La justicia se viste de blanco
Violencia de género contra mujeres mapuche.
Una mujer mapuche de 82 años debió esperar más de un mes para lograr una restricción de acercamiento contra sus agresores. La orden responde a las denuncias por reiterados hostigamientos, una muestra más de la persecución y el racismo que sufren las comunidades mapuche tehuelche por parte de empresarios con intereses sobre los territorios, y el desigual acceso a la justicia para las mujeres indígenas. La justicia en materia de violencia de género sigue siendo racista y patriarcal.
El 13 de septiembre pasado Isabel Catriman denunció, una vez más, la intrusión en el territorio de la comunidad Mapuche Tehuelche Catriman Colihueque, violencia de género y amenazas recibidas por parte de Manuel Flores y Walter Ñancucheo. La comunidad, establecida en las cercanías de Laguna El Martillo, sostiene que los dos peones rurales responden a empresarios de la zona que buscan despojarlos de esas tierras.
El hostigamiento es constante hacia la comunidad, mientras la justicia se demora en el reconocimiento del territorio comunitario.
“Isabel Catriman fue violentada en su propio territorio, por los peones de Nahuel Serra , y en presencia de dos técnicas de la Secretaría de Bosques, quienes, cero empatía, y en desconocimiento de la Ley Micaela, presenciaron la violencia contra la papay, una mujer adulta mayor de 82 años. Cuando Isabel fue a preguntar a las técnicas qué estaban haciendo, ellas le contestaron agravando la violencia, que vaya a preguntar a la oficina de la delegación Trevelin. Es decir, las funcionarias que estaban en su territorio, le responden que haga 40 km, que baje a través del campo, como si fuera tan fácil para una mujer de 82 años salir del territorio de la comunidad para ir hasta una oficina de un centro poblado, para saber qué estaban haciendo las dos funcionarias .” Sostiene Sonia Ivanoff, representante de la comunidad. Ese mismo día se realizó la denuncia de los hechos.
Nahuel Serra es socio principal de la empresa distribuidora y mayorista SERRA SRL y Alejandro Samamé es parte del Directorio de la Sociedad Rural de Esquel.
Atento al tiempo transcurrido y teniendo en cuenta que las amenazas continuaron, Ivanoff, en representación de la comunidad, presentó un pronto despacho. En el mismo, la letrada señaló la continuidad del hostigamiento a la papay (anciana) :“Estos dos hombres siguen “riéndose” de ella al pasar porque “su denuncia no prosperó”.
Más de un mes después de radicada la denuncia, el Juzgado de Familia N°2 de Esquel a cargo de la Dr. Claudia Melidoni aceptó las medidas de protección de derechos solicitadas, reconociendo la vulneración del derecho a la integridad psicofísica y protección adecuada de la mujer de 82 años.
Cabe destacar que el fallo reconoce el Territorio Comunitario de la Comunidad Mapuche Lof Catriman Colihueque y apela al sistema normativo que regula la protección de los derechos mencionados en la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belém do Pará” y la “Constitución Provincial”.
Así mismo, ordena disponer la prohibición de acceso, contacto y acercamiento de Manuel Flores y Walter Ñancucheo respecto de Isabel Catriman. Tanto de la persona como de su hogar y de cualquier domicilio o lugar en que se hallare, incluso la vía pública. Además, incluye mensajes de texto, llamadas telefónicas, emails, cartas o escritos de todo tipo. La medida tiene un plazo de sesenta días a partir de su notificación.
Para el aviso y cumplimiento de la medida, el juzgado faculta al personal de la Comisaría de la Mujer de Trevelin para hacer uso de la fuerza pública si fuera necesario y la realización de rondas periódicas a fin de vigilar la implementación de la medida. A su vez, ordena dar intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario para que elabore y presente, antes del vencimiento de la medida, un informe que indique si la situación configura violencia de género. En ese caso deberán informar si la violencia ha cesado o están dadas las condiciones para la celebración de una audiencia con los involucrados.
¿El equipo técnico interdisciplinario tendrá perspectiva intercultural? ¿Es posible que técnicas profesionales “blancas” puedan reconocer la violencia de género ejercida contra una mujer indígena?¿Existe una capacitación intercultural en el Poder Judicial de Chubut, si no se incluye la participación de representantes indígenas?
“Recién hoy hay una prohibición de acercamiento. La justicia es racista, este es un claro ejemplo, porque cuando una mujer blanca denuncia que fue violentada, en pocas horas, con la mínima certeza, cualquier juzgado, incluso un juzgado de paz, declara una prohibición de acercamiento y contacto. Yo litigo en la ciudad y una mujer, por un mensaje de whatsapp, logra en 5 minutos una medida. En el caso de una mujer mapuche, se tardó más de un mes. Otras veces ni resuelven. Las estructuras del Estado y sobre todo la Justicia, es racista.” explica la abogada.
Años de violencias
El relato de Isabel, reproducido en el informe del Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas Gemas, menciona que en el año 2000 Lucio Freeman le otorgó un permiso de palabra para que se asiente en las tierras fiscales que él también ocupaba. Entre ellos realizaban trueques de lanas por madera y aunque el hombre vivía en una chacra en Esquel, solía ir ocasionalmente y con el tiempo construyeron una relación familiar. La situación cambió por completo con el fallecimiento de Lucio. En febrero del 2020, su hijo Luciano Freeman, intentó en varias oportunidades hacerle firmar un acta en la que aceptaba retirarse del territorio que ocupaba en el plazo de un año. La anciana se negó a suscribir.
Luciano Freeman no vivió nunca en el lugar, sin embargo le vende a Alicia Borda de Samame, Sayi Serra y Martín Famulari los supuestos “derechos posesorios” ignorando que la real ocupante de la tierra Fiscal era Isabel Catriman con su familia
Desde ese momento la comunidad se ve amenazada por este grupo privado que se adjudica la propiedad de esas tierras fiscales linderas al Parque Nacional Los Alerces, con la anuencia del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) organismo del Estado provincial de Chubut encargado de la regulación de tierras fiscales, conocido y denunciado por distintas comunidades por autorizar operaciones irregulares a privados, sin respetar ni reconocer los derechos indígenas.
Desde 2020, los hostigamientos y amenazas son habituales, sin que avance una solución real en la justicia que devuelva la tranquilidad a la comunidad. Lo que sí avanza es la persecución judicial contra sus integrantes. En noviembre de 2021 la justicia de Esquel, llevó a juicio a Gloria Colihueque Catriman, y a su tío Gregorio Cayulef. La hija y el hermano de Isabel Catriman fueron acusados por la fiscalía a cargo de la Dra. Maria Bottini, por el supuesto delito de “amenaza agravada por el uso de arma”. Finalmente los familiares de la anciana fueron absueltos de culpa y cargo, al considerar que actuaron en defensa del territorio que habitan, frente a un acto de turbación de la posesión, y que no existía ninguna prueba de la acusación en su contra.
“La justicia se viste de blanco y claramente es así, es la blanquitud de la colonización.”, concluye Ivanoff.
Escribe: Gioia Claro
Foto : Angel Giovanni
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