24 de marzo: El genocidio indígena sobre el que se construyó el Estado argentino continúa invisibilizado

24 Mar 2024

En Argentina se asocia la desaparición forzada, robo de niños, apropiación de la identidad y centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a un plan sistemático cometido por el Estado durante la última dictadura cívico – eclesiástica – militar. Sin embargo, el autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ no hizo más que reeditar métodos y prácticas que un siglo antes, durante el “Proceso de Organización Nacional”, se ejecutaron contra los pueblos originarios en las conquistas militares de los territorios de la Patagonia y Gran Chaco.

Los juicios por delitos de lesa humanidad, logros de la lucha de los históricos organismos de derechos humanos, son citados internacionalmente como un ejemplo de avance en la construcción de la memoria, verdad y justicia. No obstante, los crímenes de Estado cometidos contra los Pueblos Indígenas no tuvieron la misma suerte.

Cabe destacar que tanto en el Juicio por la ”Masacre de Napalpí’ y como en el de “Rincón Bomba”, la Justicia Federal consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio sobre los pueblos originarios. Pero, a diferencia de las y los sobrevivientes de la última dictadura, desde el Estado – incluidas las administraciones más “progresistas”- para las comunidades despojadas, no se han consumado políticas reparatorias efectivas, mucho menos el reconocimiento y restitución de los territorios apropiados. Más bien se ha mantenido un destrato que se reflejó, públicamente, en diferentes reclamos ignorados durante años, mesas de diálogo incumplidas y decidida lentitud para aplicar las normativas que los resguardan (Art. 75, inc.17 C.N, Ley 26.160, etc.)

En este sentido, Ivana Huenelaf, mujer Mapuche-Tehuelche, presentó en 2022 junto al abogado Fernando Cabaleiro, miembro de la ONG Naturaleza de Derechos una denuncia ante los Tribunales Federales en la Ciudad de Buenos Aires “Para que se inicie un Juicio por la Verdad a los fines de que se investigue la comisión de hechos atroces que se encuadran dentro de la figura de genocidio: torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas y abandono de personas, apremios ilegales, traslados forzosos, disposición y reducción a servidumbre de personas y sustracción de menores”, señala el texto de la denuncia sobre la mal llamada “Conquista del Desierto”. Dicha causa parece no haber tenido avances significativos, por ahora.

Genocidio fundacional

El concepto de genocidio fue desarrollado por el jurista polaco Raphael Lemkin en 1944, y fue conocido mediaticamente cuando se juzgó a jerarcas nazis durante los Procesos de Nüremberg. En 1948, este término fue aprobado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la actual Naciones Unidas. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Tanto el Proceso de Organización Nacional como las reiteradas dictaduras cívico militares apelaron a la construcción de un enemigo a fin de generar el consenso social para perpetrar la represión y el terrorismo de Estado ante los sectores sociales que representaban una resistencia a los intereses de las clases dominantes. Sarmiento lo expresó como el dilema entre “Civilización y Barbarie”, en el cual los indios y los negros formaban parte de los bárbaros, y los blancos y europeos de los civilizados.

En contraposición, los símbolos y canciones patrias tienen múltiples referencias a nuestras raíces originarias y negras, producto del reconocimiento de patriotas como Belgrano, Castelli, San Martín y Monteagudo, entre otros; sin embargo, este reconocimiento no se reflejó en la tenencia y propiedad de las tierras indígenas, que ya en la segunda parte del siglo XIX -en la Constitución de 1853/1860– pasó a ser considerada un problema de fronteras, y peor aún, fueron concebidos por el Código Civil sancionado por el gobierno de Sarmiento como “res nullius” o sin dueños.

Asi, los miembros de los pueblos originarios, a mediados del XIX, pasaron a ser catalogados como “salvajes. Ya en elsiglo XX, para fines de la de década del 60, los trabajadores sindicalizados y militantes políticos se convirtieron en “subversivos”. En este sentido, el presente nos anuncia los términos “orcos” y “maputruchos”, entre otros.

“Llevar la guerra de exterminio sin tomar prisionero al grande que ha de buscar otra vez la pampa o la espesura de las selvas para robar y asesinar, sin perdonar al que, pequeño todavía, tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Y a los que aún no han saboreado el desenfreno separémosles de los miembros de su familia, hagámosles otra naturaleza, si así puede decirse, llevémosles donde no oigan jamás el nombre de sus padres; donde no puedan despertarse los instintos que corren en su sangre.”
“La Guerra a los indios”, diario El Nacional, 10 de octubre de 1862, en Abelardo Levaggi, Paz en la frontera

Desde la conquista

Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, el Estado argentino inició una ofensiva militar para extender la frontera más allá del sur bonaerense, avanzando sobre las tierras indígenas habitadas por comunidades mapuche, ranqueles y tehuelche. Esta incursión denominada “Campaña del Desierto” fue financiada por la Ley de empréstitos y apoyada desde el Congreso Nacional, prensa porteña y diversos grupos de poder económico como la Sociedad Rural. Dirigida por el Gral. Julio A. Roca, que en 1879 mandó a seis mil hombres, especialmente entrenados, a aniquilar a las comunidades mapuche-tehuelche y empujando a los sobrevivientes al sur de los ríos Negro y Neuquén. Es así como luego de 5 años de intervención militar, 45.000.000 de hectáreas pasaron a formar parte del Estado, vendiéndose a precios insignificantes a las familias patricias.

De igual manera, el norte, la Conquista del Gran Chaco significó una campaña militar de invasión, anexión y saqueo. Miles de indígenas de los pueblos Qom, Wichí, Pilagá y Mocoví, entre otros, perdieron la vida y los sobrevivientes fueron despojados de sus tierras, recluidos en reducciones y sometidos a la servidumbre . Hasta mediados del siglo pasado, continuaron las matanzas contra los pueblos indígenas, como la de Napalpí, en 1924 durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear y la de Rincón Bomba en 1947 durante la presidencia de Juan D. Perón.

Tanto al norte como al sur, los territorios apropiados fueron repartidos entre los oficiales de mayor rango del Ejército, grandes estancieros, capitalistas extranjeros, en particular ingleses, y familias de la oligarquía como Pereyra Iraola, Álzaga Unzué, Luro, Anchorena, Martínez de Hoz, Bullrich, entre otros. Apellidos que se repetirían en relación con el último golpe de Estado, entre ellos, Jose Alfredo Martínez de Hoz, Ministro de Economía del último gobierno de facto y Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad de la Nación.

Los resultados fueron catastróficos, tanto en lo cultural como en lo humano. Significó el desmembramiento de familias, traslados forzosos, suspensión y pérdida de nombre, hábitos y costumbres, así como la muerte y prisión de más de 30000 indígenas. Se calcula que entre 1880 y 1910, murieron entre 6000 y 8000 indígenas, producto de las campañas militares.

El objetivo fue también dejar espacio para los inmigrantes europeos, a fin de “mejorar la raza”, transformando a la Nación en un país identitariamente blanco, sin indios, negros o criollos, falacia repetida hasta estos días por políticos y dirigentes de todo signo político.

Las fuerzas de Mitre, Roca y Avellaneda terminaron de consolidar su proyecto de Estado Nación mediante la conformación de elites terratenientes, conformadas por la oligarquía criolla que acaparó para sí todo el poder económico, político y militar y las tierras conquistadas se incorporaron al circuito de una economía primaria agroexportadora, extractivistas o latifundios.

“200 indios de chusma ha traído el Coronel Ortega á esta, por pedidos anticipados de numerosas familias (…) Se hallan actualmente en S. Vicente, finca del Sr. Bermejo (…) Si hasta hoy no mandan las familias por los niños o indias que fueron pedidos, sabemos que el Coronel los va á dar á las familias que los soliciten mañana.”
“Reparto”, diario El Ferrocarril, 4 de Febrero de 1883

Los primeros desaparecidos

El Estado argentino implementó campos de concentración, en Valcheta, Isla Martín García, Chichinales, Rincón del Medio y Malargüe, entre otros, para someter y distribuir a los indígenas sobrevivientes. Desmembramiento de familias, entregas de niños y niñas a familias de clases medias y altas, y sustitución de la identidad, son algunos de los procedimientos que, al no recibir condena alguna , el Estado argentino repetiría años más tarde.

A mitad de camino se montó un enorme campo de concentración en las cercanías de Valcheta, en Río Negro. El colono Galés John Daniel Evans recordaba así aquel siniestro lugar: “En esa reducción creo que se encontraba la mayoría de los indios de la Patagonia. (…) Estaban cercados por alambre tejido de gran altura; en ese patio los indios deambulaban, trataban de reconocernos; ellos sabían que éramos galeses del Valle del Chubut. Algunos aferrados del alambre con sus grandes manos huesudas y resecas por el viento, intentaban hacerse entender hablando un poco de castellano y un poco de galés: ‘poco bara chiñor, poco bara chiñor’ (un poco de pan señor)”. “
Walter Delrio, “Sabían llorar cuando contaban”

El Museo de Ciencias Naturales de La Plata fundado por Perito Moreno, también se transformó en un campo de concentración indígena, donde Lonkos y familias enteras mapuche tehuelches estaban cautivos como sujetos de estudio científico y eran sometidos a todo tipo de vejaciones, trabajo forzoso y donde sus restos, cuando morían, eran expuestos en vitrinas. Allí se descubrieron más de 1000 restos humanos provenientes de pueblos indígenas de Tierra del Fuego y del Noroeste argentino, recopilados y apilados en cajas en los subsuelos del Museo.

Indígenas desaparecidos durante la última dictadura

Si bien los datos confeccionados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) no dan cuenta de la identidad étnica de las víctimas del terrorismo de Estado, existen numerosos registros de testimonios y declaraciones judiciales que dan cuenta de la persecución contra miembros de pueblos originarios. Algunos detenidos – desaparecidos por los que aún se reclama justicia son: Celestino Aigo, Juan Raúl Pichulmán Alcapán, José Pichulmán Alcapán, Pedro Santana, Avelino Bazán, Horacio Canelo, Wenceslao Copa, Abelardo Coifin, Marina Vilte y Jesús Costilla y Eulogio Frites.

La persecución, explotación y matanza a los pueblos indígenas sigue presente, tanto como el racismo estructural y la discriminación. La conformación de la identidad argentina sigue siendo un tema de profunda reflexión, porque niega consistentemente la identidad indígena y el lugar que, dentro del Estado, les corresponde a los pueblos indígenas. El genocidio indígena sobre el que se construyó el Estado argentino continúa invisibilizado, profundizando las injusticias presentes. Reconocerlo es abrir la puerta para alcanzar un horizonte en donde la interculturalidad y el respeto a los pueblos indígenas en su dignidad sea posible.

Fotos: Roxana Sposaro