patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas, reafirma que los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales